Las internas están que arden. Fotos censuradas y un panorama que se complejizará cuando, a partir del lunes, se empiecen a definir las nuevas posiciones de los dialoguistas en su relación con el Gobierno nacional. Los jefes provinciales volvieron a alzar la voz por las deudas que mantiene la administración central, puntualmente con las jubilaciones, pero su vínculo con la Casa Rosada no se verá manchado, al menos de momento.
Durante el debate de la ley Bases y el paquete fiscal, de filas boina blanca salió una advertencia. Se denunció que su jefe de bloque, el que dijo acompañar pese a que el gobierno los tilda de “degenerados fiscales”, intentó dar indicaciones para que el área de comunicación de la Cámara de Diputados saque fotos solo de los legisladores de su sub-bloque amigable. En ese espacio parlamentario, conviven dos armados: por un lado, los combativos identificados con Facundo Manes y, por el otro, los que, aún con objeciones, aportaron más voluntades positivas que negativas. “Está todo roto”, sostuvo una fuente centenaria para referirse a la interna.
El sábado, en Santa Fe, habrá un plenario de organizaciones radicales y se espera la concurrencia de alrededor de 300 dirigentes de todo el país, incluidos algunos diputados. Empezó a ganar conocimiento, en ese círculo, la aparición de Refundación, una nueva corriente dentro del partido que se diferencie de los bondadosos con el gobierno. El próximo desafío parlamentario de la UCR será el 3 de julio, cuando se desarrollará o no la sesión pedida por el espacio para el financiamiento educativo. Suceda en esa fecha o se postergue – con la intención de darle tiempo al gobierno de gestionar con sus nuevas herramientas -, se abrirá el período de una nueva agenda opositora.
El PRO tendrá el martes que viene, como todas las semanas, su reunión de bloque. La particularidad de esta es que se empezará a debatir qué actitud tendrá la fuerza dentro del Congreso y los proyectos a impulsar. Quedó claro que quieren insistir con Ficha Limpia y Boleta Única. El bullrichista Damián Arabia presentó, en las últimas horas, un proyecto para encarcelar a quienes se manifiesten en el Congreso.
La iniciativa busca reprimir “con prisión de uno a diez años” a los que “susciten actos vandálicos o tumultos” en el Congreso con la intención de alterar “el normal desarrollo del proceso político institucional democrático”. En el texto, se extiende la pena a los legisladores, al indicar que le corresponderá la misma sanción “al integrante del poder constitucional violentado que incitare dichas acciones”. Este será uno de los proyectos que él buscará impulsar en la nueva etapa, al igual que la ley Conan. Una agenda vinculada a los intereses de la Rosada.
Cuando se tenga que pulir la postura, aparecerán las diferencias porque el sector de Arabia no quiere exactamente lo mismo que el de Cristian Ritondo, referenciado en Mauricio Macri. Ambos espacios internos están enfrentados, puntualmente en Buenos Aires, por la conducción del partido y por la relación que tendrá éste con el gobierno a partir de ahora.
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La profundización de las diferencias y la interna podría llegar en cuestión de días. El macrismo empezó a llamar, aunque no de manera oficial, a un encuentro para formalizar la conducción de la Asamblea partidaria el 4 de julio. Mauricio Macri le prometió esa silla a Patricia Bullrich pero hay dudas sobre si cumplirá o no con ese pacto. Según se denunció, el presidente del PRO está invitando sólo a los asambleístas propios, pagando los costos del traslado, ya que vienen de todas las provincias, pero no a los bullrichistas. A ellos no les llegó notificación, pero se enteraron. No gozan de los gastos pagos.
La gran incógnita es qué pasará con la ministra si, efectivamente, Macri incumple su acuerdo y propone a otra figura para la silla de la Asamblea. El bullrichismo quiere patear esta discusión lo más que pueda, su intención es evitar discusiones políticas de “casta” mientras la microeconomía esté mal. No es un año electoral y a la gente le va a caer mal una confrontación semejante.
En esta danza de definiciones, también bailan los gobernadores. Rogelio Frigerio (PRO), de Entre Ríos, Maximiliano Pullaro (UCR), de Santa Fe y el cordobesista Martín Llaryora firmaron un acuerdo conjunto para abordar, en grupo, la problemática del financiamiento nacional a esos distritos, puntualmente el referido a las cajas jubilatorias.
De momento, no se avanzó en futuras medidas, sólo en explicitar la “voluntad de construir instancias de diálogo” e insistir con los reclamos particulares de cada una de las provincias. Frigerio, en abril, fue a la Corte Suprema para reclamar por la deuda que Nación tiene por la Caja de Jubilaciones, las regalías y excedentes por la represa hidroeléctrica de Salto Grande. La primera, asciende a 154.000 millones de pesos y la segunda alcanza casi los 4.000 millones de pesos.
El entrerriano, puntualmente, no tiene previsto que este conflicto cambie su relación con el gobierno. Estuvo, el miércoles con Luis Caputo, ministro de Economía, a quien le planteó el inconveniente por la deuda y le pidió un esquema de pago hacia atrás, además de un cumplimiento del flujo financiero hacia adelante. En Córdoba, existen dos planteos ante la Corte que fueron presentados por el ex gobernador Juan Schiaretti hace más de un año. No hay expectativas de una pronta resolución, por lo que los esfuerzos están enfocados en las negociaciones políticas.
Santa Fe tienen distintos planteos. Uno se inició a finales de la gestión anterior, se hizo por 400 mil millones de pesos pero el gobierno actual considera que la suma es mayor. La otra presentación apunta directamente contra el decreto 280/24 de Javier Milei, que directamente elimina las transferencias jubilatorias a las provincias.
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