Juntos por el Cambio se encuentra en una posición incómoda. Tanto la UCR como el PRO, los dos bloques mayoritarios de lo que fue la alianza y los dos bloques con gobernadores, se manifestaron a favor de un cambio profundo para la Argentina pero ambos pusieron bajo análisis el decreto. Las propuestas presentadas por Javier Milei son, en muchos casos, calcadas a las exhibidas por la coalición durante la campaña. Por eso, no se descuidó el posicionamiento a favor de la transformación pero con un respeto por la República y las instituciones.
Con todos los espacios abogados al análisis, Rodrigo de Loredo, presidente del bloque en Diputados, le sugirió al gobierno que, de no enviar una ley espejo como lo pidió el presidente del partido, Martín Lousteau, se permitan “aprobaciones parciales” o una segmentación del decreto para garantizar su tratamiento.
Fernando Carbajal, ex juez y actual diputado radical, fue uno de los impulsores de esta idea creativa para poder avanzar. Consultado por El Destape, vio una “extralimitación de las facultades presidenciales” al dictar este decreto, porque “no es para ésto que están previstos los DNU”, en especial uno que trate cientos de normas jurídicas.
El ex magistrado leyó dos posturas para su tratamiento. Una, apegada a la letra de la reglamentación, que entiende que sólo se puede aceptar o rechazar en bloque y, por otro lado, en la que se encuentra él, la que sostiene que es posible avanzar en forma parcial en cada uno de los artículos o áreas temáticas abordadas por esa herramienta.
Tradicionalmente, explicó Carbajal, los decretos se aprobaron o rechazaron en bloque, pero también tradicionalmente los decretos abordaron un solo tema, no más de trescientos. Al tratarse de un mega DNU, se abrió la sugerencia de esta posibilidad. Si no, esta ley presidencial pasaría a ser inconstitucional por no cumplir con los requisitos básicos de necesidad y/o urgencia.
En principio, desde la UCR se analizó con que una opción semejante debería esperar al debate ordinario parlamentario para modificar la ley del 2006, la 26.122, que creó la comisión bicameral de trámite legislativo para que el Congreso pueda votar una parte del DNU y no otra. Hoy por hoy, eso no sería posible. Entonces, el oficialismo dependerá – de no lograr la parcialidad – de un gran consenso político que apareció difícil. Por eso, el bloque propuso el envío de una ley o de varios decretos en lugar de uno solo.
Los tres sectores que mostraron críticas a la herramienta (el radicalismo, la Coalición Cívica y el larretismo) también se encargaron de advertir sus coincidencias con parte importa del contenido para no abandonar el rol de garantes del cambio.
Para la UCR, es necesario avanzar con un cambio en la ley laboral, garantizar una mejora de precios al consumidor, reducir regulaciones y burocracia, declarar a la educación y salud como servicios esenciales, avanzar en la "libertad" de elección de la obra social o ir hacia una política de cielos abiertos. Las coincidencias son importantes.
Horacio Rodríguez Larreta apoyó, a su vez, la educación como servicio esencial, la derogación de la ley de góndolas, cambios laborales, del Código Aduanero, del Registro Automotor y los cielos abiertos. Es que el paquete de medidas de Milei es muy similar al de Juntos por el Cambio. Por eso, acompañar sería lógico, pero hacerlo a ciegas sería poco republicano y meramente temporario.
Los lilitos se encargaron de marcar los límites. Jubilados y sectores vulnerables que quedan apartados por las medidas del gobierno. Pese a aclarar que coinciden con "varias medidas", Elisa Carrió y Maximiliano Ferraro, fundadora y presidente del partido, advirtieron que "sin Constitución no hay libertad".
Algunos nombres ya empezaron a acomodarse en la mesa de la bicameral que analiza la constitucionalidad de los DNUs. Por Diputados, Francisco Monti irá en representación de la UCR y Hernán Lombardi del PRO. Para el oficialismo se barajan Oscar Zago y Lisandro Almirón, estará también Nicolás Massot de Cambio Federal y, además, cuatro figuras por Unión por la Patria. La comisión tendrá un total de dieciséis miembros, ocho por cada Cámara.
