El Gobierno presentará este miércoles en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, que obtuvo el apoyo de -por el momento- 11 gobernadores. El trámite se iniciará en sesiones extraordinarias en la comisión de Juicio Político, donde el Frente de Todos tiene mayoría propia. En la Casa Rosada estaban conformes con el nivel de respaldo más allá de, como se esperaba, fueron menos de aquellos 14 mandatarios que días atrás suscribieron el comunicado contra el fallo de la Corte que favoreció a la CABA en el reparto de fondos coparticipables. "Se trata de algo que no tiene antecedentes en la historia, la decisión de un Presidente y de provincias acompañando", graficó el gobernador bonaerense Axel Kicillof la importancia de la medida.
El Ejecutivo ya adelantó que será incluido en la convocatoria a extraordinarias, por lo que entonces podrá reunirse la comisión de Juicio Político y aprobar la verosimilitud de la acusación. Allí se abrirá la etapa probatoria -incluye la recopilación de pruebas documentales, testimoniales y medidas como inspección ocular, en caso de ser necesario- y el derecho a defensa que le corresponde a los cuatro jueces acusados. Una vez concluido el trámite -que demandará 60 días-, se emite un dictamen que se aprueba por mayoría simple y se envía al recinto para su aprobación. Ya en esa instancia, serán necesarios los dos tercios para que se apruebe y se inicie el juicio político propiamente dicho en la Cámara de Senadores.
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En el Frente de Todos esperaban que el avance de la investigación, cuando las revelaciones de los hechos salgan a la luz y lleguen a la opinión pública, servirá para convencer a los oficialistas aún remisos, a los independientes de los partidos provinciales e incluso a algunos opositores, en especial los radicales. Destacaban la declaración del ex senador radical Mario Cimadevilla expresada en una carta al gobernador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales. "No podemos mirar a un lado o hacernos los distraídos", escribió.
Una segunda reunión en la Rosada y una denuncia
Del encuentro del martes, el Presidente y los gobernadores salieron con un comunicado y un escrito de 35 páginas con la acusación contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, "por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones" y también a los demás integrantes del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por hechos en los que incurren en distinto grado de responsabilidades. "En tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes", sostiene el pedido de apertura de juicio girado a la presidenta de la comisión, la diputada entrerriana Carolina Gaillard. El escrito incluyó los presuntos chats que describió como testimonio de "los métodos mafiosos" con los que opera el tribunal.
La reunión arrancó pasadas las 11 y se extendió por más de dos horas. Junto a Alberto estuvieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz Gabriela Cerruti. Alrededor de la mesa en el salón Eva Perón se sentaron ocho gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), y dos vices: Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Con todo, los gobernadores de estas dos provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, participaron vía zoom. Además de estas diez provincias, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, había anticipado que no podría asistir pero adhería y se suponía lo mismo respecto al entrerriano Gustavo Bordet, quien antes había hablado con Alberto y que luego también se conectó en el zoom, aunque sin hablar.
Por eso, el comunicado y el escrito se distribuyeron con doce firmas, pero luego desde la oficina de Bordet informaron que él no acompañaba el proyecto, algo que desconcertó al Ejecutivo y a sus colegas. En la previa se rumoreaba que en esta ocasión sería más difícil conseguir adhesiones porque hay provincias con causas sensibles que tramitan en la Corte Suprema y tendrían reparos en sumarse a la ofensiva contra el tribunal. En el caso de Bordet, una de las causas que están a la firma de los cuatro jueces es el pedido de per saltum presentado por la ex fiscal anticorrupción provincial Cecilia Goyeneche, que reclama que se revea su destitución.
Otro que esta vez no acompañó fue el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien días atrás había estado entre los más enojados por el fallo a favor de la CABA. En este caso, ya había anticipado que no firmaría el pedido de juicio político. En eso, se rumorea, había influido su decisión de presentarse para un tercer mandato en una interpretación de la letra de la Constitución provincial que le permitiría una primera elección y luego dos reelecciones, algo que cuestiona la oposición. Seguramente, el tema escalará pronto hasta la Corte -las elecciones fueron convocadas para mayo-, que será quien tendrá la última palabra. Respecto a los 14 que firmaron el comunicado de días atrás, el otro ausente fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que no informó las razones. En Gobierno esperaban sumarlo más adelante.
Respecto a los cuatro gobernadores de partidos provinciales, que días atrás hicieron un documento aparte con sus propias críticas al fallo de la Corte Suprema, también se esperaba que por ahora esquivaran una definición. Ni el neuquino Omar Gutiérrez, ni la rionegrina Arabela Carreras, ni el salteño Gustavo Sáenz, ni el misionero Oscar Herrera Ahuad -quien este miércoles recibirá al Presidente- se mostraron por ahora dispuestos a dar el paso. Menos aún el santafesino Omar Perotti y el cordobés Juan Schiaretti, quienes ni siquiera expresaron opinión respecto a la decisión favorable a la Capital Federal.
En la conferencia de prensa posterior quedó claro que Capitanich, Kicillof y Zamora -tres gobernadores cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner- fueron los más enfáticos a la hora de apoyar la decisión del Presidente de ir contra la Corte, una medida que se le reclamaba. El chaqueño detalló que las imputaciones a los jueces giran en torno al fallo que declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura y puso en vigencia una ley derogada luego de 16 años y la sentencia que favoreció al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. "Manifiesta parcialidad", definió Capitanich.
Zamora subrayó que "la situación se agrava muchísimo cuando se conocen los chats" y que "no se puede dejar pasar esto". El gobernador santiagueño tomó un rol protagónico en torno a esta cuestión y algunos lo ven lanzado a una candidatura nacional. Presentó una denuncia contra Silvio Robles, vocero y operador de Rosatti, quien no quiso entregar sus teléfonos a un requerimiento del juez federal de Santiago del Estero. "Doctor Rosatti, ¿qué hará usted ahora? La Patria no se merece esto", tuiteó.
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