Irurzun protege a ex funcionarios macristas y va contra recomendaciones del GAFI

Que el Poder Judicial es rápido para resolver algunas cuestiones y perezoso para otras no es novedad. En este caso, una sola persona logró aunar ambas posiciones. Se trata del camarista Martín “Doctrina” Irurzun, tristemente célebre por ser una de las caras más visibles del lawfare en la Argentina gracias a la creación de un sistema de automáticas prisiones preventivas contra ex funcionarios del gobierno kirchnerista. Si bien fue rápido para esas decisiones, en este caso optó por ralentizar una definición clave para resolver una de las pesquisas que más preocupan a Mauricio Macri, la famosa “causa peajes”. El viernes 22 de enero, la Sala de Feria de la Cámara Federal porteña, a cargo de Irurzun y Mariano Llorens, no hizo lugar a un pedido de las querellas para embargar e inhibir bienes de las compañías investigadas, desoyendo recomendaciones expresas de organismos internacionales. Esto podría empujar a la Argentina a ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esa categoría identifica a países con deficiencias estratégicas en sus sistemas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo pero que elaboraron un plan y adquirieron un compromiso para superarlas.

El año pasado, en su rol de querellantes, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalía solicitaron embargos preventivos e inhibición de bienes de las empresas implicadas para recuperar los 744 millones de dólares que le corresponden al Estado argentino. Se trata de Autopistas del Sol (AUSOL), Grupo Concesionario Oeste (GCO S.A.) y su controladora Abertis Infraestructuras S.A. Sin embargo, Irurzun y Llorens no encontraron peligro en la demora para dictar estas medidas preventivas. Llamativamente, Irurzun no demostró la misma celeridad de su “Doctrina” cuando los sujetos investigados son funcionarios macristas.

La causa preocupa mucho a Macri, cuya familia fue parte de una de las compañías implicadas, y tiene como principales investigados a Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte, Nicolás Dujovne, de Hacienda, Javier Iguacel, de Vialidad y Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro. Los ex funcionarios fueron denunciados por los diputados Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto, Adrián Grana y Rodolfo Tailhade por irregularidades en la renegociación de contratos de concesión los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018. Irregularidades que beneficiaron a las empresas en detrimento del Estado nacional.

En diciembre de 2015, cuando las concesiones estaban próximas a vencer, la controladora Abertis inició una demanda ante el tribunal internacional CIADI. Los denunciantes aseguraron que se trató de una puesta en escena para conseguir ganancias extraordinarias y los funcionarios del Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad le otorgaron prioridad. El 4 de julio de 2016, el entonces administrador general de Vialidad, Javier Iguacel, ordenó la inmediata renegociación de los contratos mediante la resolución DNV 886/16. El trámite derivó en la extensión de las concesiones hasta 2030 y el reconocimiento de los reclamos empresariales por un monto de 744 millones de dólares entre ambas. Además, el Estado definió dejar de lado millonarios reclamos contra las compañías por el incumplimiento de inversiones pactadas.

Cual genio de la lámpara, el Estado macrista cumplió el deseo de las empresas, renegoció sus contratos y los diputados denunciantes advirtieron por la falta de un proceso licitatorio. Este es un requisito fundamental pero el Ministerio de Economía no intervino, no se hicieron tasaciones por parte de la Administración Pública y se tomaron como válidas las sumas que presentó la compañía ante el CIADI. Una suerte de fe ciega.

Las empresas recibieron grandes beneficios por estas maniobras, pero también la familia Macri. Es que antes de asumir Cambiemos, en enero de 2015, las acciones de AUSOL valían $ 4 pero el 10 de diciembre, cuando Mauricio se convirtió en presidente, pasaron a costar $ 14,50. Esto permitió que el Grupo Macri, mediante SIDECO AMERICANA, vendiera su parte de AUSOL a $75,50 por cada acción, con una ganancia del 1888 %. Su compradora fue NATAL INVERSIONES, una firma que no registraba antecedentes en la explotación de obras viales. O tenían la bola mágica para saber que sería un gran negocio o les pasaron información desde adentro, ya que una compañía dueña de una concesión a punto de vencer no pareciera ser el negocio más seguro de todos.

Por esa jugada millonaria, la querella pidió inhibir y embargar bienes algo que la Sala de Irurzun rechazó. Esa misma Sala fue la que revocó los procesamientos de Dietrich, Dujovne, Iguacel y Saravía Frías el año pasado. Una medida de este estilo tiene la finalidad de impedir que vendan esos bienes, que se declaren insolventes y, eventualmente, si son condenados, que se aseguren los bienes con los que van a responder por esos delitos.

Sobre el futuro de la causa, Tailhade explicó a El Destape que ahora las indagatorias tendrán que tomarse nuevamente porque la Cámara las anuló, junto con los procesamientos de funcionarios M, y que el juez tiene dos escenarios: o cerrar la causa y hacer como que no pasó nada, o accionar de nuevo las diligencias anuladas. En este caso las indagatorias pendientes que nunca se concretaron, si es que corresponde, y las canceladas que tienen como protagonistas a los ex funcionarios macristas.

Otra de las opciones, ya como una cuestión de política estratégica por parte del gobierno, podría ser poner en cuestión las prórrogas irregulares de las concesiones porque la Justicia, al anular las indagatorias y procesamientos, no dijo que no había delito sino que no se cumplieron ciertas garantías procesales. “Están investigando la prórroga de una concesión que en principio es delito”, dijo Tailhade. Mientras tanto, las empresas no sólo continúan haciendo usufructo de las mismas sino que también tienen reconocida una exigencia millonaria por parte de la gestión macrista. Además, no sería una jugada alocada dado que la sociedad VIARSE, creada por Cambiemos dentro de Vialidad Nacional para eludir la burocracia estatal, está recuperando concesiones vencidas en distintos lugares del país.

Por otro lado, según especialistas en materia de lavado de activos, la resolución desoyó expresas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) justo en un momento clave para nuestro país que está en proceso de evaluación por parte del GAFI. Según los lineamientos mundiales, los países tienen que adoptar medidas que permitan congelar, incautar y decomisar bienes lavados, producto de o instrumentos en o destinados al uso de delitos de activos. Y la Justicia debe cooperar.

La evaluación se realiza en base en los últimos cuatro años, tres de Mariano Federici y uno de Carlos Cruz. Esta decisión de la Justicia podría repercutir negativamente en las responsabilidades internacionales de la Argentina por lo que no se descarta un nuevo recurso de Casación por parte de la UIF y la fiscalía interviniente.