A días del balotaje, el nucleamiento empresario IDEA manifiesta que el juicio político a la Corte Suprema es "una grave amenaza" a la seguridad jurídica y que afecta a las inversiones y a la creación de empleo. "A pocas semanas del aniversario de los 40 años de democracia en la Argentina, desde IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, consideramos que es necesario fortalecer a nuestras instituciones y, especialmente, respetar el principio republicano de división de poderes consagrado en la Constitución Nacional", expresó la entidad en un comunicado.
El grupo de lobby empresario insistió en que "un Poder Judicial independiente y el acatamiento de sus sentencias son requisitos esenciales para apuntalar la seguridad jurídica, condición indispensable para promover la inversión privada y la creación de empleo que se necesitan para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía".
"Un proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, motivado en el desacuerdo con el contenido de sus sentencias, constituye una grave amenaza a la plena vigencia del Estado de Derecho, genera incertidumbre y desalienta cualquier decisión de inversión a largo plazo en nuestro país", agregó el documento de IDEA. Por ese motivo, la entidad instó a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados a que "dispongan el archivo de las actuaciones debido a su manifiesta improcedencia".
Los jueces a juicio político
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retoma este martes el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una nueva convocatoria para que los magistrados puedan hacer personalmente su descargo, luego de que se los notificara de los cargos en su contra por varias causales de mal desempeño.
De esta manera, la presidenta de la comisión, la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, convocó a los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda para que puedan hacer su descargo de manera personal, si así lo deciden, sobre los cargos provisorios elaborados por ese cuerpo por mal desempeño de sus funciones.
La reunión se realizará luego de que Rosenkrantz y Rosatti respondieran el jueves, por separado, a la Comisión sobre los cargos provisorios por mal desempeño en su contra, en tanto que Maqueda y Lorenzetti optaron por no expedirse en torno al proceso hasta el momento.
Los cargos contra los integrantes de la Corte son por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
En los escritos presentados el jueves, día en que vencía el plazo para que los magistrados puedan realizar sus respectivos descargos por escrito, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre "la independencia judicial". Por separado, Rosenkrantz y Rosatti respondieron a cada uno de los cargos por los cuáles se les inició la investigación preliminar en la comisión a cargo de Gaillard.
Según el titular de la Corte Suprema, "la gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado -de ser necesario- por la vía y en la oportunidad que corresponda. A tal fin hago reserva de interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que me asistan, incluido el previsto en el artículo 14 de la ley 48".
La intención del oficialismo es dictaminar en otra reunión posterior, que deberá realizarse antes del 20 de noviembre, ya que ese es el último día previsto para dictaminar. Según el artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados, se establece que las comisiones "sólo podrán dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio hasta el 20 de noviembre de cada año, salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos".
Hasta el momento, la Comisión analizó la mayoría de los expedientes sobre los pedidos de juicio político contra la Corte, con lo cual quedaría en condiciones de pasar a la firma del dictamen de acusación, que luego deberá ser aprobado en el recinto con dos tercios de los presentes.
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