La Justicia Nacional se declaró incompetente y transfirió a los tribunales porteños la denuncia del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, contra su par porteño, Marcelo D'Alessandro, a raíz de presuntas conversaciones que derivaron de chats con el vocero de Horacio Rosatti, presidente de la Corte de Suprema. El ahora licenciados funcionario por dos meses es acusado por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado.
El responsable a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, Marcelo Solimine, dictaminó en favor de que la denuncia presentada el viernes pasado por Soria sea investigada por el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. En su presentación, señaló que el Fuero Criminal y Correccional “sí era competente antes, cuando Buenos Aires era la Capital Federal” pero, a partir de 2003, se inició “un proceso de transferencia de competencias a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que hoy se encuentran comprendidos todos los tipos penales en los que cabe encuadrar cada uno de los hechos que han sido denunciados y que quedaron reseñados precedentemente”.
Argumentó que "mediante la Ley 26.702 se transfirió la competencia para investigar y juzgar los delitos cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", entre los que mencionó: abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Y concluyó: "En tal sentido, los delitos trasferidos en el Anexo aludido son –entre otros- todos en los que encuentran subsunción los hechos denunciados que le son imputados a Marcelo D’Alessandro en su carácter de funcionario de alta jerarquía del Poder Ejecutivo de la C.A.B.A., en los que la misma denuncia los encuadra”.
El fiscal postuló que “se declare la incompetencia de esta Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y se dé intervención al Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual ha sido investido para juzgar de manera exclusiva y excluyente los tipos penales en los que encuadran los hechos investigados y en cuyo ámbito cabe definir el curso de acción a seguir”.
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La denuncia de Soria
El viernes, el gobierno nacional denunció penalmente a Marcelo D'Alessandro por los presuntos chats. Se le imputan al ministro de Seguridad de CABA en uso de licencia los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado. Además, se involucraron a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales y a Silvia Majdalani, ex 2 de la AFI macrista.
La denuncia la hizo el ministro de Justicia nacional, Martín Soria. "Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros", tuiteó.
El escrito presentado plantea que de confirmarse las revelaciones periodísticas “demostrarían una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos, incompatibles con un Estado de Derecho”.
Allí pide investigar los presuntos hechos de corrupción vinculados a uno de los “emblemas de la gestión” del gobierno Horacio Rodríguez Larreta, como lo es el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.
El escrito destaca que “la empresa Dakota S.A. fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”, y agrega que el irrisorio canon mensual fue mantenido “por decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que paga la concesionaria no tenía sustento alguno ya que el canon estaba sin actualizar desde el 2014”.
Además, resalta la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño.
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