Una semana después de su presentación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inauguró el protocolo anti protesta social para limitar una movilización. Las primeras impresiones parecieron ser positivas. La funcionaria y el presidente Javier Milei miraron el espectáculo desde una pantalla gigante ubicada en las oficinas de la Policía Federal y salieron sonrientes por los accesos a la Ciudad, todos liberados, y una marcha que transitó por las veredas.
Desde el operativo de seguridad porteño se destacó el cambio de paradigma. Básicamente, quién "maneja" la calle, si los manifestantes o las autoridades. Para los capitalinos, el mensaje no pasó por la vereda sino por la llegada de una nueva perspectiva. Sin embargo, a los manifestantes les llamó la atención que el megaoperativo de seguridad desplegado nacional invadiera las calles de la Ciudad, donde los federales no tienen jurisdicción. De hecho, unas horas antes se habían estipulado, junto a la Capital Federal, los límites de actuación de cada una de las fuerzas y las calles porteñas le pertenecían a la Policía de la Ciudad.
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No es la primera vez que aparece una situación conflictiva con la CABA. Hace diez días, después de que una persona le arrojara una botella a Milei tras la asunción, Bullrich cuestionó que Waldo Wolf, su par de la Capital Federal, haya divulgado el nombre del agresor. Desde el entorno de la ministra nacional aseguraron que la relación entre ambos transita por buenos carriles y que el operativo fue coordinado entre las dos jurisdicciones. La Ciudad también ratificó el trabajo conjunto y descartó cualquier cortocircuito, atando el malentendido a los vaivenes de "un día complejo".
Pero la realidad es que la intromisión de las fuerzas federales no fue acordada con la CABA. Para actuar en territorio porteño, el gobernador local, en este caso el jefe de Gobierno, tendría que haber solicitado la intervención. En la reunión que mantuvieron los funcionarios nacionales y locales, esto no sucedió y sólo se establecieron los límites jurisdiccionales. Bullrich tenía competencia sobre los accesos y edificios de gobierno y Wolff sobre las calles porteñas.
Incluso Diego Kravetz, secretario de Seguridad de CABA, tuvo que hacerse presente en el operativo para acomodar el desmadre provocado por la Policía Federal que, incluso, empujó a periodistas que se encontraban en el lugar. En un breve encuentro con la prensa, el funcionario porteño evitó contestar sobre la intromisión bullrichista en jurisdicción porteña.
Patricia Bullrich y Waldo Wolf tienen una relación estrecha. De hecho, este año ella pensó en él como su candidato a la jefatura de gobierno porteño, algo que el actual ministro descartó para sumarse, luego, a la postulación del actual mandatario capitalino, Jorge Macri, con quien tiene vínculo hace muchísimos años. Estos cortocircuitos electorales que llevaron a Wolf a estar detrás de una campaña más cercana a Horacio Rodríguez Larreta pudieron haber afectado la relación con la titular del PRO pero, según aseguraron, esto no fue así.
Pero, más allá de los vínculos personales, la decisión de aplicar el protocolo anunciado por Patricia Bullrich la semana pasada generó mucho malestar y rechazo en quienes fueron socios, en algún momento, dentro de Juntos por el Cambio. Dirigentes de la Coalición Cívica se expresaron en contra de lo ocurrido. Facundo Del Gaiso, legislador de la Ciudad, calificó al despliegue como innecesario y advirtió que, de este modo, se tornará difícil la paz social.
También cuestionó que el presidente de la Nación, junto a la ministra y otros funcionarios hayan mirado, en pantalla grande, la provocación de parte de las fuerzas de seguridad. La diputada Mónica Frade también se expresó. Dijo que no se pueden permitir estas actitudes abusivas ni impedir el derecho a la movilización social.
Elisa Carrió, fundadora de este espacio, advirtió en reiteradas oportunidades, desde el año pasado, sobre la relación entre un sector de Juntos por el Cambio, puntualmente el macrismo de Mauricio Macri, y la extrema derecha de Javier Milei. En esa línea argumental, alertó sobre la posibilidad de un ajuste brutal que solamente podría intentar llevarse a cabo con una represión en las calles. Incluso, según argumentó la exdiputada, con delitos de lesa humanidad.