El bloque de senadores de Juntos por el Cambio rechazó el juicio a la Corte y lo consideró "infame"

El interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio sostuvo que el pedido de juicio político a la Corte Suprema que impulsa el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores oficialistas es "infame" y apunta a "horadar la independencia de la Justicia". En un comunicado oficial, el interbloque adelantó que "ningún acuerdo será posible en el Congreso de la Nación si antes no se respeta, en los hechos, la plena vigencia de la Constitución Nacional".

El jefe de Estado firmó junto a once mandatarios provinciales un documento en el que anunciaron que procederán a iniciar juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el resto de los magistrados del supremo tribunal por mal desempeño en sus funciones. Fundan la iniciativa en una serie de acciones presuntamente ilícitas perpetradas por la Corte que atacarían la división de poderes, avasallando las competencias del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Fundamentalmente le cuestionan al máximo tribunal dos hechos, que quedaron aún más en evidencia con la filtración de chats comprometedores que tienen como protagonista a Silvio Robles, el vocero de Rosatti: la injerencia en la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura por el Poder Legislativo, favoreciendo a Juntos por el Cambio en detrimento del Frente de Todos; y la decisión "arbitraria" de beneficiar al gobierno porteño en el conflicto por el reparto de la coparticipación federal, perjudicando a las provincias.

Cuál es la queja de la oposición

"Mediante la utilización de supuestos chats robados por medio de espionaje ilegal, distintos funcionarios del oficialismo, encabezados una vez más por el Presidente de la Nación, pretenden utilizarlos como ciertos y válidos para atacar periodistas y dirigentes de la oposición", lamentaron los senadores opositores. Para JxC, la solicitud de juicio político es "un nuevo hecho destinado a intentar horadar la independencia del Poder Judicial de la Nación presionando a los miembros de la CSJN y demás funcionarios y magistrados".

"Esta conducta del Presidente, se suma a su anterior anuncio público de que no cumpliría el fallo de la CSJN en materia de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de hecho continúa sin cumplir, y en consecuencia, no ha tomado ni él ni ninguno de los funcionarios responsables del cumplimiento, medida alguna en tal sentido", denunciaron. También cuestionaron que el ministro de Justicia, Martín Soria, haya "manifestado públicamente que el Poder Ejecutivo podría reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación por medio de un improcedente DNU, sin valorar que la Constitución Nacional requiere una ley especial de mayoría agravada, para lo que se hace imprescindible el consenso político".

Por otro lado, criticaron que "en este contexto institucional" de crisis política, el flamante jefe de asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, haya "manifestado públicamente que trabajará en conformar una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición por fuera del Congreso de la Nación".

Pese al rechazo de la oposición, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de este mes e incluirá en el temario el proyecto con el pedido de juicio político a la Corte.