Con cierta prudencia, los gobernadores de Juntos por el Cambio aguardan la llegada del jueves para encaminar una ardua negociación con la administración central que garantice un flujo de dinero para sus provincias y que le de al Ejecutivo las herramientas que considera clave para su gestión. El problema es que, en los últimos días, se sumaron dos nuevos conflictos financieros a esa relación tóxica: uno por las cajas jubilatorias y otro por la energía.
Las provincias pagan las jubilaciones de sus empleados públicos gracias a una caja financiada, principalmente, con los aportes de los trabajadores. Sin embargo, al no llegar a cubrir el 100% del dinero necesitado, el gobierno nacional completa los fondos. Desde que se inició esta gestión, el giro de dinero se cortó. Las provincias afectadas son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Este problema no estaba en la agenda de los diez gobernadores dialoguistas de Juntos por el Cambio que el viernes irán al Ministerio del Interior, en Casa Rosada, a negociar con Guillermo Francos y Nicolás Posse. Desde la cartera que mantiene el diálogo con las provincias todavía no tenían confirmadas todas las presencias, pero desde el entorno de algunos mandatarios se apuesta por que estarán todos.
El conflicto por las jubilaciones, generado por DNU, dio mala espina a la hora de encarar la negociación. El gobierno no se caracterizó, hasta ahora, por respetar todos los acuerdos y el uso de una herramienta tan unilateral, como lo es el decreto, encendió algunas alarmas.
Pese a ello, los gobernadores de Juntos por el Cambio, mayoritariamente, están a favor del Pacto de Mayo y de la ley ómnibus. Tal vez la diferencia fundamental pase por el capítulo fiscal, que es el que irán a escuchar el jueves.
Los mandatarios no tienen una posición uniforme sobre el financiamiento de las provincias. La gestión de Javier Milei pidió restituir el impuesto a las Ganancias – que el propio Milei votó eliminar hace unos meses – para coparticipar lo recaudado.
Algunos, como Alfredo Cornejo, de Mendoza, prefieren la coparticipación de otro impuesto, en este caso el PAIS, y la devolución del equivalente a lo perdido estos meses por la quita de Ganancias. En otras provincias, como puede ser Chaco y bajo el argumento de un territorio mal administrado, la restitución de Ganancias - u otro flujo financiero - ayudará a las cuentas públicas.
Para cualquier planteo se esperará al jueves. Lo cierto es que, en resumidas líneas, los mandatarios necesitan recursos. Las provincias se quedaron sin obra pública (algo que Francos se comprometió a revisar con los jefes del Norte pero, poco después, Milei festejó el fin de estas obras), sin fondos coparticipables, sin FONID para financiar la educación, con muchas dudas sobre el dinero para pagar jubilaciones y otro problema en puerta: la deuda con CAMMESA.
CAMMESA es la empresa mayorista de energía y empezó a enviar cartas a gobernaciones y cooperativas provinciales para reclamar pagos de importes adeudados. Pero, a diferencia de otras épocas, decidió avanzar con intimaciones judiciales contra las compañías locales de electricidad y también con el pedido de embargo de cuentas y bienes de provincias y municipios.
Desde el interior se vio este reclamo como un problema grande. Uno de los gobernadores de Juntos destacó que en el interior profundo el país paga mucho más de luz que en la zona del AMBA, y que esta decisión – acompañada por un incremento del costo del servicio – impactará en forma negativa.
Los gobernadores de Juntos por el Cambio mantienen diálogo entre ellos. Los mandatarios, en líneas generales, están todos conectados con grupos de WhatsApp de los 24 dirigentes distritales, pero también de la ex alianza fundada por Mauricio Macri y, por ejemplo, los del Norte.
Cada provincia tiene una situación particular que atender, por lo que la confrontación de unas u otras dependerá de la situación en la que se encuentre cada una. Por lo pronto, el nivel de conflicto ya no es el mismo que en enero o febrero, cuando se trató la ley ómnibus, pero algunos distritos tienen menos necesidades y más poder de maniobra que otros. Pero, además, algunos gobernadores tienen más tiempo que otros en el cargo. No es lo mismo Gustavo Valdés en Corrientes – transitando su segundo período – que Leandro Zdero en Chaco – el primero después de una larga época de peronismo -.
La estrategia de los mandatarios parece ser bien clara, también la del gobierno. Ambas buscan disputar el sentido, definir quién pone palos en la rueda y quién es el dueño de la buena voluntad. En una entrevista con CNN, Milei dijo que el fue con “buena fe” a hablar con los jefes provinciales y se encontró con la casta.
Los dirigentes del interior tienen una posición similar pero en sentido inverso. Con la intención de no resignar la economía de sus distritos, quieren negociar para darle las herramientas al gobierno. A lo sumo, si le va mal, será culpa de la administración central por no saber gestionarla pero no de ellos, que estuvieron allí para colaborar.
A eso se le suma otro nivel de complejidad: si a Milei le va bien, pese a todo pronóstico, el PRO quedará absorbido por La Libertad Avanza, algo a lo que se va a resistir un Macri, deseoso de recuperar terreno perdido en este tiempo.
Lo cierto es que, más allá de los palos públicos, se vio una luz al final del túnel. Tal vez el presidente acepte meterse en la política tradicional y, para ello, se puso el ejemplo del candidato a embajador en Israel, Simon Axel Wahnish, cuya designación vivió un momento de tensión en el Senado gracias a una observación de Martín Lousteau, que pidió explicaciones sobre el traslado de la embajada a Jerusalén.
En una entrevista con Jorge Fontevecchia, el senador contó que se reunió con la canciller Diana Mondino, quien le transmitió que no tomará decisiones que pongan en riesgo la postura argentina en el reclamo por Malvinas. “El contrapunto que hemos tenido para mí está superado”, dijo el presidente de la UCR. Esto se tomó como una concesión del Ejecutivo.