La designación de Martín Soria al frente del ministerio de Justicia no cayó simpática dentro de la alianza de Juntos por el Cambio, desde donde la calificaron como "poco auspiciosa" e incluso consideraron que esa cartera se "manejará de otro lado" con el objetivo de conseguir la "impunidad" de la vicepresidenta Cristina Kirchner, haciendo "lo posible o lo imposible" para lograrlo.
Este lunes, Alberto Fernández le tomó juramento como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos al abogado rionegrino Martín Soria, en reemplazo de Marcela Losardo. "Bienvenido Martin, una alegría que estés con nosotros. Antes de tomarte juramento quiero agradecerle muy especialmente a Marcela Losardo por el trabajo que ha hecho todo este tiempo. Es una entrañable amiga de muchos años y ha hecho un trabajo que exactamente tuvo que ver con lo que yo le pedí. Gracias a Marcela y sos muy bienvenido Martín", dijo el mandatario en el acto que se realizó en el Museo del Bicentenario.
Las distintas fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio manifestaron a El Destape su rechazo a la designación. Desde el PRO no sólo dijeron que las primeras declaraciones del nuevo ministro son "poco auspiciosas" sino que también "pareciera" que su gestión se encaminará a una "embestida" contra el Poder Judicial, aunque desearon equivocarse.
El radicalismo analizó que "Soria es otra victoria de Cristina Kirchner. No tenemos dudas que es un funcionario que seguirá la línea de embate contra la Justicia" porque "lo único que busca es lograr su impunidad. Hará lo posible o lo imposible para ello", aunque no arriesgaron jugadas para lograr ese supuesto objetivo.
Por su parte, la Coalición Cívica definió no manifestarse públicamente pese a que su referenta, Elisa Carrió, fue una figura que se concentró mucho en el Poder Judicial, sobre todo algunos funcionarios. Sin embargo, dijeron no tener demasiadas expectativas con la designación y arriesgaron que el Ministerio "se maneja en otro lado". Casi como si fuera la mesa judicial que Mauricio Macri usó para delinear los ataques contra los opositores, algo que consideraron sobrevaluado.
En Diputados estimaron que con Soria al frente de Justicia cualquier tipo de acuerdo será casi imposible, aunque sea para sólo tomar el té. Los poroteos indican que la posibilidad de destrabar el tratamiento de la reforma del Poder Judicial o la ley del Ministerio Público Fiscal está más lejos de concretarse que antes, durante la gestión Losardo. Como adelantó El Destape, la postura del interbloque opositor es no votar nada vinculado a este Poder del Estado, sean buenas o malas iniciativas.
"Cualquier proyecto relacionado a uno de los poderes del Estado tiene que salir luego de un debate acorde y producto del consenso. Sino termina siendo rehén de las mayorías de cada momento", dijo un referente del PRO a nivel nacional sobre el tratamiento de las iniciativas en el Congreso de la Nación.
La operación mediática
En las últimas horas, los medios de comunicación hegemónicos alineados con la oposición encabezaron una cruzada contra el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, al que acusaron de, mandado por Soria, atacar a los fiscales federales. El legislador descargó 100 formularios el viernes para pedir las declaraciones juradas de esos funcionarios judiciales correspondientes a los últimos cuatro años.
Sin haber iniciado el trámite, la información llegó a periodistas como Luis Majul y Daniel Santoro que cargaron contra el diputado. Hasta el lunes, los papeles seguían sobre su escritorio y desde su entorno entendieron que alguien filtró la intención de averiguar el patrimonio de los funcionarios judiciales, algo que debería poder hacerse sin problemas, como con el resto de la dirigencia política.
De todos modos, la embestida contra Tailhade fue sólo mediática. Los dirigentes de Juntos por el Cambio, de los tres partidos, aseguraron no tener demasiada información sobre el pedido de las declaraciones juradas y no tomaron una postura pública sobre el tema.
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