“Fallos a la carta”. Así definió la vicepresidenta Cristina Kirchner a los aprietes que el macrismo ejerció sobre el Poder Judicial para direccionar causas durante la gestión Cambiemos. Los casos y ejemplos son de lo más variados: el intento de designar magistrados de la Corte Superma por decreto; la embestida contra la exprocuradora nacional Alejandra Gils Carbó; ataques a letrados y sus sanciones; el escandaloso manejo del Programa de Protección de Testigos y el uso de agentes de inteligencia para interferir, en nombre de Mauricio Macri, las sentencias.
La acusación de la jueza Ana María Figueroa, que integra la Cámara Federal de Casación Penal, dejó al descubierto – aún más – esta embestida sin igual. Por eso, 18 diputados y senadores del Frente de Todos denunciaron penalmente a la “mesa judicial M” integrada por el propio Mauricio Macri, funcionarios de su gobierno y “operadores” entre los que mencionaron al exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el exsecretario de Asuntos Penitenciarios, Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Juan Bautista Mahiques (actual jefe de los fiscales porteños). También citaron al extitular de la AFI, escribano Gustavo Arribas, los exsecretarios de Estado, José Torello y Pablo Clusellas, el exprocurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián Rodríguez Simón y Daniel Angelici.
Puntualmente, esta estructura fue denunciada por ejercer “presiones e interferencias que fueron llevadas a cabo para direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno presidido por Mauricio Macri entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019”. La acusación - enviada por mail por la cuarentena - recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Federico Delgado, a quienes solicitaron que habiliten la feria judicial para dar curso a la causa, según pudo saber El Destape.
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El Destape ha mostrado en incontables ocasiones cómo el macrismo interfirió con el trabajo del Poder Judicial, cuya independencia les gusta destacar como un valor pero no como una práctica. El fin de semana, en AM 750, Figueroa contó que un alto funcionario judicial del Gobierno macrista ingresó a su despacho para preguntarle cuánto demoraría en sacar un fallo. Presiones que se sumaron a otras mediáticas, encabezadas por las tapas y pantallas “serias” de la Argentina e incluso por el propio expresidente de la Nación.
Figueroa contó que “aún votando de manera conjunta con colegas en algunas cuestiones más álgidas, políticamente, el ex Presidente de la Nación, públicamente decía que felicitaba a los otros dos jueces a pesar de las presiones que habían tenido por la jueza Figueroa, y habíamos votado los tres igual, por ejemplo. Y presiones muchísimas. Nada más que yo desde entrada, desde el propio diciembre de 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, cosa que no me había pasado nunca en el tiempo que estoy yo en el ejercicio de la jurisdicción en Casación, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario” . Quien la fue a visitar fue Juan Bautista Mahiques.
“¿Qué imagen… Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta enterandose que Juan Bautista Mahíques, a quien propuso y designó como Fiscal General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta? “, se preguntó Cristina en redes sociales. Es que después de haber protagonizado numerosos aprietes y acomodado a gran parte de su familia y amigos en el Poder Judicial, Mahiques fue designado jefe de los fiscales porteños.
La magistrada agregó que “es que es muy incómodo el trabajo de los jueces si uno tiene un Poder Ejecutivo que se cree que tiene atribuciones para poder direccionar qué sentencias tienen que darse y con qué sentido o con qué dosificación de pena, etcétera. Eso es públicamente conocido. Tenemos colegas donde decían que lo habían ido a ver de los servicios, no colegas de la Casación Federal, pero colegas de otros…, otros jueces desde los servicios, miembros del Ministerio de Justicia, esto ha sido público, no estoy agregando nada nuevo”.
En 2018, El Destape reveló que dos directivos de la AFI macrista, Fernando Di Pasquale, operador de análisis, y Juan Sebastián De Stéfano, de asuntos jurídicos, visitaron al juez de Avellaneda Luis Carzoglio para manifestarle la “obsesión” del Presidente por detener a Moyano en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita entre la barrabrava de Independiente y la dirigencia del club. Tras la visita, una secretaria de los espías le hizo llegar un borrador con la orden de detención de Pablo Moyano.
