La decisión se conversó el viernes por la tarde en el encuentro presencial que mantuvieron los principales referentes del PRO, encabezados por los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal (del ala dura) Mauricio Macri (del ala más dura) y Patricia Bullrich (del ala durísima), y terminó de definirse el lunes por la mañana en el habitual zoom de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio. De cara a las elecciones de medio término, acordaron, la coalición opositora adoptaría una postura intransigente ante el gobierno nacional, aunque las fuentes consultadas para esta nota no supieron explicar en qué sería diferente a la posición adoptada durante el año que termina.
Signo de la beligerancia renovada, volvió a tomar la vocería Elisa Carrió, que lejos del retiro que había prometido recuperó el centro de la escena prometiendo un juicio político contra Cristina Fernández de Kirchner y presentaciones ante organismos internacionales para denunciar el “avasallamiento de las instituciones”. Para la exdiputada las críticas de la vicepresidenta a la Corte Suprema la convierten en “una gobernante de hecho y una golpista”. Cabe recordar que la propia Carrió inició un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti (el único para esta Corte Suprema) cuando era una pieza clave del oficialismo, en 2018. Puede haber otro objetivo tras sus actos: volver a ser candidata en 2021.
Como no podía ser de otra forma, la posición del espacio político quedó reflejada en un comunicado, el número 18 en lo que va de la pandemia, contando solamente aquellos que llevan la firma de la Mesa Nacional. Corre el riesgo la oposición de sufrir lo que el pastorcito mentiroso en aquella fábula: tanto denunciar hechos de gravísima gravedad institucional sin discriminar entre la defensa corporativa de imputados por delitos graves en el ejercicio del poder, el supuesto final de la propiedad privada, la reforma judicial, los textos de CFK o el lamentable asesinato sin motivos políticos del exsecretario personal de la vicepresidenta pueden acabar insensibilizando a cualquier audiencia que no sea el electorado más fiel.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
El primero de estos documentos se remonta al 25 de abril. “JUNTOS POR EL CAMBIO RECHAZA LA SALIDA DEL MERCOSUR”, decía el título. No hace falta aclarar que la Argentina sigue siendo parte de ese bloque y que nunca se evaluó tal salida. De hecho, lo presidirá durante los próximos seis meses. El 10 de mayo publicaron otro pidiendo “MÁS TRANSPARENCIA EN EL USO DE LA APLICACIÓN CUIDAR”. Y el 14 de mayo, apenas cuatro días más tarde, denunciaron que “ALBERTO FERNÁNDEZ CONSAGRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN DE CRISTINA KIRCHNER”, luego de que la Oficina Anticorrupción decidiera retirarse de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que, en primer lugar, nunca deberían haber intervenido.
El 8 de junio advertían que “EL ANUNCIO SOBRE VICENTÍN ES ILEGAL E INCONSTITUCIONAL Y NOS VA A TERMINAR COSTANDO MILES DE MILLONES DE DÓLARES A LOS ARGENTINOS”. El 28 de ese mismo mes, luego del allanamiento al secretario privado de Macri, Darío Nieto, se manifestaron “UNIDOS EN DEFENSA DE LA VERDAD Y LA TRANSPARENCIA” y dijeron que “mientras la sociedad está angustiada por la pandemia, un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político, con el aparente objetivo de conseguir impunidad”. Ese comunicado salió con tal apuro que tuvieron que agregarle luego algunas firmas que faltaban.
Una semana después, el 4 de julio, cuando se encontró el cuerpo sin vida de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de Fernández de Kirchner, denunciaron “UN CRIMEN DE EXTREMA GRAVEDAD INSTITUCIONAL” y pidieron que “por la posible conexión de su muerte con delitos federales, la investigación pase a la órbita de la justicia federal”. Ningún elemento entonces, ni después, apuntó en ese sentido. A partir de ese documento, que fue publicado por un sector de la coalición de manera inconsulta, se adoptaron nuevos mecanismos para consensuar el contenido de los comunicados de ese calibre. Ello, sin embargo, no significó una merma del caudal de los textos.
