La interna radical en la provincia de Buenos Aires no baja la espuma y la Justicia resolvió rechazar una medida cautelar y un pedido de intervención de la Junta Electoral interpuestos por los apoderados de Gustavo Posse, el intendente de San Isidro y candidato del espacio retador. Además, confirmó que los resultados conocidos hasta el momento son provisorios, con un fin publicitario para satisfacer la necesidad de los afiliados de conocer al ganador de los comicios, en este caso, Maximiliano Abad. El conteo continuará y desde su sector aseguraron que estirarán la diferencia a más del doble, mientras que los del bando opuesto esperan achicarla para instalar la necesidad de negociar entre ambas ramas radicales.
Desde el sector de Posse destacaron que la Justicia reconoció que los resultados conocidos hasta el momento son provisorios, algo que nadie había negado hasta el momento, y recordaron el quid de la cuestión: según ellos, el comunicado que la Junta Electoral publicó el 22 de marzo y dio a Abad como ganador se hizo “sin haber terminado el recuento, ni haber recibido información de las juntas electorales locales, ni haberse reunido todos los miembros de la Junta”. El documento arrojó un resultado de 52% a favor de la lista Adelante Buenos Aires y 48% para Protagonismo Radical.
Por el lado de Abad celebraron el fallo de Alejo Ramos Padilla, el juez con competencia electoral en la provincia, y vaticinaron que la diferencia entre ambos candidatos se ampliará con el recuento definitivo, pasando de un 4,5% al 10%. Advirtieron que, para el bando Posse, el fondo de la discusión es el “cuánto”, por cuánto se perdió. Necesitan, analizaron, instalarse como una rama fuerte dentro del radicalismo con la cual hay que negociar. Pero, además, sumar delegados para elegir al próximo presidente del partido a nivel nacional, silla que quiere ocupar Martín Lousteau.
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Lo que está en disputa es la conducción de la UCR a nivel nacional para poder conquistar más poder y tener una herramienta clave para la negociación de cara a las elecciones del 2023. Actualmente, ese sillón está ocupado por Alfredo Cornejo, que se mantuvo al margen de la disputa pero que, si lo tienen que ubicar dentro de algún bando, está más cerca de Lousteau. Del otro lado hay figuras como Mario Negri, Gerardo Morales, diputados nacionales y legisladores provinciales, además de todo el aparato de Juntos por el Cambio que también levantó la copa en las internas de Córdoba pero perdió, como era estimado, en las de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión judicial
En su fallo, Ramos Padilla rechazó todos los pedidos del bando retador. En sus argumentos, sostuvo que deberían haber agotado toda instancia partidaria para, luego, ir a la Justicia y resolver la cuestión de fondo. Como eso no se hizo, dado que la primera presentación se realizó cuatro días después de los comicios, “la presente acción judicial resulta prematura e improcedente”, dijo el magistrado, porque recurrieron a la Justicia tan sólo 24 horas después de haber presentado impugnaciones que aún están sin resolución y dentro de los plazos estipulados.
En el documento de 17 páginas explicó que la medida cautelar solicitada para no innovar no tiene fundamentos ni relación con la existencia de algún tipo de irregularidad. “Sólo se sustenta en un relato de supuestos hechos acontecidos sin respaldo documental, ni invocación de derecho alguno conculcado, constituyendo una mera enumeración y descripción de distintas Resoluciones de la Junta Electoral -algunas de las cuales llegaron a ser revisadas por este Tribunal-, y que no sustentan ni se relacionan con las afirmaciones respecto de existencia de irregularidades que realizan”, explicó Ramos Padilla, y concluyó que “resulta improcedente” la intervención del órgano.
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Además, analizó que, de todo lo presentado ante su juzgado, “el hecho más gravoso que según entiende los afectaría en sus derechos -sin precisar cuáles serían estos derechos conculcados- sería que dicho órgano (por la Junta Electoral) efectuó un “comunicado” en el sitio oficial del Partido con los resultados del escrutinio provisorio que habrían cargado las propias Juntas Electorales Distritales” y que no hubo una reunión para ello. Para el juez, dicha comunicación no configuró una resolución del organismo susceptible de apelación dado que no se trató del resultado final del escrutinio provisorio por la existencia de impugnaciones interpuestas al mismo y que, al momento, están pendientes de resolución, cuyos plazos aún no están vencidos.
El pedido de intervención
El sector Posse había pedido una medida cautelar de no innovar “ante la inminencia de que pudiera proclamarse algún candidato sobre la base de certificados de escrutinio provisorio y consecuentemente el escrutinio definitivo, falsos” y solicitó que la Justicia “tome intervención a efectos de indicar la continuidad del proceso electoral, interviniendo la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires”.
Entre los argumentos expuestos por el bando retador, se sostuvo que los miembros de la minoría en la Junta Electoral no fueron informados de los resultados de los escrutinios provisorios en cada junta distrital, que les ocultaron datos, que los números conocidos hasta ahora sólo fueron publicados en un Google Drive y su veracidad es mera especulación, y que hubo parcialidad por parte del organismo para favorecer al oficialismo partidario.
La Junta Electoral está compuesta por miembros de las fuerzas internas en disputa. Existe una provincial y distritales en cada uno de los municipios. Estas son las encargadas de cargar los datos y las actas, según pudo saber El Destape, tienen la firma de todos y cada uno de los fiscales de mesa, sean oficialistas u opositores.
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