El lobby del diputado Luciano Laspina ante el Fondo Monetario Internacional para interferir con las negociaciones sobre la deuda argentina y la decisión de la bancada de Juntos por el Cambio de “voltear” el presupuesto para el año próximo en la cámara de diputados sólo se entienden si un sector de la oposición apuesta a dinamitar, o al menos complicar, el acuerdo FMI. En el Frente de Todos creen que la apuesta es provocar un mayor nivel de incertidumbre que desemboque en una corrida y una devaluación con los mismos efectos que el ajuste que el gobierno se resiste a hacer. Por ahora, la ofensiva resultó infructuosa. Los responsables del organismo no solamente cerraron filas con sus interlocutores oficiales; fueron ellos los que advirtieron sobre las gestiones de Laspina en Washington.
El escenario, sin embargo, es sumamente complejo cuando se lo completa con una Corte Suprema que adoptó una posición política opositora sin disimulo y un Congreso enredado en un nudo hasta ahora irresoluble. Incluso si la variante omicron, que ya circula de forma comunitaria en nuestro país, resultase inocua y no causara nuevas restricciones ni decenas de miles de muertos más, no es impensable un escenario en el que los segundos dos años del gobierno de Alberto Fernández resulten más complejos que los primeros dos, pandemia incluída. Además de los factores exógenos, de la economía al borde del abismo y del inevitable recalentamiento de la puja distributiva, que resultará en más conflicto social y sindical, juegan también las internas, que entorpecen la gestión y cuestan caro.
Dicho en otras palabras: no hay margen para más errores no forzados. La situación es crítica y el gobierno difícilmente encuentre aliados que le cubran las espaldas o que suplan sus falencias. El peronismo necesita encolumnar a todos sus sectores, kirchneristas y antikirchneristas, sin fisuras, detrás de una iniciativa audaz y potente que permita romper el cerrojo político en el que intenta encerrarlo la oposición. Para poder llevarlo a cabo deberá recurrir al único combustible al que se puede recurrir cuando no hay ni tiempo, ni sangre, ni plata: una formidable movilización popular. Y la condición para que la sociedad se movilice en defensa de un proyecto es que ese proyecto le garantice una calidad de vida mejor, algo que hasta ahora sigue siendo la principal deuda de este gobierno.
La otra deuda, la que se negocia a contrarreloj con el FMI, se encuentra en etapa de definiciones a pesar de los intentos opositores por hacer descarrilar el diálogo, esta semana el organismo volvió a dar señales de sintonía con el gobierno argentino. La más importante, sin dudas, fue el tuit que publicó la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, informando sobre una “muy buena reunión” con Fernández y el “compromiso total para continuar trabajando en un programa”, horas después de que la oposición hundiera el presupuesto en el Congreso. El encuentro (realizado de forma telemática y del que participó el ministro de Economía Martín Guzmán) estaba concertado con anterioridad al desenlace del trámite legislativo, pero el posteo en redes sociales no.
En el encuentro virtual, Georgieva reconoció que el boicot opositor es un inconveniente inesperado en el trámite de la negociación pero aseguró que no resultará un obstáculo. Este miércoles el FMI hará la evaluación técnica sobre el préstamo otorgado a Macri, que se publicará, seguramente, antes de Navidad. En enero, después de la pausa obligada por las fiestas, se retomará la tarea de reconstruir los acuerdos técnicos en función de la nueva realidad presupuestaria: es como volver a armar un rompecabezas después de que las piezas cayeran al suelo. En los planes del gobierno, reconocen que habrá demoras pero esperan firmar antes de febrero para ir directo al Congreso. El motín en la cámara baja echó por tierra la idea de discutir, previamente, un plan plurianual.
Un día antes del zoom entre Fernández y Georgieva, en su última conferencia de prensa del año, el vocero del organismo, Gerry Rice, dio definiciones contundentes sobre el estado de la negociación tras las reuniones técnicas que se llevaron a cabo la semana pasada en oficinas de la embajada Argentina en Washington. Según informó el decano portavoz y omitieron informar la mayoría de los medios locales, “hubo acuerdos generales en la necesidad de mejorar las finanzas públicas de forma gradual y sustentable, mientras se permiten desembolsos para infraestructura, tecnología y gasto social focalizado, que resultan muy necesarios” para alcanzar el objetivo que definió como “ayudar a que la Argentina y su gente sienten las bases para más crecimiento sustentable e inclusivo”.
En ese sentido, agregó, “se alcanzaron entendimientos generales alrededor de la necesidad de abordar la alta inflación persistente, lo que requiere un enfoque múltiple, incluyendo una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, una política monetaria adecuada con tasas de interés reales positivas y coordinación de precios y salarios, que también debe sostenerse a través de políticas proclives a construir reservas internacionales, incluyendo la promoción de inversión extranjera directa y exportaciones que crecieron de forma robusta este año, especialmente en sectores con valor agregado”. Por último, informó que el directorio del Board discutió el recorte de sobrecargos que pide Argentina y que “es posible que haya nuevas discusiones que permitan una evaluación más completa de esa política”.
El compromiso del Fondo con sus interlocutores argentinos tuvo otra señal, secreta pero contundente: fueron ellos quienes pusieron en conocimiento del gobierno la reunión en la que un dirigente macrista hizo lobby para obstaculizar un acuerdo. El episodio fue revelado por Máximo Kirchner en una entrevista que dio después de la sesión fallida. “El que suele ser miembro informante de los temas económicos en Juntos por el Cambio fue a Estados Unidos a hablar con el FMI pésimamente de las posibilidades de Argentina", denunció el jefe de la bancada oficialista, sin mencionar su nombre. El Destape pudo confirmar con fuentes en Washington y Buenos Aires que se trata de Luciano Laspina y, aunque se contactó con él para conocer su explicación de ese viaje, no tuvo respuesta.
Se trata del mismo Laspina que esta semana ensayó una hipótesis novedosa sobre el final del gobierno de Juntos por el Cambio: “Yo creo que el Fondo Monetario le sirve bastante al gobierno para buscar un culpable por las correcciones que tiene que hacer. Es como si el gobierno de Mauricio Macri le hubiera dicho al Fondo Monetario ‘perdí las elecciones por tu culpa, porque tu plan de base monetaria cero me llevó las tasas de interés al ochenta por ciento y perdí las elecciones’ y en algún punto es cierto. Lo que el Fondo pedía no era ayudar a Macri, no le interesaba, era que Argentina corrigiera la inflación y las cuentas públicas. Y le importaba tres rábanos si Macri perdía. Yo lo veo al revés: el Fondo Monetario volteó el gobierno de Macri”, explicó, sin ponerse colorado.
El plan opositor para dinamitar el acuerdo con el FMI y desestabilizar la economía tiene una tercera pata: desfinanciar al Estado. La bancada de Juntos por el Cambio convocó para este martes a una sesión especial en la cámara de Diputados con el fin de convertir en ley una suba del mínimo no imponible del impuesto de Bienes Personales, con un impacto fiscal no considerado en las negociaciones con el Fondo. Adicionalmente, preparan una presentación ante el Poder Judicial para rebajar las alícuotas de ese impuesto que Fernández había elevado gracias a poderes conferidos por la ley de solidaridad social de diciembre de 2019. Argumentarán que la prórroga prevista por la ley corre para la asignación de partidas pero no para las facultades delegadas. No sólo quieren evitar que se cobre el impuesto previsto para el año que viene; pedirán que la AFIP devuelva parte de lo que se recaudó este año.
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