La estrategia de Juntos por el Cambio para encarar las sesiones extraordinarias

Ingresó el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se hizo el llamado a sesiones extraordinarias y ahora empezará el verdadero juego, el del debate político en torno a este y 26 temas más que envió el Presidente al Congreso para su tratamiento durante el verano. Juntos por el Cambio se mantendrá firme en su postura de no contribuir a la habilitación de ningún debate pero participará en caso de que el oficialismo logre los números mágicos en cada una de las instancias. El costo político, la estrategia ante las acusaciones del Frente de Todos y la intención de no regalar el escenario para el montaje de un show unilateral.

Como ya lo definió la mesa nacional de la alianza, la oposición no estará para dar quórum en comisión ni en el recinto pero participará una vez habilitado el debate. El domingo pasado, a las 19:30, hubo una reunión por Zoom de la que formaron parte los legisladores que protagonizarán la discusión en estos 60 días, pero sólo sirvió para garantizar el compromiso de los 14 bajo una misma postura. Eso quedó confirmado. Por ahora, no se agendó otro encuentro pero no se descartaba que pudiera ocurrir esta semana.

Durante el debate, Cambiemos planteará que el Gobierno optó por iniciar un juicio político a los magistrados supremos porque no compartió el fallo del máximo tribunal referido al Consejo de la Magistratura ni tampoco la cautelar por los fondos coparticipables. Por lo tanto, en JxC no encontraron un motivo para acusar a los jueces por “mal desempeño” e invalidaron los presuntos chats entre Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, funcionario de Larreta y mano derecha de Horacio Rosatti respectivamente, por tener un origen “ilegal”. Estos documentos fueron incorporados al texto del Frente de Todos y formarán parte de la discusión.

Para la oposición, la Corte falló sobre estos tópicos porque tuvo que resolver las dificultades que la política no pudo subsanar. Puntualmente, sobre la cuestión de la coparticipación, porque el máximo Tribunal intercedió una vez que, después de dos años de reuniones, la Ciudad y la Nación no pudieron ponerse de acuerdo. En el caso del Consejo de la Magistratura, porque el Poder Judicial dio un plazo de 180 días para emitir una nueva ley y no se lograron los acuerdos parlamentarios.

Mientras dure el juicio político, toda propuesta será materia de debate. La alianza propondrá invitados, que se darán a conocer una vez convocada la comisión, para validar su postura y probablemente también pueda llegar a pedir la reducción de los testigos llamados por el Frente de Todos que, sin contar a los cortesanos, ascienden a 35. Pero eso deberá someterse a un sufragio interno y el oficialismo es mayoría.

Por otro lado, llamó la atención, después de la advertencia de Juntos por el Cambio, el envío de un total de 27 proyectos de ley a tratarse durante el período extraordinario.

Con la certeza de que la alianza no dará quórum para habilitar los debates, el Gobierno decidió avanzar, de todos modos, con temas importantes como la moratoria previsional, la creación de universidades, el alcohol cero al volante, cuestiones vinculadas a la salud y textos económicos para el desarrollo de ciertos sectores. Ninguna de esas iniciativas contará con la ayuda de la oposición para comenzar a debatirse. Eso quedará en manos del Frente de Todos y su capacidad para conseguir voluntades independientes a la grieta.

Esa jugada del oficialismo fue, lisa y llanamente, una estrategia política. Enviar textos que puedan movilizar a distintos sectores y culpar a Cambiemos por la falta de respuestas a las demandas de los mismos al no colaborar para habilitar los debates. Si las 800 mil personas que no completaron los años de aportes no se pueden jubilar, culpa de la oposición. Si los jóvenes quieren estudiar una Carrera universitaria en sus provincias y no lo pueden hacer, culpa de la oposición. Si la inseguridad vial producto del consumo de alcohol continúa, culpa de la oposición. Misma lógica para los 27 proyectos incorporados en el temario. Y esto lo sabe JxC.

