La Confederación General de Trabajo (CGT) repudió la iniciativa del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para reformar la Constitución provincial y el decreto de esa administración que sanciona la protesta social. Advirtieron que acciones como esa "representan pensamientos vinculados con momentos históricos nefastos de la historia de nuestro país". También se sumaron al rechazo la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA), liderada por Juan Carlos Schmid, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Sergio Sasia.
"Iniciativas como las de Morales representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país, que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras, que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad, ni mucho menos por esta CGT", alertó la central sindical a través de un comunicado que lleva el título: "Rechazamos cualquier coacción estatal contra el legítimo derecho de expresarse de las y los trabajadores".
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Con este documento, la CGT rechazó y repudió "el decreto sancionado el 9 de junio por Morales, mediante el cual, pretendiendo garantizar los derechos de libre tránsito y circulación, veda y penaliza la manifestación popular y de los y las trabajadoras, cercenando la libertad sindical manifestada en el derecho humano legítimo de huelga reconocido y privilegiado en nuestra Constitución y en tratados internacionales vigentes y de cumplimiento obligatorio para nuestro país".
El decreto Nº 8464, firmado por Morales, de Juntos por el Cambio (JxC), se conoció en medio de las protestas que llevan adelante los trabajadores docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado. En su artículo 1º, el decreto plantea que "serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos".
"En estos casos, la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos", añade el decreto.
Para la CGT, "el uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia penal, como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
"Punir y sancionar con el código contravencional a quienes permanezcan en espacios públicos ejerciendo sus derechos constitucionales de protesta y huelga, y determinar el uso de las fuerzas de seguridad para desalentar tales manifestaciones sociales y sindicales, son medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra nación", remarcó la central que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano..
"Estas medidas -similares a otras que se sancionaron en otras provincias del país-, reflejan el pensamiento de un sector de la política argentina traducido en sendos proyectos de ley presentados en las Cámaras del Poder Legislativo Nacional, representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad, ni mucho menos por esta CGT", afirmó la CGT.
El Consejo Directivo Nacional de la central obrera instó a "todos los responsables políticos al cese de las medidas que tienda a criminalizar, restringir, limitar y cercenar los derechos de manifestación y huelga, instando a la derogación de toda norma que se contraponga con los principios constitucionales y humanos".
El repudio de la FeMPINRA y la CATT
En una carta firmada por Schmid, la FeMPINRA sostuvo: “La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina rechaza y repudia enérgicamente el Decreto emitido el pasado 9 de junio por el Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales”. Y añadió: “El mismo vulnera sin miramientos los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes y de cumplimiento efectivo y obligatorio en nuestro país”.
Por su parte, una nota firmada por el líder de la CATT, Juan Pablo Brey, criticó las menciones sobre "restablecer el orden en la República Argentina" y eliminar "la cultura de la impunidad que está imponiendo el kirchnerismo".
Así, aseguraron que los mismos son “un capítulo más en la competencia de esta danza política para ver quien se lleva el ‘premio al más duro’” y que “estas altisonantes expresiones, en línea con otros precandidatos, sólo exhiben la impotencia y la falta absoluta de ideas para resolver los problemas del país”. A lo que agregaron: “Cuando hablan de orden a los palos, hay que recordarles que en todo proceso democrático, son las instituciones y la supremacía de la Ley, quienes deben resolver los conflictos políticos y sociales”.
La CTA-A denunció a Morales ante la OIT
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA-A), que conduce Hugo Godoy, denunció este lunes al gobernador jujeño Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio (JxC), ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la "violación de convenios internacionales" en esa provincia, tras el decreto dado a conocer el viernes último por esa administración, en el que se sanciona el derecho a huelga y la protesta social.
La denuncia de la conducción de la CTA-A se concretó mediante una carta, que recogió Télam, al organismo internacional especializado en Trabajo de las Naciones Unidas en la que se solicitó la "inmediata intervención" al director general, Gilbert Houngbo, "tras las modificaciones que ha introducido el gobierno provincial en el Boletín Oficial para restringir el derecho constitucional de protesta y huelga". Con la firmas de Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y los secretarios de Relaciones Internacionales y Administrativo, Adolfo Aguirre y Daniel Jorajuría, el texto detalló los alcances del conflicto docente que registra la provincia de Jujuy y las "peligrosas consecuencias que pueden traer" las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley 5860 que castiga a quienes se manifiestan, con "represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones".
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