Ni bien el Congreso terminó de aprobar la nueva ley de movilidad jubilatoria la semana pasada, el presidente Javier Milei anunció que firmaría un veto total a la recomposición de los ingresos de los adultos mayores que apoyó casi toda la oposición. Sin embargo, ahora el mandatario analiza dar marcha atrás ya que su Gobierno negocia con parte de la oposición para hacer un veto parcial y evitar un nuevo rechazo del Poder Legislativo. Eso sí, si no lo consigue, ya tiene un plan B.
El comunicado de Presidencia apenas se aprobó la ley en el Senado fue clara: veto total. De hecho, su portavoz, Manuel Adorni, afirmó este lunes: “El Presidente ya lo dijo, la idea del Presidente es que el veto sea total. La decisión está tomada”. Pero en secreto se está tomando otro camino. Una persona clave del Gobierno en la toma de decisiones le reveló a El Destape que el "veto total puede cambiar a parcial".
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"El veto parcial hay que ver. Está cuasi total que es parcial. Está la posibilidad", contó esta fuente de la mesa chica presidencial a El Destape. Y confirmó que hay negociaciones con diversos sectores de la oposición. "Hasta que no esté firmado el veto, se negocia", agregó a este portal.
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La oposición en el Congreso ya avisó: "Si el veto es total, el rechazo será total". Desde diversos sectores ya dan por hecho de que están los votos para rechazar el veto. Para ello se necesitan dos tercios en ambas cámaras. El Gobierno sabe que si fracasa esta última negociación va a un contraveto del Congreso, que encima puede exhibir sus dos tercios contra el Gobierno en Diputados y Senado. Una alarma para Milei mientras ya se debate en algunos sectores un juicio político al Presidente.
Milei ya tiene pensado un plan B
En la Casa Rosada, sin embargo, hay una plan B contra el contraveto y es la judicialización. Los abogados del Estado ya trabajan en esa opción e ir a la Justicia apenas se rechace el veto. Si prosperan las negociaciones con la oposición y hay veto parcial, la idea del Gobierno es el planteo inicial que había acordado con un sector del PRO: aprobar gran parte de la ley y rechazar tres artículos especiales. Se trata de los artículos 2, 4 y 10. Es decir: las cajas previsionales que le reclamaban los gobernadores, el RIPTE y los haberes mínimos.
El proyecto aprobado tiene una fórmula de movilidad que no depende sólo de la inflación sino que también es por los salarios. En caso de que el índice de inflación quedara por debajo del de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales, los jubilados recibirían el 50% de esa diferencia a través de un ajuste semestral.
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Por otro lado, está el financiamiento de Nación a las cajas previsionales provinciales sobre el reparto de fondos para el pago de las jubilaciones y pensiones de empleados públicos de provincias y municipios. Y finalmente Milei quiere vetar que la norma dispone que el haber mínimo no podrá ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto, lo que equivale a $ 321.600. Son 15 mil pesos más que el monto de junio, por ejemplo.
A Milei le corre el reloj ya que tiene 10 días hábiles para decidir qué hace. Y ya pasaron dos. La semana próxima deberá estar resuelta la historia.
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