La ANSES intimó a jueces y fiscales que ya presentaron sus trámites de jubilación, pero siguen en actividad, para que regularicen su situación. Es decir, que se jubilen o que retiren los papeles del trámite. Se trata de un privilegio que tienen los magistrados, que al cumplir los 60 años pueden iniciar el trámite y tenerlo listo para cuando decidan dejar los tribunales, algo que pueden demorar mucho más.
La lectura de la prensa que fue parte del las operaciones judiciales fue unánime. Lo vendieron como una “presión a la Justicia”. Lo concreto es que es una invitación por parte del Gobierno a que los jueces y fiscales regularicen su situación. Si se quieren jubilar que se jubilen; si quieren continuar en el cargo es con todo lo que acarrea.
Entre los nombres de los jueces y fiscales que ya hicieron los trámites para jubilarse figura Elena Highton de Nolasco, integrante de la Corte Suprema que ya pasó la edad constitucional para seguir en el cargo pero lo conserva gracias a un acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri.
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Otro nombre importante es el del procurador interino Eduardo Casal, también herencia del macrismo en su caso en la cabeza del Ministerio Público Fiscal. El interino Casal aún sigue directivas de Macri, tanto en los aprietes a la fiscala Gabriela Boquin por el caso Correo como en la protección al procesado Carlos Stornelli.
Hay varios miembros de Comodoro Py entre los que ya tienen hecho su trámite jubilatorio. Entre ellos, dos figuras clave del lawfare. Uno es el camarista Martin Irurzun, autor de la doctrina de encarcelamiento preventivo a ex funcionarios kirchneristas y paraguas, desde su rol como presidente de la Cámara Federal, de todas las tropelías cometidas por jueces de primera instancia como Claudio Bonadio y Julián Ercolini. Vale recordar que el propio Bonadio también tenía presentados sus papeles para jubilarse, pero eligió seguir en su juzgado desde donde hizo todo el daño posible hasta su fallecimiento.
Leopoldo Bruglia, el camarista federal puesto a dedo por Macri para cimientar las causas de persecución judicial, también hizo sus papeles para jubilarse. El concurso para su cargo ya está en marcha pero no se animó a participar.
De los jueces de Comodoro Py que tienen hecha su jubilación está la eterna María Romilda Servini, que tiene a su cargo el Juzgado Federal N 1 que tiene además competencia electoral. El fiscal Jorge Di Lello, también electoral, es otro de los que tiene sus papeles jubilatorios listos. Otro que ya tiene los trámites para jubilarse es Alberto Dalla Vía, integrante de la Cámara Nacional Electoral. Un cargo clave.
Un dato importante es que 5 integrantes de la Cámara de Casación tienen tramitada su jubilación. Se trata de Liliana Catucci, Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi. Si deciden jubilarse sería un buen paso para depurar la máxima instancia penal del país, cooptada hábilmente por Macri.
También hicieron los trámites para jubilarse dos juezas vinculadas al caso Correo Argentino. Una es Maria Lilia Gómez Alonso, presidenta de la Sala B de la Cámara Comercial y titiritera de este expediente durante más de 15 años. La otra es Marta Cirulli, la jueza de primera instancia que tomó el caso hace unos años, que está imputada por el vaciamiento pero en los últimos tiempos activó el expediente y fue recusada infructuosamente por los Macri.
Entre los jueces en condiciones de jubilarse están varios nombres importantes de la rosca judicial, como Graciela Media y Ricardo Recondo. Fabiana Palmaghini, la jueza que tuvo a cargo el caso del fallecido fiscal Natalio Alberto Nisman, también tiene hecho su trámite de jubilación.
Los casos son de todo el país. Por ejemplo, otro que tiene la jubilación tramitada es el juez de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes. Lo mismo el bonaerense Adolfo Gabino Ziulu.
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