El borrador de 73 páginas, al que accedió y mostró El Destape, estaba dirigido al fiscal de la causa para que solicitara la detención de Hugo y Pablo Moyano. En base a esas "pruebas" recolectadas, chats entre barra bravas y publicaciones de Facebook, el juez debía ordenar el apresamiento del camionero, lo que no ocurrió. Uno de los ejemplos de los aprietes M durante la gestión Cambiemos.
En su denuncia, los legisladores explicaron que si bien Figueroa hizo “referencia a un hecho puntual (la visita de un alto funcionario del Ministerio de Justicia para presionarla sobre cómo debía votar en la causa conocida como del “Memorándum con Irán”, que años después fue utilizada para encarcelar ilegítimamente a varias personas, una de las cuales -el ex Canciller Héctor Timerman- falleció durante su trámite sin que se le permitiera ejercer de manera debida su derecho de defensa en juicio), da cuenta y ratifica un modus operandi que se desarrolló en forma sistemática sobre un grupo por ahora indeterminado de magistrados que tenían a su cargo causas de interés político”.
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Teniendo en cuenta ésto, aseguraron que los episodios enmarcados en la denuncia pusieron en crisis los principios básicos del Estado de derecho y se encuadran bajo los delitos de asociación ilícita, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Estos aprietes no están lejos de otro modus operandi macrista revelado por El Destape: el manejo a discreción del Programa de Protección de Testigos e Imputados, dependiente del Ministerio de Justicia. El mismo fue usado como un sistema de premios y castigos para direccionar declaraciones y armar causas contra los exfuncionarios kirchneristas. Cabe mencionar el pago de OSDE a Leonardo Fariña, el financiamiento de un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele o la prisión a quienes se negaron a ser funcionales a ese armado.
La denuncia lleva las firmas de los senadores y senadoras Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez, Martín Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Jorge Taiana, Guillermo Snopek, María Teresa González, Ana Almirón y Mariano Recalde. Además, también acompañan los diputados José Luis Gioja, Josefina González, Martín Soria, Marisa Uceda, Nicolás Rodríguez Saá, María Graciela Parola, Leopoldo Moreau, y Rodolfo Tailhade.
El informe que complicó al macrismo
La denuncia de nueve páginas menciona un contundente informe elaborado por el Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Doctor Diego García-Sayán, “en el cual se describe de manera minuciosa, la existencia de un plan sistemático direccionado desde el poder político para disciplinar jueces y obtener pronunciamientos judiciales afines a sus intereses espurios”.
Conocido en 2019, el texto deja en evidencia “actos de intimidación y presión a diversos órganos que componen el sistema judicial argentino” durante el Gobierno de Cambiemos que “habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en las decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad” de los funcionarios.
Con respecto al Consejo de la Magistratura, donde se desempeñó Juan Bautista Mahiques como representante del Ejecutivo, el informe sostuvo que al tener mayoría, el macrismo usó el organismo “para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses” pero también para acomodar jueces en “puestos clave sin cumplir con los trámites establecidos posibilitando, presuntamente, el control por parte del gobierno”.
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El informe denunció “la designación ilegal del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal” ya que se trató de “un traslado no equivalente – ni en competencia material ni territorial – no reunía los requisitos necesarios tales como el concurso de antecedentes y oposición, la entrevista, la selección por el Poder Ejecutivo y la aprobación por el Senado”. Sin embargo, su petición se aprobó con celeridad y el relator de la ONU no dejó pasar la presencia de su hijo, Juan Bautista, en el Consejo de la Magistratura, órgano que la avaló.
Si de acomodar jueces se trata, el texto recuerda que apenas iniciado su mandato, Mauricio Macri buscó designar por decreto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti en la Corte Suprema de Justicia. Los casos son muchos, el informe se extiende por 21 páginas y en todas ellas se marcan distintos atropellos como la “manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino” que involucra directamente a la familia Macri; “el ataque a la Procuradora General de la Nación” Alejandra Gils Carbó, el “ataque a los jueces y abogados del Fuero Laboral que dictan sentencias contrarias a los intereses gubernamentales”, embestida realizada “en sintonía con los principales medios de comunicación” y una enumeración de ilícitos que sigue.
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