Se viene la segunda jornada de trabajo en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados que tendrá a la Coalición Cívica en el centro de la escena. Entre los distintos proyectos en debate, el partido conducido por Elisa Carrió tiene dos pedidos de jury contra Ricardo Lorenzetti que serán utilizados por el Frente de Todos para buscar exponer una interna en Juntos por el Cambio. La encargada de explicar las razones para impulsarlos será la diputada Paula Oliveto y, según confiaron a El Destape, la estrategia de los “lilitos” se enfocará en apegarse a la defensa legal de las acusaciones aunque se preparan para otra reunión cargada de chicanas.
Este jueves a las 11 asistirán a la comisión presidida por Carolina Gaillard los autores de los 14 proyectos de juicio político que fueron presentados la semana pasada en un encuentro con más discursos políticos que relacionados a los temas a tratar. Son siete denuncias hechas por particulares y siete proyectos presentados por legisladores. Entre los expositores estará la diputada nacional Graciela Ocaña, encargada de exponer las razones por las que mantienen la imputación contra Lorenzetti. “Vamos a pedir la acusación de Lorenzetti”, había anticipado Carrió días atrás en Urbana Play.
De acuerdo a lo que averiguó El Destape, la idea de la Coalición Cívica es limitarse a explicar las causas que impulsaron el pedido de jury y la ampliación del mismo contra Lorenzetti y brindar los argumentos legales para que se lleve a cabo. “No vamos a ser agresivos”, prometieron a este medio desde la Coalición Cívica pese al clima de tensión que se espera. De todos modos, al ser un órgano integrado por legisladores de ambas coaliciones acostumbrados al roce y la chicana, aclararon: “Vamos a ver con qué intención va el Frente de Todos”.
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El primer pedido de juicio político de la Coalición Cívica contra Lorenzetti por “mal desempeño” se fundamenta en “el manejo irregular” del fondo anticíclico de la Corte Suprema, “sin control en cuanto a su aplicación y destino”, además del “manejo irregular de la Obra Social del Poder Judicial” y de “crear una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) paralela, con la posibilidad de hacer operaciones de inteligencia”. Por otro lado, la ampliación presentada en 2022 obedeció a supuestas gestiones del supremo en el tratamiento de la ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura.
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De ser admitido el pedido de jury, la Coalición Cívica deberá definir si convoca a declarar a Lorenzetti y qué prueba considerará procedente requerir. Carrió y su espacio, que no está en el “día a día” del sistema judicial como sus socios (UCR y PRO) y el PJ, se sienten más libres en la acusación al no tener presencia en un órgano de selección y sanción de magistrados. “Las causales son más cómodas para nosotros que para el PJ y la UCR que tienen miembros en el Consejo y actualmente no plantean”, advirtieron.
En la previa, la expectativa está puesta en saber cómo impactará la ratificación del pedido de jury en la coalición opositora. El partido de Carrió afirmó que “no hay incomodidad” en defender las iniciativas y que de no hacerlo sería una “falta de coherencia”. El PRO y la UCR no se expidieron públicamente acerca de si apoyarán a su socio, aunque según supo este portal hay legisladores que están de acuerdo con los argumentos. Esto no se traducirá necesariamente en un apoyo formal. La mesa nacional de Juntos por el Cambio había definido bloquear el tratamiento del resto de la agenda de extraordinarias y que iba a participar de la comisión de juicio político si el oficialismo conseguía el quórum.
“Están de acuerdo con las causales, quizás no sea esta la instancia para acompañar”, analizaron desde el entorno de Carrió. En el Frente de Todos también hay diputados que consideran que es de difícil sostenimiento la acusación que promovieron Alberto Fernández y los 11 gobernadores. Por ahora, las posiciones generales de los espacios se imponen y no hay voces disonantes. Pero el escenario es dinámico y en ambos frentes anticipan que las estrategias irán variando a medida que avance la discusión en medio de un año electoral.
El Frente de Todos utilizará la denuncia del espacio de Elisa Carrió para impulsar su acusación a los magistrados, peor también para intentar generar una división en Juntos por el Cambio y que públicamente tengan que exponer si acompañan o no a su socia. El diputado oficialista Rodolfo Tailhade admitió en diálogo con Radio 10 que "la acusación de Carrió va a ser el fundamento para que investiguemos los famosos fondos anticíclicos, que no son otra cosa que plazos fijos" que administra la Corte Suprema. Ese fondo fue creado en 2008 para afrontar crisis económicas. Y sumó el legislador que "seguramente va a alcanzar a otros ministros de la Corte".
En diálogo con este portal, un diputado de ese espacio le respondió a Tailhade y aseguró que “el pedido de juicio político a Lorenzetti es por otras causales a las que pretende el kirchnerismo”. Tras anticipar que solo firmaran el dictamen referido a su denuncia, advirtió: “Nosotros no acusamos por sentencias o fallos, ellos sí".
Más allá de los diputados, entre el resto de los acusadores están la senadora Juliana di Tullio, con un pedido de juicio político contra Rosatti por el fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura y otro contra los cuatro jueces por la cautelar que benefició a la ciudad de Buenos Aires sobre la coparticipación. También irán la Asociación Argentina de Juristas y la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales. Mientras que como particulares irán Pablo Llonto, Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa, víctima de la última dictadura militar.
La fecha clave será el 9 de febrero, día que se espera que salga el informe de admisibilidad que dará paso a la investigación y apertura de sumario. Luego vendrá la etapa “sumarial” en la que se producirá la prueba y se citarán a los testigos para formular la acusación. Una vez superada esta instancia, se citarán a los denunciados para que ejerzan su defensa de forma presencial o a través de un informe escrito. Tras ello, vendrá la parte "resolutiva" para desembocar en un dictamen definitivo en el que se resolverá la acusación uno por uno. El Frente de Todos espera que ese trámite lleve al menos tres meses. La tarea después será juntar los dos tercios necesarios para la aprobación en el recinto, difícil misión para un oficialismo que todavía no logró consensuar la aprobación de iniciativas que no muestran conflictividad política.
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