El juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz reclama a la provincia de Santa Fe una deuda de 18.000 millones de pesos en honorarios, según denunció el diputado nacional Eduardo Toniolli. El pedido de regulación de honorarios fue solicitado por el magistrado a partir de su actuación como letrado patrocinante de la provincia de Santa Fe en una causa contra el Estado nacional en reclamo de una deuda de coparticipación.
La decisión de contratar al estudio jurídico de Rosenkrantz y de su socio Gabriel Bouzat, como también al bufete de Ricardo Gil Lavedra, fue tomada por la Fiscalía de Estado de Santa Fe en noviembre de 2008, durante la gestión del fallecido exgobernador socialista Hermes Binner. El procedimiento no incluyó proceso licitatorio y se resolvió por decreto (3165/08).
"La provincia de Santa Fe tiene fiscalía de Estado que, para que la gente sepa, son un grupo de abogadas y abogados que cumplen sobradamente este tipo de tareas", afirmó Toniolli. El reclamo fue realizado por Rosenkrantz y Lavedra a la Corte Suprema en 2017 y el monto de los honorario es el resultado del 20% del total reclamado por la coparticipación, es decir 18.000 millones de pesos. El monto reclamado en 2017 si se actualiza por inflación superaría los 25.000 millones de pesos, calculó el diputado Toniolli.
La contratación y el monto a cobrar por Rosenkrantz
Ya en 2015, el entonces diputado Toniolli había cuestionado la contratación directa de los abogados Rosenkrantz y Gil Lavedra a través de un pedido de informes dirigido a la gobernación santafesina y que la gestión socialista de entonces, a cargo de Antonio Bonfatti, nunca contestó.
"Yo presenté un pedido de informes, básicamente cuestionando el hecho de que se contrataran dos estudios jurídicos externos (para llevar adelante el juicio por la coparticipación contra el Estado nacional) estando la Fiscalía de Estado, que era un organismo idóneo y con personal capacitado para eso, y que además se hiciera por contratación directa, porque no hubo proceso licitatorio", recordó Toniolli, dirigente del Movimiento Evita santafesino.
La remuneración que la provincia acordó pagar a los letrados quedó establecida en el contrato de locación que en noviembre de 2008 suscribió el gobernador Binner con los estudios jurídicos de Gil Lavedra, por un lado, y de Rosenkrantz y Bouzat, por otro, por la prestación de "servicios de consultor en materia jurídica".
Sobre las cifras que podrían recibir como honorarios, el diputado nacional Eduardo Valdés dijo sentir "vergüenza e indignación", en particular por el modo en que esta información se mantuvo en secreto durante mucho tiempo.
"La revelación de los documentos escondidos bajo siete llaves explica por qué la transpiración de Rosenkrantz cuando fue consultado en su acuerdo del Senado por parte del entonces senador (Omar) Perotti", afirmó el legislador al referirse a lo ocurrido en la audiencia de la comisión de acuerdos del Senado del 12 de marzo de 2016.
En esa oportunidad, Rosenkrantz respondió preguntas sobre el contrato de honorarios que había firmado con la administración santafesina en 2008 y dijo que no tenía problemas en hacerlo público.
La causa iniciada por Santa Fe contra la Nación por los fondos coparticipables tuvo su desenlace el 24 de noviembre de 2015 con un fallo de la Corte que declaró inconstitucional al artículo 76 de la ley 26.078, por el cual se facultaba a la Nación a retener un 15% de la masa coparticipable con destino a la Anses.
En junio de 2022, Santa Fe y el Estado nacional anunciaron un acuerdo para iniciar el plan de pagos de la deuda que se había acumulado por esas deducciones, que sumaba alrededor de 151.000 millones de pesos a favor de la jurisdicción gobernada por Omar Perotti.
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