Los 16 diputados del Frente de Todos que integran la comisión de Juicio Político se reunirán por primera vez este miércoles para afinar la estrategia que seguirán y, además, suscribir el proyecto de pedido de juicio a la Corte Suprema que acordaron el presidente Alberto Fernández y los gobernadores. Más allá de alguna corrección menor, será el mismo proyecto pero ahora refrendado por los legisladores del oficialismo, lo que estira luego los plazos de tratamiento en el recinto. Desde la mesa nacional de Juntos por el Cambio adelantaron que sus diputados no darán quórum, pero que si el oficialismo lo consigue entonces participarán del debate. "Es una buena decisión, institucionalmente es lo que corresponde", celebró la titular de la comisión, Carolina Gaillard.
Será una reunión preparatoria porque la comisión recién estará en condiciones de ser convocada cuando salga el decreto presidencial llamando a sesiones extraordinarias durante enero y febrero. En la agenda de temas, el decreto tendrá que incluir el tratamiento del pedido de juicio político a la Corte Suprema, con lo que quedará habilitado este proyecto y otros que se hubieran presentado con anterioridad con el mismo fin. Por ejemplo, el que promovió Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti o los que existen contra Carlos Rosenkrantz. En cambio, no corresponden -ya lo adelantó Gaillard- el tratamiento de los de la oposición contra el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner porque no figurarán en el temario de extraordinarias.
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El diputado Rodolfo Tailhade, integrante de la comisión, explicó el motivo del cambio de firmas en el proyecto. “Un proyecto de pedido de juicio político presentado por el Ejecutivo tiene un plazo para ser llevado al recinto de un año, mientras que en el caso de uno presentado por diputados tiene como plazo tres años", sostuvo. Es decir, en caso de que se firme un dictamen favorable para realizar el juicio, el Frente de Todos tendrá un plazo de hasta tres años para conseguir los dos tercios en el recinto.
Tailhade anticipó además que en la estrategia que se terminará de definir en el encuentro de este miércoles figura la idea de convocar a dar testimonio al licenciado ministro de Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, y al vocero y operador de Horacio Rosatti, Silvio Robles, dado que ellos están obligados a asistir. Los jueces de la Corte, en cambio, pueden enviar una declaración por escrito.
La comisión de Juicio Político tiene 31 integrantes: 16 pertenecen al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y uno al Interbloque Federal. El encuentro de este miércoles será una buena oportunidad también para verificar la asistencia perfecta de los diputados del oficialismo, con una mayoría ajustada que le permitirá manejar los tiempos de la acumulación de prueba de la comisión. Sólo había alguna duda con respecto a la diputada santafesina Vanesa Massetani, perteneciente al massismo, pero por una situación personal. El resto estaban confirmados en el objetivo de avanzar con el pedido de juicio.
La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió este martes con el juicio político como tema central. Seguramente ya notificados de la mayoría confirmada por el oficialismo, anunciaron la decisión de participar del debate y buscar bloquear la discusión en la comisión. "De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento. Seguiremos cumpliendo con el rol que nos asignó la sociedad", advirtieron en un comunicado. Claramente, llegaron a la conclusión que dejarle la comisión a los diputados del oficialismo -que era la postura inicial resuelta por el macrismo y de sectores del radicalismo- no sería bien vista por el electorado. "Celebro que hayan tomado la decisión de participar, es lo que correspondía", afirmó Gaillard.
Por fuera de eso, desde Juntos por el Cambio adelantaron que no aportarrán al quórum ni ayudarán al tratamiento de ninguna propuesta del oficialismo. La excusa es la ofensiva del Ejecutivo contra los supremos, pero en verdad la oposición ya venía haciendo eso con anterioridad: en las últimas dos sesiones de diciembre ni siquiera permitieron que se tratara la creación de nueve universidades nacionales, ni la moratoria previsional. En esa ocasión, el argumento fue el desacuerdo por el nombramiento de representantes en el Consejo de la Magistratura.
Luego, el jefe del interbloque Evolución, Rodrigo de Loredo, quien no integra la comisión, anunció que pedirá el apartamiento de Gaillard de la presidencia dado que por sus declaraciones periodísticas supuestamente evidenciaría no estar en condiciones de garantizar la imparcialidad del proceso. "No me pueden recusar, ya hay jurisprudencia al respecto. Es un juicio político y la comisión actúa como instancia acusatoria, no como juez. Nosotros realizamos la acusación", explicó la diputada al El Destape. Desde ya que el reclamo será rechazado por la mayoría del oficialismo, pero esperan otras maniobras. La estrategia de la oposición varió. Primero pensaron en vaciar la comisión, pero el constatar que el Frente de Todos mantenía su mayoría, ahora buscarán deslegitimar de todas las maneras posibles el trabajo de los legisladores.
Mientras se sustancia el proceso en Diputados, en el oficialismo y con sus aliados continúan las conversaciones para tratar de darle a la iniciativa el mayor peso político. “Yo trato de no involucrarme en las decisiones de otros colegas, pero la defensa del federalismo tiene que ser a ultranza, hay que manifestarse contra la inequidad”, sostuvo el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien expresó su extrañeza porque hubiera algunos gobernadores que no acompañaran la decisión de remover a una Corte Suprema que pacta con la ciudad de Buenos Aires en un reclamo por fondos coparticipables. "Eso no puede ser aceptado por ningún gobernador de una provincia porque este es un tema tremendo en términos de agudización de las asimetrías del país", completó.
En diálogo con El Destape Radio, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mostró, en cambio, una visión más optimista y evaluó que, en realidad, son 18 los gobernadores que apoyan los argumentos del juicio político a la Corte porque fueron los que en su momento firmaron declaraciones contra ese fallo favorable a la Capital Federal. "Tenemos que defender el federalismo y los recursos que son propios de las provincias", expresó. Incluso se mostró esperanzado de que un sector del radicalismo acompañe la iniciativa. "El partido radical tiene valores y principios en su origen que están desdibujando por completo. Hay cuadros intermedios que están reclamando volver a los orígenes", aseguró. Habrá que esperar las reacciones que se generarán a medida que avance el proceso, que este miércoles tendrá un primer paso.
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