El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en la causa que investiga la renegociación de los peajes en los accesos Norte y Oeste. Es por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, justamente, en el marco de esa causa.
Los hechos bajo investigación ocurrieron entre 2016 y 2018, en pleno gobierno de Mauricio Macri. La información quedó confirmada por fuentes judiciales. El procesamiento fue dispuesto por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien también trabó un embargo sobre los bienes de 100 millones de pesos, según consta en el fallo de 133 páginas.
De esta forma es el cuarto ex funcionarion de Cambiemos que está procesado en este expediente. Allí se investiga si desde el Gobierno de Mauricio Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes, como Autopistas del Sol S.A (AUSOL). Dujovne se suma al exministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y el exProcurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.
Según describió Canicoba Corral, Dujovne es responsable de omitir "intencionalmente intervenir, conforme el cargo que desempeñaba, en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscripto y en todo caso, haber confeccionado los informe técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia".
En su procesamiento, además, Canicoba Corral enfatizó que "ha quedado demostrado, con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal que el nombrado intencionalmente no ejecutó la normativa cuyo cumplimiento le incumbía, conforme el cargo que desempeñaba". Además, señaló que el exministro buscó deliberadamente evitar estampar su firma en las renegociaciones ahora investigadas como irregulares.
En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y se garantizaron así que el Estado les reconociera deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso
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