En general, la respuesta opositora a esa jugada oficialista se mostró, desde las distintas tribus, bastante similar y cerrada. Desde el radicalismo oficial, por ejemplo, se habló de maniobras distractivas por parte del Gobierno porque empezó “la campaña y van a la guerra”, sin preocuparse por llevarse “todo puesto”. O sea, una suerte de provocación y del inicio del juego sucio en año electoral. La gran pregunta es cómo reaccionará la alianza frente a esa estrategia del FdT y cómo contrarrestará, desde el discurso, las acusaciones. Sin contar, por supuesto, el posible costo que podrían llegar a pagar en la carrera a las urnas.

Sobre lo primero, la respuesta al enorme paquete de medidas y su previsible bloqueo, la reacción pasará por dar vuelta el escenario y culpar al Gobierno. Como si se tratara de un juego de niños, habrá señalamientos en todas direcciones para intentar delegar responsabilidades. Así, si los textos no logran avanzar, será culpa de Todos por no conseguir el quórum. Entonces, si el oficialismo no alcanzara el número, la debilidad radicaría en el discurso confrontativo que rompió los puentes de diálogo.

Además, se mostró una tranquilidad asombrosa frente a este escenario. Una importante fuente PRO aseguró que “la moratoria no tiene ninguna necesidad porque hay otras herramientas” para saldar la demanda de ingresos en edad jubilatoria y que, por otro lado, una parte mayoritaria de Cambiemos ya había decidido votar en contra de la creación de universidades. Por lo tanto, los proyectos no revistieron interés ni cargo de conciencia en sus filas. Por eso, la misma fuente aseguró no ver un costo electoral por bloquear el debate parlamentario de estas iniciativas no vinculadas al pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte.

Martín Tetaz, diputado de UCR Evolución, también adoptó una línea similar a las esgrimidas. En detalle, explicó a El Destape que, durante el último año, el kirchnerismo adoptó un sistema de trabajo parlamentario corporativista, concentrado en uno o varios grupos de interés reducidos, minorías ruidosas que participaron de los debates, tanto en las calles como con presencia en los palcos del recinto.

Ese esquema se repetiría en este llamado a sesiones extraordinarias para presionar a la alianza por no dar quórum. Sin embargo, la resistencia cambiemita se mantendrá y el legislador rechazó la posibilidad de sumar número para habilitar los debates porque el país atraviesa un contexto en el que se puso en “discusión la división de Poderes y el funcionamiento de la República”. Por lo tanto, no deberían discutirse otros asuntos antes de saldar la cuestión básica y estructural de las instituciones.

De este modo, coincidió con la fuente PRO en que no habría riesgo, desde el punto de vista electoral, porque los proyectos sociales o “reales” se mostraron acotados a sectores puntuales, sin contener a la mayoría de la población al no resolver la inflación, la creación de empleo formal o el conflicto de la vivienda en el sector de los alquileres.

El planteo se mostró similar al de otro diputado macrista, parte de la comisión de juicio político, que reivindicó la decisión de no dar quórum porque, según su análisis, el objetivo último del FdT radicó en modificar cuestiones vinculadas al Poder Judicial (Procurador, Consejo de la Magistratura, aumentar miembros de la Corte y juicio político), con textos “adorno” en el medio para fingir preocupación “por los problemas reales de la Argentina”. Pero aseguró que, en caso de conseguir el número para habilitar los debates, la oposición asistirá.

Al no notar un riesgo electoral ni social frente a la postura del bloqueo, la alianza se mostró visiblemente tranquila y cómoda en la posición elegida para afrontar estos meses de confrontación directa entre los dos modelos. Pero si llegara a existir la posibilidad de un costo electoral, estarían dispuestos a pagarlo “porque hay que defender el sistema republicano por encima de todas las cosas”, aseguró Tetaz quien agregó que la mayoría de los temas incluidos en las sesiones extraordinarias no revisten carácter de urgencia ni de gravedad institucional por lo que podrían abordarse en el período ordinario, con más tiempo.