Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y más de cinco mil personalidades apoyaron el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Expresaron su preocupación por la gravedad de los presuntos ilícitos cometidos por el Poder Judicial en los últimos años y por el peligro real que atraviesa la democracia en Argentina.
"Un juicio político a la Corte Suprema es un hecho sumamente trascendente en Argentina. Los últimos acontecimientos lo justifican. La actual Corte Suprema contraviene la Constitución con sus fallos y resoluciones arbitrarias que deterioran el Estado de Derecho, el federalismo y la soberanía popular y además, algunos de sus actuales integrantes aceptaron ser designados por decreto, a contramano de lo establecido en la Constitución y la ley", asegura el documento firmado por intelectuales, científicos, artistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales, educadores, representantes sindicales, entre otros.
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Enfatizaron en que "el Poder Judicial dejó de respetar la división de poderes, base de la democracia, interviniendo y avanzando sobre el Legislativo y el Ejecutivo". Fundamentalmente, apuntaron contra "los casos de corrupción y parcialidad" que son "lamentablemente muchos.
El caso de la jueza Capuchetti
En el documento puntualizaron sobre el caso "paradigmático del nivel de descomposición de la Justicia- es el de la jueza María Eugenia Capuchetti, encargada de investigar el intento de magnifemicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner". Sostuvieron que "aunque está prohibido por la ley, la jueza trabaja paralelamente para el partido opositor -Juntos por el Cambio- en el gobierno porteño de la capital argentina" y afirmaron que "estos vínculos le impiden desempeñar su función de jueza en forma imparcial. El atentado contra la vicepresidenta fue el 1º de septiembre de 2022 y, desde entonces, según los denunciantes, "Capuchetti no sólo no avanzó en la investigación sino que no detuvo a varios de los sospechosos (sobre todo aquellos cuyos vínculos están claramente ligados a la oposición de derecha) implicados en el hecho".
Otro ejemplo fue el de Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, que invitaron a un grupo de funcionarios, jueces y fiscales a Lago Escondido, la estancia patagónica del magnate inglés Joe Lewis, amigo personal de Mauricio Macri. "Descubiertos, intentaron encubrir esta reunión a través de la confección de facturas truchas y el direccionamiento de la causa en la que se los investiga. Sobre estos hay pruebas fehacientes. La situación deja al desnudo cómo opera la tríada Jueces-Medios-Espías, pilares fundamentales del lawfare", agregaron.
"Como indica la solicitada 'Democracia o mafia', el deterioro del Poder Judicial se manifestó con la condena sin pruebas y la proscripción de Fernández de Kirchner. Como sucedió en Brasil, con la proscripción política de Lula da Silva en Brasil, la información de lo que sucede en Argentina llega sesgada a los medios extranjeros. La Justicia argentina en connivencia con el poder económico y los más poderosos medios de comunicación locales han logrado que la información de lo que sucede en el país llegue deformada al extranjero y que la peligrosa situación en la que se encuentra la Democracia Argentina aparezca engañosamente como una mera “operación kirchnerista”, denunciaron.
Y sostuvieron que es necesario terminar con “un régimen de justicia corporativa que responde a intereses ideológicos y de clase” y con “el Estado paralelo, mafioso y delincuencial que montó en sus años de gobierno Juntos por el Cambio”.
El documento lleva la firma de personalidades como Taty Almeida, Vera Jarach (Madres LF), Estela de Carlotto (Abuelas) , Lita Boitano (Familiares), Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj), Nora Cortiñas, Mauricio Kartún, Mempo Giardinelli, Hugo Yasky (Sec. Gral. CTA de lxs Trabajadorxs), Teresa Parodi, Dora Barrancos, Sonia Alesso (Sec. Gral. CTERA), Daniel Santoro, Edgardo Llanos (Sec. Gral. APA), Stella Calloni, Ana María Careaga y Angelica Graciano (UTE).