“NOS OPONEMOS AL AUMENTO DE MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA”, el 28 de julio, cuando el presidente convocó a una comisión de expertos para que sugiriese cambios que mejoraran el funcionamiento del Poder Judicial. “MORATORIA SÍ, IMPUNIDAD NO”, el 29 de julio, pidiendo que ciertas empresas no sean alcanzadas por ese beneficio aprobado por el Congreso. “REFORMA JUDICIAL, UNA REEDICIÓN DE LA PROPUESTA DE LOS 90”, el 3 de agosto. El 7 de septiembre pidieron “DIÁLOGO PARA RETOMAR LA SENSATEZ Y LA CORDURA INSTITUCIONAL”. El 26 de octubre, en respuesta de una invitación al diálogo, aclararon: “JUNTOS POR EL CAMBIO, CON LA CONSTITUCIÓN”.
Cuando la Corte Suprema de Justicia decidió permitir que los jueces trasladados de manera ilegal por Macri permanecieran en sus cargos hasta que no se hagan nuevos concursos, la oposición no se mostró contenta. “JUNTOS POR EL CAMBIO FRENTE AL FALLO DE LA CORTE Y EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN”, es el título del comunicado del 5 de noviembre, donde dicen que la decisión del máximo tribunal no los satisface y alertan “sobre la gravedad que implica que el oficialismo pretenda modificar las mayorías necesarias para elegir y destituir al Procurador General de la Nación”. Si Elisa Carrió encontró en esa opinión una causal del juicio político, como ahora, no lo dijo.
El mismo día publicó otro texto, rechazando la posibilidad de modificar el régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “LAS DECISIONES ELECTORALES NO PUEDEN SER UNILATERALES”. El 16 de noviembre también publicaron dos comunicados en simultáneo. En el primero, anunciaron que “JUNTOS POR EL CAMBIO DEFENDERÁ SU FÓRMULA JUBILATORIA EN EL DEBATE PARLAMENTARIO”; en el segundo insistieron con que “DEJAR DE LADO LAS PASO ES SER FUNCIONAL AL GOBIERNO DE TURNO”. El 1 de diciembre salieron a defender a Rodríguez Larreta: “JUNTOS POR EL CAMBIO ALERTA SOBRE EL AVASALLAMIENTO DEL GOBIERNO NACIONAL A LA CIUDAD”.
El 8 de diciembre, dos días antes de cumplir un año en la oposición, comunicaron su balance, bajo el título de “UN AÑO DE FALSAS PROMESAS”. Finalmente, este lunes 14 emitieron su último documento por ahora, en respuesta a la carta de CFK: “LA MESA NACIONAL DE JXC SEÑALÓ QUE EL ATAQUE A LA CORTE ES UN GOLPE A NUESTRA CONSTITUCIÓN”, en el que dicen que “La carta de la vicepresidenta de la Nación, avalada por el presidente, es un intento de cambio del sistema constitucional de división de poderes por un sistema de reforma constitucional que rompe definitivamente el sistema republicano”; sea lo que sea que eso signifique.
Nada indica que la tendencia vaya a cambiar pronto ni que la virulencia de esos textos vaya a atenuarse. Por el contrario, en las últimas reuniones plantearon esperar a después de las vacaciones (prioridades son prioridades) para retomar la agenda de movilizaciones contra el gobierno. La consigna, preclara, será repudiar un eventual fraude a partir de la designación de Alejo Ramos Padilla como juez electoral bonaerense. Una estrategia calcada a la de Donald Trump, que anticipó irregularidades en las elecciones norteamericanas meses antes de que sucedieran. Alguien debería avisarles que no tuvo éxito: ayer Joe Biden confirmó el voto de los electores necesarios para asumir la presidencia el próximo 20 de enero.
Cerrar sesión