Un grupo de dirigentes radicales salió a reclamar al partido centenario que se exprese sobre el escándalo en la Corte Suprema, un tema que ya hizo mella y calienta la interna de Juntos por el Cambio. "Exhiben a funcionarios y altos magistrados en conductas que, de ser ciertas, merecen el más claro repudio", manifestaron.
Se trata de los convencionales nacionales de la UCR Raúl Borrás, Carlos Lahiteau, Liliana Denot, Liliana Cichelli y Juan Armagnague. Se suman a otras voces críticas en el partido, como Mario Cimadevilla, quien expresó en los últimos días: "Creo que están ocurriendo hechos muy graves que merecen que la Unión Cívica Radical haga pública una posición frente a estos temas", dijo.
El grupo de los cinco convencionales le pidió este jueves al presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, que ese órgano emita un pronunciamiento con su postura ante hechos difundidos por la prensa en la que aparecen involucrados funcionarios y altos magistrados como el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Se refieren a los presuntos chats atribuidos a ese funcionario con la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, (Silvio Robles) y con un empresario del servicio de grúas de acarreo de vehículos en la ciudad de Buenos Aires, entre otros.
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"La cuestión tiene la gravedad suficiente para que nadie se haga el distraído. No puede no tener opinión el radicalismo"
Este grupo radical aún no tuvo respuestas de parte de la conducción nacional de la UCR. "Lo recibieron y lo están evaluando", dijo uno de los integrantes a El Destape. En diálogo con este portal, Borrás afirmó: "Espero que haya respuesta, no veo por qué no. No veo argumentos desde la UCR para que se opongan. Estamos planteando algo imprescindible para conocer la naturaleza de los hechos, para conocer la verdad".
El convencional le dijo a El Destape sobre los chats: "Después si se avanza sobre la Corte o no con el juicio político es una evaluación posterior. Es una etapa a la que no hemos llegado. Pero no puede decirse 'acá no paso nada'. No puede ser desconsiderada esta situación. Si son ilegales y son ciertos los mensajes, pero ilegales, será un buen argumento de la defensa, que tendrá que hacerse cargo en la cuestión penal. Pero acá no estamos hablando de procedimientos penales sino de política", lanzó Borrás.
Sobre el reclamo dentro de la UCR fue contundente: "La cuestión tiene la gravedad suficiente para que nadie se haga el distraído. No puede no tener opinión el radicalismo. Hay un requisito fundamental de la democracia que es la confianza. La confianza no puede ser reemplazada por la suspicacia y la sospecha", cerró Borrás.
El grupo de los cinco radicales en un escrito advirtieron: "La confianza de los ciudadanos en la calidad de sus instituciones y representantes es esencial para su legitimación. Cuando esa confianza es reemplazada por la sospecha, no son las instituciones ni los representantes quienes se desprestigian, es la Democracia misma la que se degrada, por lo que la transparencia en los actos de los funcionarios públicos es imprescindible para sostenerla".
"Hemos asistido en las últimas semanas a una serie de revelaciones de naturaleza periodística, y de aún no comprobada veracidad, que exhiben a funcionarios y altos magistrados en conductas que, de ser ciertas, merecen el más claro repudio de cuanto ciudadano que, comprometido con la vigencia plena de nuestro sistema político, haya", sostuvieron los convencionales.
Expresaron que "la única forma de despejar esas sombras es exhibir ante la opinión pública la real naturaleza de los hechos, ya sea en sede judicial en caso de corresponder o frente a una investigación parlamentaria que determine o deseche, en beneficio de la verdad, las responsabilidades políticas que pudieran haber tenido lugar". Y concluyeron: "Es por eso, que los firmantes, Convencionales Nacionales de la Unión Cívica Radical, le solicitamos una urgente declaración de la Convención, fijando sin tibieza la posición política que los afiliados esperan y el legado histórico de nuestro partido impone".
Por su lado, el ex senador y ex consejero de la magistratura por la UCR, Mario Cimadevilla pidió públicamente, en una nota elevada a Morales y a Gastón Manes, que el partido promueva la expulsión de los magistrados de sus cargos y se pronuncie sobre la difusión de chats de D'Alessandro.
Cuestionó el “reprochable silencio” o la “mansa tolerancia” ante la actuación de algunos referentes del socio político (PRO), con “rango de agrupación política vecinal”, que se aprovechó de la estructura nacional de la UCR para salir de la CABA y crear una proyección nacional que le permitió gobernar el país y, actualmente, tener pretensiones de expansión.
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