La presencia de Massot traerá debate. Como ya anticipó El Destape, hubo un acuerdo parlamentario entre los bloques Cambio Federal, Innovación Federal, los schiarettismo y la Coalición Cívica, sumando un total de 32 diputados para ganar músculo e ingresar en la matemática. Cristian Ritondo del PRO y Germán Martínez no compartieron, en principio, esta idea porque consideran que se votó, para comisiones permanentes y especiales, un criterio proporcional para definir la integración únicamente por bloque y no por grupo de bloques.
Martin Menem, presidente de la Cámara Baja, le confirmó su silla a Massot durante una reunión en la que también estuvieron Emilio Monzó, Miguel Pichetto y Margarita Stolbizer. Este sector argumenta que los presidentes de ambos cuerpos (Senado y Diputados), son los que definen la propuesta de los bloques, respetando la proporción de la representación política. En este caso, el libertario parece haber aceptado otro criterio para perjudicar el número de Unión por la Patria.
Ante el complicado panorama, Mauricio Macri decidió meter la mano e intentar influir en un bloque partido. El PRO tiene tres sectores: por un lado el que responde al ex presidente, por otro el que está con Patricia Bullrich y el último detrás de Horacio Rodríguez Larreta. Los dos primeros tienen una clara inclinación en favor del gobierno. Pero, más allá de las diferencias, los tres están de acuerdo con varias de las medidas. La salvedad radica en que el perdedor de las elecciones en Boca y la ministra no cuestionaron la herramienta.
La distancia constitucional entre ambos sectores quedó expresada en una chicana de Bullrich a Larreta. El ex jefe de Gobierno se quejó de la maniobra de Milei con un gran "ASÍ NO". La ministra, contenta con su primera semana de protocolo anti movilización social, destacó su aplicación con un "ASI SÍ".
"Salió muy bien", dijo un dirigente cercano a la ministra como balance de esta primera semana y destacó que las marchas del viernes se desarrollaron en las veredas. También se destacó la actitud de las organizaciones para respetar esa regla. La próxima gran prueba de fuego será el miércoles con la marcha de la CGT a Tribunales contra el DNU.
Para este fin de semana, se esperaron algunas marchas en favor de Javier Milei pero se suspendieron. Fue una buena opción para el gobierno y para Bullrich, que se evitó tener que desplegar un operativo de seguridad y hacerle pagar a los ciudadanos por él.
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El gobierno de Javier Milei se encamina a terminar el año con un programa de gestión rodeado por la incertidumbre. El decreto de necesidad y urgencia todavía no entró en vigencia y lo único que consiguió, hasta el momento, fueron rechazos públicos y ruidosos. A eso se le suma la expectativa por la convocatoria a las sesiones extraordinarias para que el Congreso termine de completar – o no -, con el debate, el plan de La Libertad Avanza.
Casi dos semanas después de haber asumido el gobierno, Javier Milei confirmó la convocatoria de sesiones extraordinarias. Se desarrollarán del 26 de diciembre al 31 de enero, pudiendo el presidente convocar, mediante un nuevo decreto, a una extensión de este período para el mes de febrero. A priori, pareció poco tiempo para la densidad de los proyectos que el primer mandatario envió al Parlamento, como complemento del decreto de necesidad y urgencia, que también deberá debatirse para esas fechas en el Congreso de la Nación.
Para poder avanzar, el presidente todavía necesita que se terminen de conformar las comisiones que se verán afectadas por el temario de las sesiones extraordinarias. La orden parlamentaria indica prioridad a todo lo vinculado a la economía.
Javier Milei decidió enviar, finalmente, un proyecto de ley ómnibus para ser debatido, punto por punto, en el Congreso. Además de algunos acuerdos internacionales, plantea la reforma del Estado, que puede ser una gran caja de Pandora en la cual ingresen otro tipo de iniciativas. También se planteó una modificación a la ley de Impuestos a Ingresos Personales y una modificación del sistema electoral de la República Argentina con la boleta única en papel.
Más allá de analizar cuáles son los puntos que componen la reforma del Estado, Juntos por el Cambio podría acompañar tranquilamente la modificación a la ley de Impuestos a Ingresos Personales. Tanto en Bienes Personales como en Ganancias, la alianza votó en contra de los proyectos acercados por el peronismo. También estarían a favor de la reforma electoral que vienen pregonando hace bastante tiempo.
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