La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que se anuló la intervención del Unión del Personal de Seguridad (Upsra), ocurrida durante la presidencia de Mauricio Macri. A cargo de la intervención estuvieron a los ex ministros de Trabajo Jorge Triaca y de Producción Dante Sica.
El fallo del máximo tribunal, con la firma de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, señaló que no había una situación de acefalía que justificara la intervención del gremio comandado por Ángel García. En ese sentido, cuestionaron la decisión de imponer un "delegado normalizador" con "facultades administrativas y ejecutivas" para comandar la entidad.
La decisión judicial, que también alcanza a los interventores designados por el gobierno de Cambiemos, reafirma los principios de libertad sindical consagrados por los tratados internacionales y condena la intromisión en la vida institucional de la organizaciones gremiales.
"En función de la competencia material, resulta indudable que la materia implicada en el recurso directo deducido por el sindicato actor es exclusiva del fuero nacional del trabajo", indicó el fallo.
Ante este escenario, el fallo sienta un precedente ante la justicia de que no puede haber una intervención del gobierno. justificada y sin pruebas fehacientes. Además, los ministros y los interventores son susceptibles de acciones penales por parte de la conducción del gremio.
Este fallo de la Corte es el primero que indaga sobre las más de una decena de intervenciones a sindicatos durante el gobierno macrista. Cabe recordar que durante la gestión de Macri se dio la denominada "Gestapo antisindical", en la que se promovió el armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales.
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En 2019, la Cámara Federal porteña reabrió una investigación contra el exministro de Trabajo Jorge Triaca acusado por defraudación del orden de los 15 millones de pesos mensuales a lo largo de un período de entre uno y dos años contra el sindicato Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), cuya intervención dispuso el gobierno nacional en 2016.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia hicieron lugar a un recurso de apelación que había presentado el fiscal federal Guillermo Marijuan contra la decisión del juez de primera instancia Sebastián Ramos, quien había dispuesto el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito e imposibilidad de proceder con la investigación.
En 2018, el programa ADN Recargado mostró un cámara oculta en la que se puede ver al chofer personal de Triaca retirando de paquetes de dinero de la caja fuerte del gremio de vigiladores privados.
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