El Gobierno pidió la nulidad del fallo a medida de los Macri que suspendió la quiebra de Correo

Carlos Zannini, cabeza de los abogados del Estado, pidió la nulidad del fallo a medida de los Macri que suspendió la decisión sobre la quiebra de Correo Argentino hasta que la Corte se pronuncie sobre otra maniobra de la familia del ex presidente: si habilita a que la Justicia porteña se entrometa en el expediente para desplazar a la fiscala Gabriela Boquin (que frenó la condonación de la deuda) y a la jueza Marta Cirulli (que decretó la quiebra). Zannini sostuvo que todo es para demorar más este caso (que lleva más de 20 años sin resolverse) y que las camaristas Matilde Ballerini y María Elza Uzal complacieron a los Macri con argumentos arbitrarios y apartados de la ley.

El escrito lo firma Zannini, que comanda la Procuración del Tesoro (PTN). En su libro Primer Tiempo el propio Mauricio Macri escribió que “No hay explicación legal para que la Procuración del Tesoro siga con el caso”. Lo cierto es que el propio Macri ordenó que la PTN, cabeza de los abogados del Estado, intervenga. Lo hizo con el decreto 201 del 2017. Y que Zannini intenta lo contrario que Macri: cobrar en lugar de condonar la deuda de Correo Argentino.

El fallo en cuestión, tal como informó El Destape, es de la Sala B de la Cámara Comercial con su nueva conformación. La histórica Ballerini y la sorteada para desempatar Uzal votaron a favor de los Macri; la nueva integrante de la Cámara Comercial y por concurso, Guadalupe Vazquez, evidenció que suspender todo hasta que la Corte resuelva contradice la ley de Concursos y Quiebras. Ese fallo suspendió la decisión sobre la quiebra de Correo, una suerte de foja cero de hecho como quería Mauricio Macri.

“Tanto la Dra. Uzal como la Dra Ballerini, han violentado severamente la garantía de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, afectando a todos los acreedores de este dilatado proceso” dice Zannini. Dilatado es poco. Este expediente comenzó el 19 de septiembre de 2001, lleva más de 20 años. “No es cierto que suspender el procesal es lo que permitirá que no se dilate más. Por el contrario, suspenderlo es sólo eso, demorarlo, aletargarlo nuevamente por varios años” agrega Zannini. Sí, las camaristas dijeron que lo suspendían para no demorarlo en un fallo que, describe Zannini, “es una pieza más para que este proceso supere todos los récords de demora”.

La suspensión de todo fue un pedido de Socma Americana, la controlante de Correo Argentino, del 21 de junio de 2021. Los accionistas de Socma Americana son los hermanos y sobrinos de Macri, que no figura en los papeles. Esto es una de tantas irregularidades, ya que la deudora es Correo Argentino y no su accionista controlante. Pero todo es así en este expediente.

De hecho, esto no debería definirse en la Cámara Comercial. En un concurso de acreedores como el de Correo Argentino (que comenzó, vale recordar, el 19 de septiembre de 2001) primero hay un período donde la empresa intenta llegar a un acuerdo, si eso falla se activa el cramdown o salvataje para que un tercero se haga cargo de la sociedad y si eso también falla la ley dice que “el juez declarará la quiebra sin más trámite”. Esa quiebra no es apelable, pero todo es irregular en este expediente. Los Macri apelaron y la misma jueza que decretó la quiebra les habilitó una nueva instancia en la Cámara Comercial.

La semana pasada Ballerini y Uzal beneficiaron -otra vez- a los Macri y ahora Zannini, como abogado del Estado, pide que ese fallo de anule.

Para Zannini tiene que anularse el fallo con la mayoría de las camaristas Ballerini y Uzal para complacer a los Macri ya que no tiene fundamento legal y además conformaron una mayoría pese a que resolvieron cosas distintas. En caso de que no se anule pide su revocatoria in extremis. Sostiene que Ballerini fundó su voto en “razones extra jurídicas” ya que la propia jueza mencionó “aristas que exceden decisiones judiciales”  y que Uzal fundó el suyo “sobre un encadenamiento de frágiles premisas absolutamente hipotéticas y equivocadas”

Zannini cuestiona a las dos camaristas que conformaron el voto mayoritario para complacer a los Macri. Detalla que Ballerini argumentó que debía suspenderse todo porque la Corte aún no resolvió si el TSJ porteño puede entrometerse en el caso y que Uzal escribió que tanto la fiscala  Boquin como la juezaCirulli fueron recusadas por los Macri antes de resolver la quiebra Correo. Las dos dijeron que hay que suspender todo hasta que la Corte se pronuncie para evitar futuras nulidades pero, plantea Zannini, “arriban a esa conclusión por distintos fundamentos”.

El procurador del Tesoro dice que es “a todas luces inverosímil” pensar que la Corte le de intervención al TSJ porteño como quieren los Macri, maniobra por la cuál ahora está todo suspendido. Zannini basa su análisis tanto en la Constitución (que no le da al tribunal porteño potestad de revisar una decisión de un tribunal nacional) y en los distintos fallos que ya dijeron lo contrario y hasta en el dictamen del procurador interino Eduardo Casal, que a pesar de que se manejó siempre bajo directivas cambiemitas en este caso dejó por escrito que no tiene ningún sostén legal. Todo eso sería argumento suficiente si rigiera el Estado de Derecho: en la causa Correo el derecho no corre y en la Corte Suprema cuando les conviene. El último asalto al Consejo de la Magistratura demuestra.

