Kicillof, sobre el juicio político a la Corte Suprema: "Avanzó sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo"

El gobernador bonaerense junto al Presidente y otros 11 mandatarios provinciales pidió el juicio político de los cuatro jueces a quienes acusó a de asumir "funciones que no le son propias".

03 de enero, 2023 | 21.20

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que la Corte Suprema de Justicia "ha avanzado sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo" y acusó a los cuatro jueces que componen el máximo tribunal de asumir "funciones que no le son propias". Junto al presidente Alberto Fernández, Kicillof y otros 11 mandatarios provinciales firmaron una denuncia para impulsar el juicio político al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y a Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por "mal desempeño de sus funciones".

"Junto a gobernadores y gobernadoras nos reunimos con el presidente Alberto Fernández para elevar el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mal desempeño de sus funciones", señaló el mandatario bonaerense en su cuenta de la red social Twitter. En el posteo consideró que "la Corte ha avanzado sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, asumiendo funciones que no le son propias" y destacó que "ahora será la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación la que defina si da curso al procedimiento".

"Manifestamos una vez más nuestro rechazo al fallo que quita recursos de coparticipación fundamentales para el desarrollo de nuestras provincias y reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con el federalismo y la igualdad", completó Kicillof.

Qué dice el pedido de juicio político a la Corte

Las expresiones de Kicillof fueron acompañadas por el comunicado de Presidencia en el que se destaca que impulsar el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, "por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones previstas en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional". En el documento, además, se menciona que se procederá de igual manera con los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti; y le solicita al bloque de diputados del Frente de Todos que "apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación".

La presentación denuncia "una situación anómala" de uno de los poderes del Estado, que "arbitrariamente" invade "las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno". Por otra parte, se alude a la postura de la Corte respecto al Consejo de la Magistratura.

En ese sentido, el Presidente y los gobernadores acusaron a los magistrados de atestar un "grave ataque" al "sistema federal de nuestro país" con la sentencia favorable a la Ciudad de Buenos Aires respecto a la Coparticipación Federal, al que definieron como "arbitraria". Este fallo, señalaron, "pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  A su vez, en la denuncia se alertó sobre la filtración de presuntos chats entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y el empleado de Rosatti, Silvio Robles.

Sobre estas presuntas filtraciones, la denuncia alertó que "existe una espuria convivencia" entre el alto tribunal y supuestos fallos que "explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta". Poco después de que se conociera este texto, D'Alessandro anunció que dejará su cargo provisoriamente y que le había pedido una licencia por 60 días al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por otra parte, respecto al fallo de la Coparticipación, se señaló que la ley N° 26.854 sobre Medidas Cautelares dispone en su artículo 9 que los “jueces no podrán dictar ninguna" de estas decisiones "que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado”. Para los denunciantes, "no obstante, fue lo que ha ocurrido en el caso en cuestión".

Con información de Télam