Las condiciones de los aliados de Milei para avanzar con la emergencia en seguridad

La voluntad de negociar está clara. Los potenciales aliados del Gobierno volvieron a explicitar que, con otras formas, es posible avanzar con la aprobación de las herramientas solicitadas por Javier Milei pero, de no facilitar la apertura de la ley ómnibus y una poda en materia de prioridades, podría complicarse el debate de un texto que, en líneas generales, los ex Juntos por el Cambio tienen intenciones de apoyar.

El Gobierno pidió, en el enorme texto enviado al Congreso, la declaración de una gran cantidad de emergencias públicas. El listado incluye las de materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre del 2025 con posibilidad de una prórroga, por otros dos años, a manos del propio presidente. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo podría tomar decisiones sin cumplir con los procedimientos administrativos habituales o sin pasar por el parlamento durante todo su mandato.

Este posicionamiento del Gobierno generó mucho rechazo en sus potenciales aliados que no están dispuestos a acompañar delegación de facultades por el período de tiempo solicitado por el gobierno. Pero sí podrían aceptar una temporalidad menor, lo que abre la puerta a una negociación siempre y cuando el Ejecutivo tenga ganas de avanzar.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y presidenta del PRO, fue a defender un paquete de leyes incorporado dentro del texto ómnibus. No se detuvo en la delegación de facultades propia de la declaración de emergencia pero fue un asunto subyacente.

El bloque del partido que la propia Bullrich conduce resolvió apoyar todas las delegaciones de facultades por un año, renovables por el mismo período, incluso las de seguridad y defensa abordadas por Bullrich. Pero no lo harán por el tiempo solicitado por el Gobierno. O sea, debería haber voluntad de aceptar la emergencia por la mitad de la extensión requerida. Sin embargo, el espacio sí tiene la intención de sumar sus votos para impulsar los proyectos presentados por la ministra en la reunión informativa del plenario de comisiones afectados por la ómnibus.

En su exposición, de poco menos de una hora, Bullrich habló de “tres temas urgentes” vinculados al orden económico, social y en las calles; a la necesidad de no atemorizar a las las fuerzas de seguridad con la posibilidad de prisión en el uso excesivo de la fuerza; y a la sanción de cualquier agresor de miembros de estos organismos de control público.

La ministra decidió retirar del proyecto el artículo que limitaba la cantidad de participantes en una reunión en plena calle por tratarse, quiso explicar, de un malentendido. Según detalló, se refería únicamente al corte de vías de circulación. Ahora, adelantó, se podrá sancionar a cualquier persona que interfiera el tránsito, sea una, sean decenas o miles porque, para la funcionaria, es lo mismo.

Como con el protocolo de seguridad, intentará encauzar las marchas para que transiten por las veredas, se penalizará a manifestantes, se dará mayor castigo a los organizadores y se perseguirá el objetivo de ninguna calle cortada. Tampoco se permitirán protestas por cortes de luz, según ejemplificó.

A ello le sumó la legítima defensa siempre en favor de efectivos de seguridad y castigos a quienes agredan o empujen a un funcionario de este área. Además, adelantó modificaciones en el Código Penal y en la ley de seguridad interior.

Estas iniciativas, en principio, tienen el acompañamiento del PRO aunque sin la delegación de facultades tal y como se propuso en el proyecto de ley. Los que todavía mantienen estas iniciativas bajo análisis son los lilitos de la Coalición Cívica. Sin embargo, presentaron una posición firme al plantear su rechazo a la declaración de emergencias, cuya verdadera cara es la delegación de facultades, por ser inconstitucional, por no tener un plazo ajustado en el tiempo, por no determinar para qué.

Mónica Frade, diputada de este espacio miembro de Hacemos Coalición Federal, fue muy dura con las iniciativas presentadas por Bullrich. Le parecieron “exageradas las penas” propuestas para la manifestación en las calles, le pareció “incomprensible” que no se sancione a la “casta” con un aumento de sanciones para quienes cometan delitos desde la función pública y se mostró preocupada por la formación de las fuerzas a las que enviarán a reprimir las acciones que el gobierno pretende convertir en delitos.

Hacemos Coalición Federal va a solicitar que se acoten las facultades delegadas y que sean sólo por un año, con autorización del Congreso para una extensión. A nivel general, también decidieron plantear que la ley se divida y quede en pie lo prioritario, lo vinculado a la emergencia económica para agilizar el trámite y llegar al recinto el 25 de enero, como quiere el Ejecutivo. El resto de los asuntos, en tanto, podrían trabajarse a partir del 1 de marzo.

El radicalismo decidió ir por la misma senda que sus ex aliados parlamentarios. La declaración de emergencias todavía está en plena discusión, pero podría llegarse a un acuerdo si, como planteó abiertamente el macrismo, se reduce el plazo de duración. La delegación de facultades no parece tener destino, al menos por ahora, con una extensión de cuatro años pero sí por uno.

De todos modos, recién tras la ronda de consultas en el plenario de comisiones, el bloque de la UCR comenzará con sus reuniones internas para fijar posiciones más claras ya que aún se encuentran en etapa de conversaciones y búsqueda de modificaciones con la intención de que el gobierno defina prioridades para enfocar los debates.

Rodrigo de Loredo, presidente de la UCR en Diputados, planteó algo en ese sentido. Durante el debate, sostuvo que en el bloque tienen “plena conciencia que las herramientas justas y necesarias que necesita un gobierno para llevar adelante algo que genuinamente ha sido votado por la sociedad argentina, las va a tener”. Sus declaraciones dejaron en claro la intención radical de acompañar la ley ómnibus en general, pero no a libro cerrado.

El bloque centenario no encontró la forma de manifestarse por todo o nada en el análisis de la ley. De ser así, posiblemente la respuesta sea “nada”. Por eso, desde el espacio decidieron pedir la apertura de algunos temas para introducir modificaciones. Por ejemplo, que no se vote la posibilidad de privatizar 41 empresas sino algunas menos. Si no, una de las opciones será la votación, en particular, en contra.