Organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales marcharon este miercoles en Jujuy contra la criminalización de la protesta social, que adjudican al gobierno de Gerardo Morales, y en demanda del cierre de todas las causas judiciales abiertas contra militantes y dirigentes.
La actividad tuvo como principal foco la "criminalización de la protesta social", luego de que el Ministerio Público de la Acusación inició de oficio una causa por extorsión contra las agrupaciones populares con allanamientos en los domicilios de varios dirigentes y sedes de las entidades.
"Tienen la pretensión de quebrar al movimiento obrero y al de los desocupados sobre la base de la represión y la criminalización que lleva adelante la dictadura de Morales", expresó hoy el dirigente del Partido Obrero y Frente de Izquierda Claudio del Plá, quien participó de la protesta por calles céntricas.
La marcha comenzó su recorrido por inmediaciones del estadio del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy y culminó en la plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno, donde se realizó un acto. Además, las organizaciones encuadraron su protesta en las demandas contra el "ajuste" planteadas a nivel nacional por Unidad Piquetera, que tuvo hoy como epicentro una movilización a Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires.
"Hoy tenemos un gran paro nacional de la docencia que es contra la criminalización pero también por las reivindicaciones y contra el ajuste", afirmó del Plá y añadió que "lo que demanda claramente esta movilización y el paro de la docencia es un paro nacional y un plan de lucha para quebrar el ajuste; con esas banderas venimos a Jujuy".
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El lunes pasado, un grupo de dirigentes sociales, sindicales y políticos de Jujuy presentaron ante la Justicia jujeña un pedido de "hábeas corpus" para que el sistema judicial y organismos del Estado provincial respeten las "libertades democráticas" y cese "la persecución ante cada manifestación de protesta". Se trata de un documento colectivo que cuenta con la adhesión de 25 activistas, los cuales fueron detenidos, tienen causas penales y fueron víctimas -según la denuncia- de "espionajes ilegales" por encabezar protestas sociales contra la gestión del Gobernador radical.
"Entendemos que hay cuestiones que vienen pasando y manejando con muchas irregularidades como ha pasado con los armados de causas en perjuicio de compañeras de otras organizaciones o la detención en marzo y abril de otros compañeros", le dijo a Télam Gonzalo Maurín, referente Nuestramérica Movimiento Popular de Jujuy.
Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP, afirmó que "lamentablemente, hoy no están garantizadas las libertades democráticas en esta provincia donde los hechos que están ocurriendo nos remiten a la época más oscura de la dictadura militar", entre las cuales enumeró: "infiltración a organizaciones sociales, allanamientos irregulares, detenciones arbitrarias, torturas"
"A esto se suma un hecho siniestro ocurrido la semana pasada cuando un grupo al grito de “policía” secuestró a uno de nuestros compañeros. Es muy grave lo que se está viviendo en Jujuy y viajamos para darle visibilidad, exigir que se restablezca el Estado de derecho y decirle a Morales que vamos a seguir peleando por una vida digna para las y los últimos de la fila aunque a él no le guste”, reclamó Sánchez.
En particular, hizo referencia a la investigación que lleva adelante el fiscal Diego Funes contra distintas organizaciones sociales y sus dirigentes de San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá y Calilegua, cuyas sedes y domicilios, 16 en total, donde funcionan algunos merenderos, fueron allanados de forma simultánea el 6 de julio pasado por efectivos de la Policía de la provincia. La medida fue ordenada por el juez de Control Rodolfo Fernández a solicitud del fiscal, tras denuncias de particulares en torno a presuntos delitos relacionados con los planes sociales. La manifestación de hoy reclamó también por la derogación del Código Contravencional contra la persecución política a los que protestan y mejores salarios para los trabajadores estatales y municipales.
"Pedimos que se respeten las garantías y derechos constitucionales que hay en la provincia de la mano del Gobierno y el poder judicial dado que esto no ocurre, se mantiene la persecución política con infiltraciones y espionajes ilegales", denunció Maurín.
Se movilizaron integrantes del Polo Obrero, Movimiento MTR 12 de Abril, Movimiento Territorial Liberación, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Organización Tupac Amaru, entre otras.
Respecto a la situación en Jujuy, a principios de año el diputado nacional Federico Fagioli presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para intervenir el poder judicial provincial. El proyecto lleva la firma de los diputados Verónica Caliva, Juan Carlos Alderete, Itai Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso, Natalia Souto y Eduardo Toniolli; y de la presentación participaron el dirigente social Juan Grabois, la legisladora porteña Ofelia Fernández, Sergio Maldonado, organizaciones de Derechos Humanos y, vía zoom, la dirigente jujeña, Milagro Sala.
Con información de Télam
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