El diputado nacional del PRO Juan José Miguel Aicega quedó en la mira del Comité de Prevención de Lavado de Activos del Banco Provincia porque depositó casi $15 millones de pesos en efectivo en su cuenta bancaria sin tener un respaldo que justifique el origen de los mismos. Sus ingresos como legislador nacional no alcanzan para argumentar semejante ingreso de dinero y utilizó un instrumento legal para intentar darle cierta cobertura a la maniobra con una empresa de la que es socio.
Aicega integra el bando de Emilio Monzó, un espacio interno dentro de Juntos por el Cambio que aún no logró su lugar en la mesa nacional pero ya tiene habilitada la puerta para disputar una PASO y presentarse en las elecciones 2021. En sus redes sociales, el diputado oriundo de Mar del Plata se encargó de difundir la aparición pública de Monzó, que buscará encabezar la lista alternativa en la alianza opositora.
El mandato de Aicega vencerá este año, dado que asumió en 2017, por lo que se trata de una elección particular que lo encontrará un poco por fuera del aparato cambiemita. En medio de la contienda, se encendieron las alarmas sobre su persona porque depositó en su cuenta bancaria, en efectivo, la suma de $14.629.487. Ese dinero tuvo el destino de una cuenta judicial por $14.162.242. Se trata de una ejecución de sentencia de su ex esposa, Érica Andrea Van Haaster y, por lo que se desprende de informaciones públicas, podría tratarse de una disputa por la cuota alimentaria de los cuatro hijos que tienen en común.
El problema es que los montos declarados por el diputado no justifican el origen de esos casi 15 millones. Según documentos a los que accedió El Destape, Aicega posee una caja de ahorro en pesos abierta en Mar del Plata con un saldo de $112.815 al 22 de abril de este año y es titular de una cuenta corriente en pesos activada en la localidad de Balcarce hace casi 15 años con un saldo de $1.978 a fines de abril. Además, tiene una tarjeta de crédito con un límite de $28 mil y es apoderado en una cuenta corriente y caja de ahorro en dólares de Establecimiento La China S.A.
Las cuentas que posee no tienen los fondos suficientes para respaldar el depósito de casi $15 millones. Además, según la declaración jurada ganancial presentada por el año 2019, Aicega tiene ingresos de cuarta Categoría como funcionario público por $3.321.755 y un patrimonio neto – activos menos las deudas – de $3.249.749. Casi doce millones por debajo del ingreso de dinero en efectivo por el que es investigado.
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La operación
El 25 de noviembre del 2020, Aicega firmó un Contrato Mutuo, sin certificación de escribano, con el Establecimiento La China. Mediante este tipo de documentos, una parte le entrega a la otra dinero o cualquier cosa con el compromiso de que se la devuelvan en la misma naturaleza o una diferente acordada. En este caso, la empresa funcionó como acreedora y el diputado como deudor con un préstamo de siete millones de pesos pagados en efectivo al momento de rubricar el escrito.
Lo curioso es que el Contrato Constitutivo de Establecimiento La China S.A. fue celebrado el 7 de abril de 1995 y Aicega fue parte de ese acto junto a María Angela Gentile. Actualmente, ellos dos figuran como apoderados junto a María Cecilia Aicega bajo la categoría de “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados” con domicilio en Mar del Plata.
Según el análisis financiero, el préstamo debía ser devuelto en siete cuotas de un millón de pesos cada una con intereses compensatorios a tasa Libor. La primera vencerá el 26 de mayo. Unos meses antes de celebrar el Contrato Mutuo, el diputado recibió un pago de honorarios, también sin certificación de escribano, por sus tareas como abogado por la suma de siete millones de pesos. O sea, la mitad del dinero que necesitaba y que terminó de completar con el acuerdo con su propia empresa. En este caso, Aicega debería ser IVA Responsable Inscripto y no monotributista.
Si bien aún no se abonó la devolución, su pago también está en la mira porque el legislador percibe un sueldo mensual de $230.000 por parte de la Cámara de Diputados y como abogado está inscrito en la categoría F del monotributo que factura $ 1.043.696 de forma anual. De la misma manera, el Establecimiento La China S.A. tampoco demostró tener espalda para hacer un préstamo tan grande. No sólo tuvo pocos movimientos sino también una facturación anual no mayor a $4.900.000.
Con ese panorama de fondo, entre noviembre de 2020 – cuando se firmó y cobró el dinero por el Contrato Mutuo – y marzo de este año, la caja de ahorro en pesos de Aicega tuvo ingresos por $15.116.987, de los cuales casi la totalidad (97%) fueron depósitos en efectivo realizados por el propio diputado el 26 de noviembre el año pasado. El otro 3% restante - $ 487.500 – ingresó mediante una transferencia de Establecimiento La China en enero. El resto de los meses no hubo acreditaciones.
Esos fondos fueron retirados con velocidad. El movimiento más grande fue para abonar una libranza judicial vinculada a un conflicto con su ex esposa, fue por un total de $ 14.162.242. Luego hizo transferencias por $ 398.416, compras con tarjeta de débito por $ 199.044 y extracciones en efectivo de $ 170.000.
Expulsión de la Cámara
La situación puede complicar al diputado Aicega, cuyo mandato culminará el 10 de diciembre. Sin embargo, no es una cuestión unilateral ni rápida. Para determinar su expulsión por manejar grandes cantidades de dinero sin justificar su origen, el propio cuerpo legislativo debería pedir su continuidad en la banca o no.
Para ello, se debería crear una suerte de comisión de seguimiento del caso, con integrantes de todos los bloques, para tomar la decisión de separar o no al diputado en cuestión del cuerpo legislativo. Pero hacerlo no es potestad de la presidencia de la Cámara.
En las últimas horas, por ejemplo, estalló el caso de la diputada de la UCR, Estela Regidor, a quien se la acusó de quedarse con la mitad del sueldo de sus asesores. Ella decidió presentarse ante la Justicia y pedir licencia.
“Ahora sigamos y lo dejamos todo igual. El que no está de acuerdo me dice porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar $40.000 cada uno", se la escuchó decir en un audio. Ella manifestó que fue malintencionadamente editado y que la finalidad era donar dinero a personas en situación de vulnerabilidad.
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