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También Roberto “Roby” Baradel (Sec. Gral. SUTEBA), Claudio Marín (Sec. Gral FOETRA), Cecilia Rosetto, Patricio Contreras, Daniel Catalano (Sec. Gral ATE Capital), Mabel Careaga, Hector Francisetti. Se sumaron Perla Bonatti, Adolfo Mango (Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz), Elisabeth Gómez Alcorta, Matías Fachal (Sec. Gral. Federación Judicial Argentina), Gabriela Alegre (Asociación Buena Memoria), Ana Celentano, Roberto “Beto” Pianelli (Sec. gral. METRODELEGADOS),nJorge Auat, Alejandra Gils Carbo, Alejandro Grimson, Alejandra Darin (ACTORES), Osmar Nuñez, Yamile Socolovsky (CTA-T/CONADU), Telma Luzzani, Carlos de Feo (Sec. Nac. CONADU), Carla Gaudensi (FATPREN), entre otros.
El documento completo:
Las agrupaciones y ciudadanos que firmamos este documento -intelectuales, artistas, científicos, dirigentes y activistas sociales, representantes sindicales, periodistas, educadores y trabajadores de la cultura y la ciencia- queremos acompañar este momento histórico y dramático que atraviesa nuestra democracia. Aportar nuestra mirada, y comprometer nuestra lucha para lograr un tiempo de paz, justicia y bienestar colectivo.
En los últimos días, pudimos ver y comprobar los pliegues y repliegues del poder real -económico, mediático y judicial- que emponzoña el corazón de nuestra patria con mentiras, odio, violencia e injusticia. Los casos de connivencia entre jueces federales, un ministro de Seguridad y Justicia de la CABA y otros estamentos del Poder Judicial, son una muestra de la injusticia a la que se somete diariamente a nuestro pueblo; el vínculo directo, reñido con la legislación y la ética, entre el mismo ministro de Seguridad y Justicia de la CABA y un colaborador directo del presidente de la Corte Suprema, favoreciendo la entrega de la coparticipación -que corresponde a las provincias- a la ciudad puerto, corazón del capitalismo, el colonialismo y el despojo, o la negociación abierta - según la información que se ventiló en forma pública - de licitaciones y coimas en el sistema de grúas, con adjudicaciones directas del jefe de gobierno local.
Aún antes, la peor emergencia del Poder Judicial se manifestó con la condena sin pruebas y la proscripción a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como prolongación del intento de magnifemicidio del que fue víctima. Es imperioso dar por tierra con esta connivencia que afecta profundamente a la democracia, al Estado de Derecho y a la vida en común.
Apoyamos el juicio político a la Corte, a raíz del uso espurio de la Coparticipación en favor de la campaña política de Horacio Rodríguez Larreta, como una medida que inicie un camino emancipatorio. El aporte que la Corte Suprema pretende entregar al PRO es una operación comparable a la que Mauricio Macri implementó con el FMI al recibir para su campaña política de 2019, 45 mil millones de dólares, que deberán pagar generaciones de argentinos, en un acto de saqueo de ese gobierno y sus funcionarios, que aún no tiene castigo.
Para terminar con un proceso de manipulación iniciado el 24 de marzo de 1976, nunca desarticulado en los años de democracia, y un régimen de justicia corporativa que responde a intereses ideológicos y de clase, necesitamos lograr equilibrios renovados dentro del poder judicial. Sólo eso permitirá reformar una legislación que hoy favorece, en sus términos y su operatividad, a la mafia que se beneficia del régimen, cuya máxima expresión anida en el atrincheramiento de Juntos por el Cambio y en sus aliados Libertarios, y en su resistencia a terminar con el Estado paralelo, mafioso y delincuencial que montó en sus años de gobierno.
Lo que aquí se enuncia remite a los habitantes de los sótanos de la democracia. La antinomia Democracia o mafia expresa la gravedad del momento que vivimos. A 40 años de la vuelta a la institucionalidad democrática y el final del terror dictatorial y genocida, afirmamos una cultura de la legalidad, de la vida en libertad y con justicia para todos los argentinos.
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