La exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y el ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, fueron denunciados por distintas contrataciones que se adjudicaron sin concurso a cuatro compañías publicitarias relacionadas con el gobierno de Cambiemos. El gasto implicó, cuanto menos, $ 291 millones provenientes del erario público
La denuncia, presentada hoy, fue impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodriguez, con el objetivo que se investiguen distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA.
La acusación es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales.
Según informó el sitio fiscales.gob.ar, la presentación se basa en una investigación preliminar desarrollada en el seno de la PIA, mediante la cual se pudo determinar que desde la Secretaría de Comunicación Pública (dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros) se habría gestado un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas.
El organismo infiere que las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación en el año 2015. Asimismo, habrían sido las encargadas de desarrollar la publicidad oficial de otros distritos gobernados por el mismo signo político, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López.
Para lograr la maniobra, los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial. Ésto se perpetró mediante el dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces vicepresidenta Marta Gabriela Michetti, motivo por el cual también se encuentra comprendida en la denuncia.
De acuerdo a la denuncia, para lograr la adjudicación directa de contratos millonarios a las empresas publicitarias vinculadas al partido, utilizaron un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA.
Así, las contrataciones se habrían adjudicado de modo directo, esto es, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado. También se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.
Además, la PIA sugirió la realización de distintas medidas probatorias tendientes a dilucidar la participación de personas físicas privadas y remarcó la aplicación de la ley 27.401 (de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas) a las sociedades anónimas contratadas.
Las contrataciones cuestionadas habrían significado la erogación de, cuanto menos, $291 millones provenientes del erario público. Intervendrán por sorteo el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, que encabeza Jorge Felipe Di Lello.
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