Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial y apoderado comercial de Mauricio Macri que está prófugo en Uruguay, no irá mañana a la Comisión de Juicio Político, donde fue citado como testigo en el proceso que se inició contra los jueces de la Corte Suprema. Desde Interpol informaron que tiene un pedido de captura internacional pero que el Poder Judicial uruguayo aún no resolvió su situación pese a que lleva ya 832 días prófugo de la Argentina. Parece que en la banda oriental los jueces también están alineados a los tiempos de Juntos por el Cambios.
El 14 de marzo pasado Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, le pidió a Interpol que “arbitre los medios necesarios para garantizar que el señor Fabián Jorge Rodríguez Simón comparezca como testigo” en el marco del proceso que existe contra los miembros de la Corte Suprema. “Motiva la presente que el señor Fabián Jorge Rodríguez Simón se encuentra prófugo de la justicia”, agregó Gaillard.
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La respuesta llegó el 17 de marzo. El Comisario Inspector Gonzalo Fabián Danier, jefe del Departamento Interpol de la Policía Federal, le informó a Gaillard que sobre “Pepín” Rodríguez Simón “pesa una notificación roja (captura internacional)” informada por Interpol el 8 de junio de 2021, que “fue localizado en la República Oriental del Uruguay, país donde ha realizado una solicitud de refugio a la vez que sus abogados presentaron un ‘habeas corpus preventivo’ para evitar ser detenido por su captura internacional” y que “las autoridades judiciales del vecino país han rechazado dicha condición en dos instancias, restando una última por expedirse”.
“Por todo lo expuesto -agregó el comisario Danier- y hasta el momento, personal de Interpol Uruguay se encuentra imposibilitado de concretar su detención con fines de extradición, habida cuenta del pedido de refugio solicitado, hasta tanto la Justicia de ese país resuelva definitivamente su condición”.
¿Por qué se cita a “Pepín” Rodríguez Simón a la Comisión de Juicio Político? En principio para investigar si hubo alguna negociación entre el gobierno de Macri y la Corte para lograr el fallo Muiña, que beneficiaba con el 2x1 en el cómputo de las condenas a los genocidas. Ese fallo salió con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. A los dos primeros Macri intentó meterlos por decreto en la Corte por idea de “Pepín”, aunque luego tuvieron que retroceder y lograr su acuerdo en el Senado con complicidad de una parte del peronismo; la tercera logró quedarse más tiempo que el constitucional en el cargo gracias a gestiones del entonces ministro de Justicia Germán Garavano. Consultado por El Destape, Garavano dijo que se presentará ante la Comisión pero no mañana ya que tenía previsto un viaje laboral. No es el caso de “Pepín”.
En la Comisión de Juicio Político primero intentaron que "Pepín" declare de forma presencial; ante la respuesta de Interpol ahora evalúan si puede declarar de forma virtual.
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Rodríguez Simón lleva 832 días como prófugo de la Justicia argentina. Se escapó a Uruguay cuando la jueza María Romilda Servini lo iba a citar a indagatoria en la causa donde se investiga cómo el gobierno de Mauricio Macri buscó quitarle el grupo Indalo a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Esa maniobra tuvo a “Pepín” Rodríguez Simón como uno de sus principales ejecutores. La indagatoria, vale recordar, es una primera instancia de defensa de los acusados de un delito, en la cual incluso pueden mentir. No estaba en juego su libertad. Pero “Pepín” prefirió eludir los tribunales argentinos y esconderse en Uruguay.
Ya en tierra oriental, el operador macrista pidió ser tenido por refugiado político. Alegó que en Argentina era perseguido. El Poder Judicial uruguayo se tomó sus tiempos para resolver. Primero la jueza Adriana Chamsarián desestimó la solicitud; luego, en julio del 2022, el Tribunal de Apelaciones confirmó esa decisión. Llevaba 580 días prófugo. “Se considera que quedó plenamente acreditado que el promotor no se encuentra en una situación de desprotección que merite reconocerle la calidad de refugiado, al no resultar fundados sus temores y apreciarse que los requerimientos judiciales de la República Argentina que recaen sobre su persona, no resultan arbitrarios ni ilegítimos, por el contrario se relacionan con la actividad de la función judicial competente en un Estado soberano y democrático”, dijeron los jueces uruguayos. El prófugo apeló y la decisión final aún no llegó. Van 832 días.
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