La oposición mediática y política describe la marcha convocada para el primero de febrero como un embate del gobierno contra los jueces, pero la realidad se empecina en mostrar otra cosa. Desde un primer momento, sectores importantes del Poder Judicial formaron parte de la organización de esta medida de fuerza y cada vez más figuras y agrupaciones deciden plegarse. No es una pelea contra ellos sino entre ellos.
“Es absurdo plantear esto como una medida contra el Poder Judicial, cuando la idea surgió justamente acá”, explica uno de los organizadores, él mismo con una larga trayectoria en los tribunales. “Ya no saben cómo hacer para distraer la atención del hecho de que algunos parecen haber olvidado cuáles son sus responsabilidades y obligaciones como funcionarios del Estado y actúan buscando un beneficio personal o corporativo”.
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Las profundas divisiones dentro del Poder Judicial, que empezaron a quedar en evidencia a partir de los posicionamientos en torno al proyecto de reforma judicial que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2013, quedan ahora a flor de piel. En ese momento, surgió Justicia Legítima, en oposición a la Asociación de Magistrados que defendía el statu quo. Hoy vuelven a aparecer en veredas opuestas.
Por un lado, la vieja familia judicial, una verdadera casta que parece no molestar a los que se la pasan denunciando comportamientos corporativos de la política. Hoy, representados por una Corte Suprema con serios problemas de legitimidad y un puñado de jueces, fiscales y procuradores que han adoptado sin pudor la camiseta amarilla del PRO y cometido infinidad de delitos graves en su nombre.
Enfrente aparecen otros espacios sectoriales que impulsan una renovación de ese estamento, como el sindicato de judiciales SiTraJu, la Federación Judicial Argentina, la rama local de la Asociación Americana de Juristas, además de Justicia Legítima. Desde esos espacios plantean poner sobre las mesas esas diferencias que son cotidianas en los pasillos de los Tribunales pero rara vez salen a la luz del día.
Por eso, el planteo de una parte de las organizaciones que impulsan la marcha es que los oradores del primero de febrero sean, justamente, tres jueces o exjueces. El primero sería Juan Ramos Padilla, titular del Tribunal Oral 29 de CABA, que fue uno de los primeros en hacer pública la convocatoria a manifestarse, a través de sus redes sociales. Es uno de los voceros más activos contra el establishment judicial.
El segundo sería el juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, actualmente suspendido de sus funciones luego de que se negara a poner en prisión a Hugo y Pablo Moyano. Carzoglio había recibido la instrucción de avanzar contra ellos en una reunión con dos agentes de la AFI que decían actuar por instrucción del expresidente Mauricio Macri. El tercer lugar está reservado para el exjuez Daniel Llermanos.
El formato del acto del primero de febrero aún no está definido, así que es probable que este esquema, que circulaba ayer por los grupos de WhatsApp donde se organiza la marcha, sufra algunos cambios. Algunos espacios, como la CTA y organizaciones de Derechos Humanos, manifestaron su preocupación de que el planteo se vuelva demasiado corporativo y proponen abrir el micrófono a representantes de otros sectores de la sociedad.
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