Distintas organizaciones, asociaciones de magistrados, abogados y gremios convocaron a una movilización en rechazo a la maniobra por la colonización de la Justicia Nacional por parte de Juntos por el Cambio. La protesta será el próximo miércoles 6 de octubre frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), ubicado en Cerrito 760.
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La marcha se da para manifestar el rechazo a la "maniobra de colonización de la Justicia Nacional", luego de la votación de este viernes en la Legislatura porteña en la que se sancionó una ley con la que Juntos por el Cambio amplió las competencias del TSJ de la Ciudad, que ahora podrá revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito.
Con la ley aprobada ayer por 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN- y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda- el macrismo consiguió modificar la norma 402 de procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.
La Lista Celeste, de la Asociación de Magistrados, la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, son algunas de las organizaciones convocantes a la manifestación contra la "maniobra de colonización de la Justicia Nacional para suprimir derechos".
El Tribunal Superior de Justicia de Capital Federal tiene cinco integrantes, y tres de ellos están vinculados al expresidente: Inés Weinberg de Roca fue propuesta por Macri para ocupar la Procuración General de la Nación, Santiago Otamendi fue funcionario en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cambiemos; y Marcela de Langhe se desempeñó en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño.
Los Macri insisten en que el TSJ porteño intervenga en el caso Correo Argentino, en el expediente donde tramita la deuda que tienen con el Estado Nacional desde hace 20 años y donde la jueza Marta Cirulli (jueza nacional) decretó y luego suspendió la quiebra de la empresa. Hasta el procurador interino Eduardo Casal, que firma con un sello del PRO, ya opinó que el TSJ no tiene competencia sobre un caso que tramita a nivel nacional.
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