Los estatales miran con desconfianza y temor la reforma jubilatoria que impulsa el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y, a pesar de las modificaciones que se introdujeron en la ley que se aprobó el pasado jueves en la Legislatura, los gremios aseguran que, cualquier tipo de cambio que se produzca en la Caja de Jubilaciones, impactará de manera negativa.
El gobierno provincial hace fuerza para establecer reformas en el actual régimen previsional, ya que, según Pullaro, la Caja "tuvo muchos desfasajes, porque es una ley sumamente vieja". De esta manera, el primer paso fue la creación de una comisión multisectorial para analizar qué camino adoptar para garantizar la sustentabilidad del sistema. El proyecto contaba con media sanción del Senado y sufrió modificaciones durante el tratamiento en Diputados, que minutos después se terminaron ratificando en la Cámara alta.
De acuerdo al nuevo texto, momentáneamente no se hablará de la necesidad de cambiar el régimen previsional, sino de analizar la situación actual: el Gobernador sostuvo que el sistema público "va a tener 40.000 millones de pesos de déficit con lo que es el pago de aguinaldos”, y graficó que el impacto negativo es equivalente a “40 kilómetros de ruta y ocho escuelas que no vamos a construir en la provincia".
El artículo 1 del proyecto que tuvo luz verde declarará la “necesidad de abordar el análisis del régimen previsional”, algo muy diferente al texto que se aprobó en el Senado. A su vez, dice que se debe garantizar “la permanencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en la órbita del Estado Provincial y su carácter solidario”.
Los gremios sostienen que no hay argumentos válidos para encarar una reforma y entienden que el Ejecutivo busca subir la edad jubilatoria y el aumento de la alícuota del aporte, que hoy está en 14% del salario. Si bien el mandatario manifestó que no le va "a sacar derechos a ningún trabajador, y que "es una injusticia que quienes no son empleados públicos sostengan el sistema”, resulta que, los posibles cambios perjudicarán a los jubilados y a los trabajadores que están por llegar a los años necesarios para acceder a una pensión.
Gremios repudian la reforma previsional que impulsa el gobierno de Santa Fe
Los gremios ya habían manifestado su rechazo a la discusión cuando la conformación de la comisión era apenas un rumor y, este jueves, ratificaron su posición con una movilización y protesta en la Legislatura.
El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, evaluó la situación y sostuvo que, desde el gremio, no coinciden "con el análisis que se hace, de que es necesario reformar el sistema jubilatorio porque es un déficit momentáneo por los fondos que el Estado nacional" le debe a las provincias.
En diálogo con Rosario/12, Alonso criticó al gobierno provincial y afirmó que "no debe ajustar a los trabajadores, sino exigirle a Nación que cumpla con la ley y que transfiera los recursos". Además, el dirigente gremial recordó las responsabilidades del Estado santafesino sobre la caja. “Tiene que garantizar derechos no solamente a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo, sino también a la jubilación. Acá nos quieren poner en discusión eso con un supuesto déficit, que no deja de ser un 3,90% del presupuesto", detalló.
A pesar de que la Provincia se encuentra en crisis por el recorte de transferencias discrecionales por parte del Gobierno de Javier Milei, Pullaro festejó la sanción de la Ley Bases como "positiva" para las economías regionales. Para hacerle frente a preocupante situación y que los números le cierren, el Gobernador impulsó una política de ajuste similar a Milei basada en "austeridad y orden": recesión, despidos masivos tanto del sector estatal como del privado, destrucción de salarios, y, en este caso, una Caja de Jubilaciones que se encuentra en el centro de una política de confiscación de los ingresos populares.
En un tono más bajo, Leandro Goldsack, secretario general de Siprus, muestra bastantes coincidencias con el sector docente. “Apuntamos a la negativa de la reforma por el contexto y por quiénes son los actores que están pretendiendo reformar. Si estuviéramos en un momento de ampliación de derechos, diría que reformemos la caja, pero estamos en un momento de restricción de derechos”, manifestó el dirigente gremial del personal de la salud.
Los trabajadores estatales santafesinos activos realizan un aporte del 14,5 por ciento sin diferencias por sueldo. A los policías, que tienen un régimen especial que les permite jubilarse a los 50 años, les descuentan el 16,5 por ciento. En tanto, ATE también ponen reparos, dicen desconocer cuál es el plan que tiene el gobierno y que no aceptarán “retrocesos en materias de derechos”.
El secretario de Acción Política de ATE, Jorge Hoffmann, es cauteloso respecto a la discusión: “No sabemos de qué se trata la reforma. Son solo suposiciones o comentarios, pero ninguna información real respecto a lo que se debe modificar”. Sin embargo, marcó un límite y dijo que “lo que resultaría no tolerable es cualquier reforma que implique un retroceso en los ingresos”.
Por otra parte, en todos los gremios hay una coincidencia en reclamarle a Nación la deuda que tiene con el territorio santafesino. “Estamos discutiendo sobre la nada, se pone el problema del déficit, pero podemos llegar a olvidarnos de que el gobierno nacional no aporta”, aseguró Hoffmann.
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