El Gobierno aceleró su pelea contra la Corte Suprema al presentar el pedido de juicio político y espera tener resuelto el tema antes de entrar en plena campaña electoral. La portavoz Gabriela Cerruti dijo que el Presidente pretende que los tiempos sean "lo más breves posibles" y despejó dudas al decir que las sesiones extraordinarias serán convocadas para el 15 de enero. El temario, según trascendió de fuentes oficiales, incluiría al menos seis proyectos, la mayoría de carácter económico.
Alberto Fernández recibió al presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y a la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, este miércoles y les dio en mano la denuncia de contra los cuatro miembros de la Corte por su accionar en relación al Consejo de la Magistratura y al fallo por la Coparticipación. Alberto, junto a 11 gobernadores, denunció que los cortesanos tuvieron un "mal desempeño", una de las tres causales para impulsar ese proceso. Ahora queda en manos de los miembros de la Cámara baja la tarea de "robustecer" la denuncia, e ingresarla en comisión a penas esté el llamado a extraordinarias.
"La necesidad pasa, ahora, por juntar voluntades", señaló Cerruti en relación al trabajo que harán los diputados porque deberán conseguir el apoyo de dos tercios de los presentes para lograr la media sanción. Eso porque en la comisión que le dará tratamiento el Frente de Todos tiene mayoría y necesita una simple para emitir dictamen. Según adelantó Gaillard, el trabajo en comisión podría demorarse 60 días y durante ese período están habilitados a convocar a los involucrados como así a recoger todo tipo de pruebas que sustenten la denuncia.
Lo que dejó trascender el Gobierno es que espera que el proceso de denuncia y eventual juicio, si es que prospera, termine resuelto antes de que inicie el período ordinario (1 de marzo), momento en el que el oficialismo espera poder desarrollar otra agenda legislativa. Además, también busca separar el enjuiciamiento a la Corte de lo que va a ser el momento más fuerte de la campaña presidencial. De alguna manera, que los temas no se pisen o sea pasible de ser señalado de tener tintes electoralistas.
La denuncia -explicó Cerruti- "se basa sobre todo en dos cuestiones en las cuales claramente la Corte, rompiendo la división de poderes, interviene sobre el Poder Legislativo", en referencia a la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación. En lo que hace al Consejo de la Magistratura, Cerruti recordó el fallo con el que el máximo tribunal "decidió poner en vigencia una ley que estaba derogada, en un hecho insólito", en referencia a la composición y el funcionamiento del cuerpo.
En tanto, por otro lado, hizo alusión a la medida cautelar con la que recientemente estableció un incremento en el porcentaje de fondos de coparticipación federal que debe recibir la ciudad de Buenos Aires, con la que -sostuvo Cerruti- la Corte "violó la división de poderes". "Se trata de una cuestión que debe resolverse en el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo porque es algo que involucra a todas las provincias", insistió la portavoz. La funcionaria remarcó que el juicio político "tiene que ser muy claro y muy certero en mostrar la responsabilidad del titular de la Corte, Horacio Rosatti, quien "se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura".
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En cuanto al debate en sí, Martínez señaló a Télam Radio que la idea es dar un "debate de fondo y de cara a la sociedad". Explicó: "Tanto el Presidente como los gobernadores nos pidieron que diéramos un pronto trámite, que empecemos a trabajar en este sentido. Nosotros queremos ir en esa línea. Están dadas las condiciones para un debate de fondo y espero que sea con argumentos, con fundamentos, sin chicanas. Que haya una discusión seria y con calidad institucional. No hay que esconderse ni tirar la pelota afuera de la cancha".
Con información de Télam
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