En el Congreso, el Frente de Todos se blinda ante posibles pedidos de recusación de Juntos por el Cambio

El Senado será juez ante los magistrados de la Corte Suprema y serán designados tres diputados acusadores. Para evitar el "barro" opositor, en el oficialismo intentan cuidar declaraciones públicas sobre la acusación. El antecedente CFK en la cámara alta que protege a los legisladores.  

18 de enero, 2023 | 18.04

De cara al juicio político a la Corte Suprema que comenzará la semana próxima, el Frente de Todos se blinda en el Congreso ante posibles pedidos de recusación de Juntos por el Cambio. Para evitar el "barro" opositor, en el oficialismo, tanto diputados como senadores, intentan cuidar declaraciones públicas sobre los hechos. El Senado será juez ante los cortesanos y serán designados tres diputados acusadores si el proyecto prospera en la cámara baja. 

Ya hay legisladores de ambas cámaras que decidieron mantener un bajo perfil. Un diputado del Frente de Todos integrante de la Comisión de Juicio Político se llamó a silencio sobre el tema. Otros integrantes aclaran que "no hay un pacto de silencio ni una estrategia ni nada por el estilo". 

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La convocatoria a sesiones extraordinarias está pautada para el lunes que viene y se espera que el miércoles estén presentes los 16 diputados oficialistas de la comisión para poder avanzar en el juicio político. Según adelantó JxC, si es así, también balancearán con sus 15 legisladores para completar el total de 31 integrantes que conforman la comisión. Allí, claro, el FdT tiene mayoría para emitir dictamen. 

Si supera el escollo de la comisión y se aprueba con dos tercios de los presentes, la parte fiscal girará al Senado el pedido de remoción de los cuatro cortesanos, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Y la cámara alta actuará como juez. 

Allí el oficialismo advierte que la oposición intentará recusar a senadores del FdT. Para esa etapa, al Senado (Comisión de Asuntos Constitucionales) deberán concurrir tres diputados acusadores, que serán elegidos por la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, y no necesariamente deberán ser integrantes de la Comisión de Juicio Político. 

"Los senadores deben ser más cuidadosos, porque llevan adelante el tribunal que juzga. El Senado tiene que ser imparcial", contó una fuente parlamentaria a El Destape. Una persona de máxima confianza de un senador del FdT explicó que "por ahora va a hablar en los medios pero no se va a referir al tema Corte o va a tener mucha prudencia". 

Sin embargo, hay un antecedente que protege a los legisladores y la protagonista es Cristina Kirchner, quien fue presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en 2005 cuando se consumó el juicio político contra el juez de la Corte, Antonio Boggiano. 

La propia CFK rechazó un pedido de recusación antes los senadores Miguel Ángel Pichetto y Jorge Yoma. Lo habían solicitado los diputados Adrián Pérez y María América González. El argumento era que ambos habían incurrido en "un verdadero anticipo de opinión" por diversas entrevistas que concedieron en ese entonces a los diarios La Prensa, Clarín y Página 12. 

"Lo que Cristina afirmaba en esa resolución era que es improcedente una recusación, porque se perdería la naturaleza para el órgano que fue creado. Los legisladores no llevan un proceso penal sino de juicio político, por el desempeño, que no es delito", explicó una diputada en off a este portal.

En ese sentido, argumentó: "Acá no hay subrogancias. No es que se recusa y se reemplaza un senador. Si se recusa permanentemente por cuestiones políticas, el órgano no funciona. Este es un órgano político, no judicial. Se desnaturalizaría el objeto". 

En el proyecto de resolución 231/05 firmado por Cristina Kirchner (y también por Vilma Ibarra, hoy Secretaria Legal y Técnica) se le respondió así al pedido de recusación: "La analogía del juicio político con el proceso penal es sólo parcial, porque si bien puede permitir comprender ciertos aspectos del proceso, implica una simplificación excesiva ya que omite considerar la base política e institucional del juicio político que lo hace sustancialmente diferente del proceso penal".

Asimismo, continúa: "En efecto, es un juicio donde el acusado conserva el derecho de disponer su extinción, pues si renuncia al cargo agota la competencia jurisdiccional del Congreso. Además, es un proceso donde los datos de oportunidad, mérito y conveniencia definen la existencia y el sentido de la acusación por Diputados y del fallo senatorial; y esas razones pueden resultar decisivas para que no medie formación de causa y posterior destitución, aún acreditados los extremos de culpabilidad investigados". Y cierra CFK: "Ahora bien, del análisis de la causal invocada por los señores diputados surge que ésta debe ser rechazada por ser manifiestamente improcedente".

La historia final es conocida. Boggiano fue destituido, al igual que el otro cortesano: Eduardo Moliné O Connor. Ambos perdieron la jubilación de privilegio. Los otros tres miembros de la Corte renunciaron. Se trata de Julio Nazareno, Adolfo Vásquez y Guillermo López.