El expresidente Mauricio Macri presentó una apelación ante la jueza federal María Romilda Servini para impedir que auditen las llamadas entrantes y salientes de su celular. La orden llegó la semana pasada en el marco de la causa que investiga la mesa judicial M y abarca desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019.
La semana pasada, en el marco del expediente 16850/2019 caratulado, “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita querellante: De Sousa, Carlos Fabián y otro”, la jueza dispuso que para “avanzar en la investigación” se realice el cruce de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Martín Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Eugenio Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, y Leandro Germán Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Jorge Rosner.
Macri realizó la presentación tan sólo un día y medio después de haber viajado, de forma relámpago, a Paraguay con la excusa de ser presidente de la Fundación FIFA. Eso le valió romper la cuarentena y tener que cumplir un aislamiento obligatorio de 14 días tras su regreso.
Según consta en la causa, el hombre PRO estuvo involucrado, junto a funcionarios y empresarios, en hechos de presión denunciados por Fabián De Sousa, ratificados en el juzgado por otras personas cercanas al Grupo Indalo. La información publicada por Ámbito Financiero señala que los testigos relataron como los hombres del gobierno macrista les hacían llegar las presiones y los deseos del propio Macri para con el futuro de las distintas empresas del grupo.
Al pedir el análisis de los teléfonos, Servini argumentó que la denuncia de De Sousa sostiene la “existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación Mauricio Macri - o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.
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