Doctrina Bullrich-Petri: los efectos de los anuncios en la UCR

“Desde que aceptó formar parte del gobierno, decidió caminar por el límite”. La frase corresponde a una figura del radicalismo y refiere a Luis Petri, ministro de Defensa, uno de los protagonistas de la jornada junto a Patricia Bullrich, por anunciar un paquete de siete leyes para modificar la normativa de seguridad interior, legalizar el gatillo fácil, criminalizar la protesta social y sancionar el bloqueo de comercios, entre otros puntos.

Los dos ministros son protagonistas de circunstancias particulares. Forman parte de la UCR y del PRO pero no ingresaron al gabinete en nombre de sus partidos sino a título personal, por lo que los anuncios y posiciones no necesariamente son compartidas por los partidos. De hecho, un dirigente muy crítico de ciertas posturas radicales se preguntó por qué todavía Petri sigue dentro del espacio y no fue expulsado. Martín Tetaz, un poco cansado de los sommeliers de afiliaciones, anunció que presentará un proyecto para que la desafiliación sea un trámite sencillo y online para que cada uno decida dónde ubicarse.

Horas después de haber conocido la denuncia de H.I.J.O.S sobre la aberrante intrusión, abuso, golpiza y amenazas sufridos por una militante de la agrupación, el Gobierno decidió anunciar el endurecimiento del accionar de las fuerzas de seguridad. Actitud que avaló el presidente al compartir la posición de un usuario de X en favor del “acribillamiento” de “delincuentes”.

Bullrich y Petri anunciaron una “ley antimafias” para compartir las penas entre todos los miembros de una “organización”, incautar mercadería, hacer rastrillajes, interceptar llamados, realizar detenciones por averiguación de delitos y colocar retenes. También, una ley de reiterancia, un registro de ADN para condenados por delitos sexuales, aumento de penas para quienes organicen movilizaciones, la promoción del gatillo fácil e impunidad a efectivos de las fuerzas, penas para hacer frente a delitos contra la autoridad y sanciones a bloqueos, algo dirigido a las medidas de fuerza por despidos.

Esos proyectos tendrán que pasar por el Congreso y, en principio, no pareciera haber una recepción indiscutida. En el PRO la situación aparece más sencilla ya que, en líneas generales, garantiza el acompañamiento a las medidas anunciadas por quien fue su presidenta y pata activa en el gobierno. Pero la UCR ya mostró cierta cautela y, en algunos casos, un rechazo firme.

Desde una de las bancas boina blanca se esgrimió la carta de la prudencia hasta tanto se conozca la letra de cada uno de los proyectos dado que, por lo visto hasta ahora, el gobierno suele anunciar mucho pero, en los hechos, también acostumbra ir en contra de lo publicitado o incluso de lo acordado. Claramente la confianza no es algo que se haya recuperado en la relación.

La interna radical, al desnudo

La UCR no es un espacio homogéneo ni mostró una actitud uniforme durante los dos debates más candentes, el de la ley ómnibus en Diputados y el DNU en el Senado. En ambos, hubo diferencias. Como resultado, el clima está “picante” y probablemente vuelva a haber fisuras cuando el decreto llegue a la Cámara Baja. Algunos hubieran preferido que pase por la comisión pero, de no hacerlo, el rechazo aparece tentador.

En esa dinámica interna, Martín Lousteau cobró protagonismo al enfrentarse abiertamente con el gobierno. El presidente del Comité Nacional de la UCR votó en contra del DNU en el Senado y cuestionó la política educativa del Ejecutivo luego del lanzamiento de los vouchers para las escuelas privadas.

También dejó en evidencia a Axel Wahnish, propuesto como embajador argentino en Israel, que no pudo responder, en la comisión de Acuerdos, si la decisión de Javier Milei de mudar la embajada a Jerusalén se basó en algún dictamen de Cancillería y si tuvieron en cuenta el antecedente por la cuestión Malvinas. Tuvo que presentar un proyecto de declaración ante la falta de respuestas.

Probablemente, el paquete de defensa y seguridad presentado por Bullrich y Petri traiga otras discusiones internas en la UCR. Con la ley ómnibus, el radicalismo negoció para incorporar “bases” a la delegación de facultades en la materia porque no tenía límites ni alcances. Pero también dio libertad de acción a la hora de votar por ese capítulo. El fracaso del proyecto impidió llegar a tal instancia, pero lo cierto es que no hubo una postura única sobre el tema.

El diputado Pablo Juliano, que aportó su voto en contra en la ley ómnibus, enumeró tres puntos para tener en cuenta a la hora de embarcarse en el nuevo proceso anunciado por los ministros. Ante la falta de consultas durante varios de los debates más candentes, puntualizó la necesidad de abordar, en este caso, un análisis detallado con ronda de consulta con las fuerzas armadas y especialistas en la materia.

En segundo lugar, destacó una actitud repetida del gobierno, la de los “anuncios a flor de piel” y de “un rigor sospechoso”. Para el diputado, el Ejecutivo persigue un efecto sensacionalista cuando, en este debate puntual, debería primar la idea de “que los argentinos podamos vivir en paz”. Finalmente, sostuvo que el problema “del narcotráfico no debe caer en banderías partidarias, y no lo podemos pensar de manera liviana, nos tiene que encontrar con una mirada aguda, madura y de sentido común”.

Fernando Carbajal, diputado de la UCR, fue un poco más fuerte en su primera impresión. Para él, los anuncios son “una porquería, poco serios y demagógicos”. Crítico de la gestión, del DNU y de la premura con la que quisieron tratar la ley ómnibus, el formoseño comparó las novedades gubernamentales con un sketch del Dúo Pardepe. “Petri capaz que estuvo afiliado. No me consta. Lo que es indudable es que es militante de La Libertad Avanza”, sentenció.

La discusión no es sencilla. Si bien las voces más críticas ven con dificultad que los proyectos prosperen en el Congreso, otras igual de críticas coinciden en que es necesario modificar la ley de seguridad interior, pero sin probar con recetas viejas que no funcionaron en otras latitudes del mundo.

El debate será muy profundo, no sólo por la cuestión política – más que de seguridad -, sino por la práctica. Se apuntó desde el radicalismo que para reforzar la seguridad interior hay que profesionalizar e invertir en las fuerzas de seguridad, pero no sacar a las fuerzas armadas de su ámbito natural, el de la defensa ante ataques externos. “No van a lograr mayoría para esto”, sostuvo un diputado que adjudicó las medidas a una suerte de pantalla para ocultar su ineficacia.

Desde el Senado y Santa Fe, Carolina Losada aportó la otra mirada. Para ella, los anuncios fueron una “gran noticia” porque no presentaron “tibieza” sino que van “de frente” para combatir al narcotráfico y dijo estar “ansiosa” por el tratamiento de los proyectos.