Los bloques que supieron integrar Juntos por el Cambio volvieron a encabezar una jornada de arduas y extensas reuniones con La Libertad Avanza para acercar posiciones. Después de las negociaciones iniciadas el lunes, en el sprint final del debate, se dividieron la tarde del martes para abordar distintos capítulos de la ley ómnibus para intentar cumplir con el deseo del oficialismo de acelerar el dictamen lo más posible y, tras él, la media sanción en Diputados.
En la mesa se pusieron la salud, la energía, la educación y la economía, pero no pareció agotarse el debate. Desde el gobierno les bajaron un mensaje claro respecto de uno de los temas centrales para la oposición y su voluntad de acompañar al mostrarse, en principio, en contra de aceptar fórmulas o indicadores que reemplacen a la movilidad jubilatoria que quieren eliminar. Una gran traba para cualquier intento de apoyo.
Los bloques buscaron llevar sus precauciones sobre este tema, la suba de retenciones y el blanqueo, pero también conversaron sobre la eliminación de la obligatoriedad de pasar por el Congreso para tomar nueva deuda. El oficialismo no apareció flexible en este punto.
La Libertad Avanza se comprometió a, como mucho el jueves a la mañana, responder los planteos hechos por las provincias con la intención de, todavía, dictaminar el jueves y sesionar el sábado. Una actitud precoz que no convence a todos.
La intención de los bloques dialoguistas parece bastante clara. Con una serie de observaciones sobre la mesa, quieren que el gobierno ceda en su pretensión de imponer reformas de raíz y permita la discusión política, con algunos ejes temáticos que puedan debatirse durante el período ordinario, otros que puedan trasladarse al tratamiento ordinario, a partir de marzo, y otros que salgan de carpeta.
Desde Hacemos Coalición Federal plantearon, en varias oportunidades, que el Ejecutivo debería limipar la ley ómnibus y dejar solo lo prioritario para esta etapa, lo que hace a la emergencia económica dado que a Javier Milei le interesa ese paquete de reformas. En un caso así, según sostuvo el diputado Juan Brugge, podrían abordar las herramientas que necesita el jefe de Estado para hacerle frente a esa situación con la intención de discutir el resto a partir de marzo.
En una línea similar se expresó la UCR. La diputada Karina Banfi, la segunda en la línea de conducción del bloque detrás de Rodrigo de Loredo, explicó en CNN que encararon la tarea “titánica” de diferenciar las “cosas urgentes inmediatas” que puedan llegar a acompañar de aquellas que necesitan “un tiempo más” para analizar su impacto en la sociedad, como los cambios al Código Civil y Comercial.
Con la intención de acercar posiciones, ya se hicieron algunos planteos de rechazo para allanar el camino. El ajuste a los jubilados no fue visto por buenos ojos por ninguno de los bloques de Juntos por el Cambio. Según detalló Juan Manuel López, legislador de la Coalición Cívica, porque el ajuste sobre ellos ya fue hecho.
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Por eso, como adelantó El Destape, la propuesta de la oposición es que el gobierno envíe, dentro de la ley, el nuevo mecanismo de actualización que le pelee a la inflación, como podría ser el indicador mensual del INDEC. Tampoco apareció como una solución viable el aumento desmedido y sin tope de tiempo de las retenciones.
Uno de los referentes de la negociación, Nicolás Massot, una de las figuras que estuvo detrás de la fusión de distintos bloques para conformar Hacemos Coalición Federal, resumió en pocas líneas las modificaciones principales para este sector que, en los últimos días, logró un trabajo de análisis conjunto con el PRO y el radicalismo.
En la lista negra aparecieron las facultades extraordinarias, que pidieron se reduzcan en plazo y modifiquen los requisitos para su prórroga. En lugar de dos años prorrogables por el presidente por otros dos, que sea un año con posibilidad de extenderse por un período similar pero con acuerdo del Congreso. También apareció el blanqueo, al que le observaron el alcance negando la chance de que funcionarios de gobiernos anteriores y “testaferros” puedan adherirse.
Además de las mencionadas jubilaciones y retenciones, desde el bloque se le sugirió al gobierno que busque recursos en los gastos tributarios de “tratamientos particulares de impuestos que le garantice al gobierno nacional y a las provincias el equilibrio fiscal que necesita para luchar contra la inflación”.
Más allá de los temas, otro factor apareció para introducir ruido, el tiempo. La intención del gobierno de avanzar lo antes posible con la media sanción no cayó simpática en todos los sectores y ya hay un grupo de diputados radicales que, incluso trabajando en el “semáforo” planteado por Juntos por el Cambio, no se mostró con intenciones de acompañar semejante velocidad pese a que se especula con que todo el bloque votaría, en general, de la misma manera para hacer observaciones en particular.
Para la UCR, el oficialismo no puede imponer en forma prepotente los tiempos sino que es necesario que haya un acuerdo. Por eso, no pareció acertado pensar en una sesión el fin de semana pero no se descartó la firma del dictamen esta semana en caso de que acepten las modificaciones, y empezaron a ceder para conseguir las firmas. Aunque esto también se vio difícil por la enorme cantidad de artículos a redactar.
Donde se empezaron a ver algunos chispazos fue en el PRO. Llamó la atención que Belén Avico, diputada electa por la lista de Patricia Bullrich, haya viajado a Punta del Este tan cerca de la fecha del debate. Poco cercano al ajuste que pregonan desde el gobierno y desde el sector que ella integra. Según publicó la legisladora en Instagram, fue invitada por Punta Tech Metió, un evento que reúne a empresarios y emprendedores de la tecnología.
Fuera de foco quedó el debate por el decreto de necesidad y urgencia que está vigente. Brugge aseguró que “la impresión mayoritaria” de Hacemos Coalición Federal “es el rechazo”, pero Massot no refrendó esta posición sino que manifestó la intención del bloque de “discutir el contenido” de esa herramienta presidencial y dejó la pelota del lado del oficialismo.
Para el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, la dilación en el debate forma parte de una estrategia del gobierno para estirar la vigencia del decreto, que no se caerá hasta que la Justicia lo declare inconstitucional o el Congreso lo rechace. Por eso, la comisión bicameral encargada de analizarlo no se conformó en Diputados – hay una puja por el número de representantes que debería tener el peronismo – y, por ahora, la única salida podría ser una convocatoria a sesión para tratar el DNU directamente en ese ámbito.
“Hay que llegar a 129 diputados y eso hay que construirlo”, sostuvo Arroyo en El Destape Radio. Según el diputado, por ahora no se lograron los números suficientes para ir a una sesion. La intención de los dialoguistas con el Gobierno es estirar lo más que se pueda esa instancia para, en marzo, encontrar a Milei con menos aceptación social y una necesidad mayor de negociar.
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