Zannini asegura que el “temor” de nulidades que afirmaron Ballerini y Uzal “carece de fundamento” y su postura “no es solo dogmática y voluntarista sino lisa y llanamente equivocada”. Zannini argumenta con leyes y fallos, como lo obliga su cargo, pero tal vez peca de optimista. La Corte tiene dos caminos: resolver o planchar el expediente. En la segunda gana Macri, ya que sigue sin pagar. En la primera no está claro, ya que dos de sus cuatro miembros, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aceptaron ser designados por decreto por Macri, por lo que mucho apego a la ley no tienen. De Ricardo Lorenzetti, titiritero del lawfare en la era Cambiemos, se puede esperar su zigzagueo camaleónico. El voto del cordobés Juan Carlos Maqueda, designado por el senador en ejercicio de la Presidencia Eduardo Duhalde, es una incógnita, puede confirmar la mayoría o generar un bloqueo. Ambas opciones favorecen a los Macri.

En su presentación, la Zannini plantea que la camarista Ballerini “no apoya su decisión en normas vigentes, sólo incurre en disgresiones sobre situaciones eventuales, hipotéticas y temores infundados sobre el resultado que pudieran tener diversos planteos” de los Macri. “Todos claramente improcedentes”, agrega.

“Lo único que comparten ambos votos es que incurren en arbitrariedad por el notorio apartamiento del derecho aplicable según las circunstancias comprobadas en la causa” y que “difieren completamente en los fundamentos que llevan a tomar la arbitraria decisión recurrida”, sostiene el escrito de la PTN. Esto lo lleva a una primera conclusión: que “no existe una mayoría real” en el fallo que suspende la quiebra de Correo.

Un detalle no menor que remarca Zannini. En su voto la jueza Ballerini dijo que hay que acceder a lo solicitado por los Macri, es decir, suspender la quiebra y todos los incidentes de este expediente. Los incidentes son desprendimientos del expediente original para resolver cuestiones concretas. En el caso Correo hay más de 80, lo que significa una eterna demora y es una de las estrategias de los abogados de los Macri para que esto nunca se resuelva y no paguen su deuda. Pero el voto de Uzal sólo refiere a suspender “el proceso concursal”, o sea, no es igual al de Ballerini. Resolvieron cosas distintas pero dieron por sentado que conformaron una mayoría.

“Es tal la dispersión y falta de coherencia entre los votos que pretenden conformar una mayoría que, en rigor, no se comprende entonces si la suspensión alcanza sólo al proceso concursal o también a sus incidentes”, señala Zannini.

En su escrito, la PTN plantea que “no podemos dejar de poner en evidencia que nos encontramos frente a recusaciones maliciosas, planteadas co el único fin de dilatar y obstruir el normal desarrollo de este dilatado proceso, sólo posible por el consentimiento del Tribunal de maniobras que debieran ser sancionadas hace tiempo”, sintetiza el escrito que presentó Zannini.

Porteños

¿Sobre qué tiene que pronunciarse la Corte y hasta que no lo haga el caso Correo no avanzará? Sobre si el Tribunal Superior de Justicia (TJS) porteño puede meterse en el caso y definir sobre un deseo recurrente de los Macri: el desplazamiento de la fiscala Boquin, que frenó la condonación de la deuda con el Estado y denunció el vaciamiento del Correo. Lo mismo sobre la jueza Cirulli, a quien los Macri recusaron cuando vieron que iba a decretar la quiebra.

Los Macri fueron a la Justicia porteña luego de que el expediente estuviera 20 años en el ámbito nacional. Incluso la Sala B de la Cámara Comercial, con los votos de Ballerini y Maria Lilia Gómez Alonso -la histórica aliada de los Macri- rechazó ese planteo pero luego les habilitó el camino a la Corte. El procurador interino Eduardo Casal, que responde a Macri, no quiso papelones y dictaminó que el TSJ porteño no puede meterse en una causa que tramita en la Justicia Nacional.

“Opino que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”, escribió Casal. Eso fue en junio de 2021. Desde entonces la Corte tiene dormido el expediente.

Todo es insólito. El Código Procesal Civil y Comercial no permite la recusación de fiscales del fuero comercial. Y al TSJ porteño no es una instancia superior de la Cámara Comercial a nivel nacional. El propio hecho de que el caso lo resuelva la Corte lo prueba. Pero aún así todo quedará suspendido.

¿Por qué los Macri quieren que el caso pase a la Justicia porteña? Porque el TSJ responde a Macri. Lo preside Inés Weinberg, a quien Macri propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en el gobierno de Cambiemos. Lo completan Luis Lozano, Alicia Ruiz y Marcela De Langhe. El fiscal general porteño es Juan Bautista Mahiques, el ariete del lawfare durante el gobierno de Macri. El ex presidente no tiene ni que llamarlos, ya saben que hacer. De hecho ya avisaron que quieren meterse en el caso Correo.