La confianza entre el gobierno y los dialoguistas está, en el mejor de los casos, al límite. Los sucesivos cambios en distintas áreas del Ejecutivo no fueron interpretados como una buena señal como tampoco lo fue (y es) el movimiento constante de negociadores desgastados, sin poder de decisión política y con contradicciones supremas entre ellos. Por eso, ante la posibilidad concreta de no contar con el número para aprobar la ley ómnibus en general y, en caso de hacerlo, de sufrir una derrota estrepitosa en artículos clave como jubilaciones y retenciones, no pudieron hacer más que modificar uno de los corazones del proyecto.
El anuncio de Luis Caputo fue seguido, en vivo y por televisión, por los distintos bloques de la oposición colaboracionista. No hubo un diálogo previo. En las últimas charlas, los espacios habían planteado sus objeciones al Ejecutivo, adelantaron sus rechazos a algunos puntos y, horas después, tras una reunión de Karina Milei y Martín Menem, se tomó la decisión.
El capítulo fiscal tiene alrededor de 100 artículos. Según informó el ministro de Economía, se sacaría todo pero, luego, fue más confuso al incorporar el corrimiento del retorno del impuesto a las Ganancias. “Mencioné todo lo que tiene impacto en los números fiscales eso quise decir”, aclaró. El caso de este tributo no es menor. Como ya contó El Destape, los gobernadores de la alianza dialoguista no quisieron vincular su debate al de la ley ómnibus. “Es una discusión aparte”, se dijo en el parlamento. Quien forzó su entrelazamiento fue el gobierno nacional y, evidentemente, no funcionó. De hecho, ya habían empezado a barajarse modificaciones, como una actualización mensual del mínimo no imponible.
En la enumeración de artículos a remover están el blanqueo de capitales y el cobro de su impuesto (que los gobernadores de Juntos por el Cambio propusieron coparticipar), una moratoria, el adelanto de bienes personales, las retenciones (que podrían haber encontrado un punto intermedio en la negociación, pero no sucedió), las jubilaciones (que también se hubieran negociado mediante la temporalidad de aplicación de la nueva fórmula)
Las reacciones fueron disímiles. Se notó cierto alivio por parte de algunos sectores, pero claramente no pareció alcanzar. Hubo, incluso al poco tiempo de conocer la noticia, posiciones críticas como la de la radical Danya Tavela que, en IP, dijo que está “más en duda que ayer” frente a la “extorsión” de un gobierno que quiere “construir un relato que justifique el ajuste”. El jefe de su bloque, Rodrigo de Loredo, había calificado como “acertada” la decisión de Caputo.
En Hacemos Coalición Federal también se vieron algunas críticas, más allá de las referidas a la improvisación del gobierno. Margarita Stolbizer hizo foco en las reformas a los Códigos Civil y Comercial, el fomento a la cultura o la protección ambiental. El radicalismo puso el ojo en hidrocarburos, biocombustibles y pesca, puntos que no mencionó Caputo y que le interesan a las provincias.
El bloque comandado por Miguel Ángel Pichetto tendrá una reunión de bloque el lunes para trabajar en los cambios que propondrán al articulado teniendo como referencia en dictamen de la Coalición Cívica. Por el momento, prefirieron la actitud reflexiva con la intención de entender al gobierno y sus confusas jugadas. El PRO se encontró el sábado a la tarde en forma virtual y su presidente, Cristian Ritondo, fue claro, van a estar para "sesionar el martes".
Ahora se abre un período de negociaciones internas y de lectura fina del proyecto. La jugada del Ejecutivo se interpretó como un retroceso por parte de un gobierno que reconoció su minoría y vio que iba a perder en forma brutal durante el debate de capítulos clave como jubilaciones y retenciones. Pero, por haber perdido la confianza en el oficialismo, esperarán a ver cuáles son, realmente, los cambios y si incluyen otros puntos “fiscales” que los afectan.
Ningún espacio se mostró en condiciones, en Diputados, de aportar la totalidad de sus legisladores por más que, en líneas generales, tengan la voluntad de acompañar la ley y modificar ciertos puntos. Es sabida la división en Hacemos Coalición Federal, que acompañó tres dictámenes, también en la UCR, con un sector que decidió no firmar ninguno, y en el PRO, con resistencias de santafesinos y cordobeses a aceptar la suba de retenciones. O de los patagónicos por la energía y el destino de fondos fiduciarios para el desarrollo.
Retenciones, blanqueo, energía, pesca, combustibles y jubilaciones, fueron (y son) algunos puntos críticos de la negociación. La intransigencia del gobierno y la intención de lograr los cambios por parte de la oposición – en principio se consiguieron algunos – también puso en observación la declaración de emergencias y delegación de facultades para que el presidente no ignore lo votado en el parlamento. “Facultades delegadas yo no estoy de acuerdo con facultades delegadas que se le dé a ningún presidente de la nación por ningún tiempo”, dijo el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés. Claramente allí habrá otro punto de discusión.
El caso de las retenciones es bastante llamativo. Como ya contó El Destape, podría haberse aceptado una suba si el gobierno le hubiera puesto una fecha de vencimiento al nuevo porcentaje y estableciera, siempre en la misma ley, un camino descendiente para este tributo. Pero se jugó al todo o nada.
En este breve período de diálogo para acercar posiciones, se desgastó la confianza. Los legisladores con voluntad de acordar llegaron al punto límite de desconocer al verdadero negociador. Hablaron con uno, después los llamó otro sin decisión política para, finalmente, rechazar desde arriba. Finalmente apareció, de un momento a otro, el ministro de Economía para voltear cien artículos y una ley paralela. Muy difícil.
La construcción de estos vínculos falló desde el inicio con estrategias superpuestas y contradictorias. Pelearse con los gobernadores o acordar con ellos. Las dos opciones pueden ser válidas, pero no juntas. Incluso las confrontaciones con bloques a los que, minutos después, le piden votos.
Según interpretó un diputado halcón, el gobierno no había tomado nota – hasta ahora - de su inferioridad numérica y su consecuente necesidad de casi noventa diputados ajenos para poder avanzar. Cortar los puentes, fallarle a los gobernadores, solo pusieron en peligro la ley. Antes d ellos anuncios, la posición de desventaja del oficialismo era abrumadora. Treinta votos abajo para la aprobación en general. ¿Alcanzará con lo comunicado por Caputo para revertirlo?
Por la desconfianza, los diputados se quieren asegurar, antes de cualquier apoyo, que los cambios propuestos serán aceptados. No vaya a ser que otro acuerdo político sea quebrantado. Cada modificación tiene que ser aprobada, luego de la votación en general, por el presidente de la comisión o miembro informante para luego someterse al pleno.
Ante la posibilidad de que no se los quieran habilitar, una opción alternativa podría ser el compromiso previo: que el secretario parlamentario, antes de la votación en general, lea los cambios propuestos al proyecto para garantizar su tratamiento y su pacto con el oficialismo para facilitar el número.
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