En 15 artículos y 26 páginas de fundamentos, senadores de la oposición presentaron un proyecto de ley para fomentar una redistribución más equitativa de los subsidios al transporte público a nivel nacional. Con fuerte crítica a la preferencia económica por el AMBA, dos legisladores de Juntos por el Cambio y una del schiarettismo se metieron en la puja distributiva que sumó un nuevo capítulo. Si bien se asegura que la iniciativa “no es para hacerle daño a nadie” porque un reparto más justo de los recursos no le puede hacer mal a ninguno, nuevamente la alianza cambiemita volvió a mostrar sus diferencias en materia económica y esta historia sumó un nuevo capítulo.
En febrero, Horacio Rodríguez Larreta rechazó la iniciativa del Gobierno nacional para cumplir con la legislación vigente y que la CABA se haga cargo enteramente del subsidio al transporte local, como el resto de los distritos. Básicamente, Nación paga la mayor parte de la contribución estatal para las líneas que comienzan y terminan su recorrido en la Ciudad, algo que no sucede en otras latitudes. Para la administración capitalina, eso se trató de una nueva avanzada contra su autonomía y, por supuesto, se opuso.
Esta postura le valió críticas internas al mandatario porteño básicamente porque su situación de privilegio no es compartida por el resto de sus pares de alianza. Los tres gobernadores radicales, por ejemplo, no tienen los mismos beneficios que el del PRO y en ese momento pidieron la revisión de los subsidios y su distribución desigual. Incluso fue tema de conversación en una reunión de la mesa nacional. El jefe de Gobierno no logró el respaldo que esperaba de parte de sus compañeros de espacio político y, según dijeron en aquel entonces fuentes cercanas al dirigente, sólo pudo plantear que no salieran mediáticamente a cascotear su pelea contra la Nación.
Tres meses más tarde, en medio de debates por los subsidios a la energía y la falta de acuerdo por los fondos de coparticipación destinados al traspaso de la policía al ámbito porteño, dirigentes del interior del país volvieron sobre la distribución de la ayuda nacional al transporte. El proyecto presentado por el senador radical mendocino, Alfredo Cornejo, y sus pares Alejandra Vigo de Hacemos Córdoba y Beatriz Ávila de Juntos por el Cambio-Tucumán, se comunicó el miércoles y se anunció el jueves a la mañana. En la calle Uspallata la iniciativa no era conocida por todos pero, se asumió, podía haber sido charlada con Horacio Rodríguez Larreta porque tiene una buena relación con el ex presidente de la UCR. Ante las consultas de El Destape, nadie confirmó esto ni la CABA dio su punto de vista sobre la situación.
En principio, según se marcó en la conferencia de prensa y se aclaró después ante una consulta de este medio, el proyecto no es para hacerle daño a nadie, no es para quitarle a unos para darle a otros sino para generar una distribución más equitativa porque esa mayor igualdad no puede hacerle mal a ninguno. O sea, se buscó bajarle el tono a una presunta confrontación con la Ciudad pero lo cierto es que esto tocará las arcas de una Capital Federal que se opuso, hace 120 días, a hacerse cargo integral de sus 32 líneas de colectivos.
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Durante su exposición, Cornejo que, como uno de los defensores de la unidad opositora, hace un par de días participó de una comida en la casa de Mauricio Macri, se preguntó “¿a quién le parece correcto que lo recaudado en el 95% en todo el país se gaste en solo unos kilómetros cuadrados del territorio poblado? Hoy el 85% del subsidio de transporte queda en AMBA, pero el impuesto a los combustibles se cobra en todo el país”. Y explicó que “el 95% de lo que se recauda a través de este impuesto, que es muchísimo dinero, se aplica solamente en AMBA. Solo el 5% restante se aplica en el interior del país. No hay nada más injusto y menos federal que la distribución de este impuesto a los combustibles”.
Fieles a los lineamientos adoptados en campaña, en la conferencia se aclaró que la iniciativa no implica ninguna creación o aumento de impuestos sino una redistribución de la recaudación existente. Este fue uno de los puntos charlados por el PRO en el almuerzo del lunes cuando Mauricio Macri pidió diferenciarse de la UCR en el Congreso porque, según dijo una persona vinculada a su armado personal, el partido centenario no sigue el camino planteado por los amarillos. En ese debate que podía poner en riesgo la unidad, se resolvió acatar las promesas impositivas algo que quedó reflejado en el anuncio de este jueves. Cornejo, como Larreta, se define como uno de los defensores de la unidad, algo no menor cuando un sector empieza a querer ponderar el “Cambio” más que el “Juntos”.
Puntualmente, el proyecto de ley que ingresó por la Cámara Alta plantea la creación del “Programa Nacional de Reparto Equitativo y Federal De Subsidios Nacionales al Transporte Público de Pasajeros”, tanto para líneas urbanas como suburbanas del país con el objetivo de “corregir la asimetría del reparto de subsidios”. El texto regula lo relativo al Programa y la forma de financiamiento con criterios equitativos redistribución.
El programa, según el proyecto, será financiado con un “Fondo Único de Asistencia al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano de la República Argentina” que también será creado por la ley, “por la suma total $ 164.235.000.000 para el ejercicio 2022” integrado por los aportes totales realizados por el Estado Nacional durante el año 2021 al “Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país”, más los aportes totales a las líneas de jurisdicción nacional, ajustado por la inflación incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2022. El que no fue aprobado en Diputados, de hecho fue rechazado por Juntos por el Cambio.
El reparto de los fondos será en base a tres criterios. Por un lado, las unidades habilitadas, vigentes y declaradas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por todas las jurisdicciones provinciales del país y CABA; y unidades afectadas a los servicios de jurisdicción nacional. Por otro, la cantidad de empleados activos declarados al Ministerio de Transporte de la Nación, con un máximo de 3 agentes por unidad computable. Finalmente, los kilómetros recorridos en el semestre inmediato anterior. Además, estipula un tope a la distribución que en ningún caso podrá destinarse más del 30% de la totalidad de fondos a una misma jurisdicción.