La avanzada judicial contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof continúa en los tribunales de Comodoro Py. Este lunes, tres jueces designados por Mauricio Macri en la Cámara Federal porteña –dos puestos a dedo-, revocaron el sobreseimiento del mandatario y ordenaron que se lo siga investigando por su participación en una Asamblea del Grupo Clarín de abril de 2013, donde estuvo como representante del Estado Nacional. La resolución fue a medida del grupo que comanda Héctor Magnetto y el momento no es casual: coincide con el reciente intento de involucrar –operación mediática mediante- a la esposa de Kicillof en una causa judicial relacionada con la vacunación contra el coornavirus.
Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia (los últimos dos puestos a dedo por Macri en el tribunal revisor de Comodoro Py) coincidieron en revocar el sobreseimiento de Kicillof que había dictado Rodolfo Canicoba Corral, hoy ya jubilado. También decidieron que se debe seguir investigado al extitular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en ese momento, Daniel Reposo. De esta forma, reabrieron el caso. La razón que esbozaron fue que no se debe escindir la participación de ambos en la asamblea del Grupo Clarín de la del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien fue procesado en abril de 2018 por su actuación en aquel encuentro. A Moreno le habían adjudicado “delitos contra la libertad de reunión” por la “turbación de una reunión lícita”. No obstante, Moreno terminó absuelto en el juicio, en un fallo que fue recurrido ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El hecho concreto que se investiga en este caso es si Moreno junto al entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y quien era el titular de la Sigen, Daniel Reposo, impidieron la realización de la asamblea del Grupo Clarín que se realizó el 25 de abril de 2013, en la que participaron en representación de las acciones minoritarias de la Anses y si en ese acto cometieron un delito. Moreno fue absuelto en juicio y Kicillof y Reposo sobreseídos en primera instancia. Pero ahora la cámara porteña dio vuelta esta última situación procesal.
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Llorens –designado por concurso durante el gobierno de Cambiemos- y Bertuzzi votaron de manera conjunta, tal como se desprende de la resolución a la que accedió El Destape. Ambos sostuvieron que “lo que originariamente se denunció, y lo que en consecuencia debió motivar el desarrollo de estas actuaciones, no fue la posibilidad de que los imputados turbaran el acto desde un actuar puramente individual. Cuando se afirmaba que lo acontecido en la reunión del 25 de abril de 2013 quedaba atraído por la fuerza del art. 160 del Código Penal (NdelR: delitos contra la libertad de reunión), es porque la conducta de los funcionarios -no de uno sino de los tres-, traducía un obrar comunitario destinado a turbar la vida de la empresa”.
Bertuzzi y Llorens remarcaron que “esa es la senda que debió recorrerse. Superadora de una mirada ceñida al examen particular y aislado de cada intervención, la causa debió avanzar en el camino dirigido a desentrañar, a partir del estudio de los relatos y de las evidencias, si el proceder de Kicillof y de Reposo –cada uno con sus particularidades constituyó la prolongación del obrar de Moreno”.
Para estos dos camaristas “el extravío del cauce investigativo sentenció que el cuadro probatorio obrante en esta causa no permita dar acabada respuesta a tal interrogante”. Lo cierto es que no hubo ningún elemento que comprometiese a Kicillof. De hecho, en el sobreseimiento que le dictó Canicoba Corral tres años atrás, se dejó en claro “que no ha podido advertirse, ni del relato de los testigos, ni del registro de video del acto” que Kicillof o Reposo “profirieran los insultos y amenazas” tal como le achacaron a Moreno.
En lo que pareciera una guía para el juez que tomará el caso, Bertuzzi y Llorens señalaron: “Probablemente eclipsados por el comportamiento particular de Moreno, y quizás limitados por la necesidad misma de establecer qué era lo que había hecho cada uno, en las declaraciones testimoniales no se ahondó en la concreta interrelación que pudo darse entre los tres asistentes”. “A este cometido es, justamente, que corresponde dirigir la investigación. Oír tanto a quienes asistieron al acto, así como a quienes acompañaron a los funcionarios en la ocasión, se exhibe como medida imprescindible para acceder a la correcta percepción de aquello que se sostiene como fundamento de imputación”, agregaron.
Por su parte, Leopoldo Bruglia coincidió con sus colegas e indicó que hay que volver a llamar a los testigos. “Además de la medidas propuestas por mis colegas, resulta también relevante previo a adaptar un temperamento procesal, convocar nuevamente a las personas que efectuaron estas manifestaciones con el objeto de ampliar sus dichos, como así mismo adoptar todas las medidas que resulten pertinentes para investigar si -junto a los imputados- efectivamente ingresaron sujetos no autorizados, cuántos fueron, si pudieron haber resultado funcionales para proporcionar un escenario amenazante en consonancia con el marco delictivo reprochado en autos y, en su caso, quien los convocó u organizó para que concurrieran al lugar”, escribió Bruglia, quien básicamente pidió que el caso arranque casi de cero.
“Lo expuesto, impone la revocación del decisorio adoptado, para el cumplimiento de las diligencias probatorias que aquí se infieren y todas aquellas que el magistrado de grado estime pertinentes”, añadió el juez que fue trasladado de forma irregular por Macri a la instancia revisora de Comodoro Py.
En principio, la “nueva” investigación recaerá en María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado de Canicoba Corral y también fue designada por Macri. Pero poco sentido tendría esta pesquisa si en Casación se confirma la absolución de Moreno.
Por lo pronto, la resolución de la Cámara Federal porteña se suma al intento de embarrar al gobernador bonaerense y su familia en una causa sobre vacunación VIP que se fogonea también en los tribunales de Comodoro Py. El 12 de marzo, Kicillof tuiteó que se anotició que habían denunciado a su esposa, Soledad Quereilhac, “de hacerse pasar por funcionaria pública”. “Obviamente, el objetivo es el mismo que el de la ‘denuncia’ de Sarlo y la tapa de Clarín: ensuciarme a mí, a mi familia y a la campaña de vacunación de la Provincia de Buenos Aires”, señaló en un hilo de Twitter.
Este lunes, la novedad en los tribunales de Retiro fue que a pedido de Clarín complicaron a Kicillof en otra causa donde se lo había desvinculado.
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