Qué es la Ley de Fuego que quiere derogar Javier Milei: los puntos más importantes, según un experto

El gobierno de Javier Milei incluyó en la Ley Bases de principios de año sus intenciones de derogar la Ley del Manejo del Fuego, que permite el monitoreo y acción sobre incendios forestales en todo el país. De qué se trata y todo lo que hay que tener en cuenta.

24 de septiembre, 2024 | 14.45

“Es una violación a la propiedad privada”. Esa es la definición que resuena entre las filas del oficialismo al hablar de la Ley del Manejo del Fuego, la que el presidente Javier Milei y su equipo quieren reformar. La explicación que dan es simple: “afecta negativamente a los propietarios”.

La Ley del Manejo del Fuego es una legislación promulgada en enero de 2013 que fijó la disposición de partidas presupuestarias anuales para el combate de incendios forestales en todo el territorio nacional. En 2020 tuvo una reforma en algunos artículos para ampliar la protección de los ecosistemas, prohibiendo por 60 años la realización de modificaciones en el uso de superficies afectadas por incendios forestales intencionales o accidentales, en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales. Y lo mismo, pero por 30 años, para zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ley del Fuego y el DNU de Milei: qué objetivos tiene el Presidente

El Oficialismo pretende dar marcha atrás con las reformas que se le hicieron a esta misma ley hace cuatro años, durante el primer año de gestión del expresidente Alberto Fernández. Y esta decisión parte de lo dicho al principio: consideran que representa un entrometimiento del Estado sobre la propiedad privada. Con la sanción de la Ley Bases se eliminó el fideicomiso para la administración del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, además la subejecución del actual presupuesto que se tiene para combatir dichos eventos. 

En el Valle de Punilla ya se quemaron más de 16.000 hectáreas y desde el gobierno cordobés anunciaron que “se presentarán como querellantes en la investigación que buscará determinar las causas del fuego”. Según se pudo saber en estos últimos días, los vecinos de las áreas afectadas en Córdoba reclaman la presencia del Estado Nacional, el cual hasta junio de 2024, sólo había ejecutado un poco más del 25% del presupuesto.  

El fuego en el Valle de Punilla, en Córdoba, no cesa y los vecinos piden la intervención del Estado nacional.

¿Qué regula la Ley del Manejo del Fuego?

De por sí, la Ley del Manejo del Fuego lo que hace es ejecutar de los presupuestos anuales para la activación de lo que es el Sistema del Manejo del Fuego, la herramienta que tiene el Estado nacional para monitorear y combatir los incendios forestales en todo el país, la cual es una dependencia que corresponde directamente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, bajo tutela de la Vicejefatura de Gabinete.  

¿Qué es el Sistema del Manejo del Fuego y cómo trabaja?

“Su actividad principal es la comunicación permanente con las provincias y con las coordinaciones regionales para el control del fuego. Es un complemento que acompaña y contiene a las provincias, aunque no tiene un grado de autoridad formal”, explicó el ingeniero Jorge Heider, titular del área del Sistema del Fuego, consultado por El Destape.

“Las coordinaciones están conformadas por las regiones provinciales de la Argentina” (NEA, NOA, Centro, Patagonia y Cuyo). Hay un ida y vuelta permanente entre todos los niveles, quienes elaboran menús constantes que incluyen mapeos que centralizan la información acerca del estado de situación de los distintos fuegos”, detalló el funcionario.  

Jorge Heider, el titular del Sistema del Manejo del Fuego.

Asimismo, Heider resaltó la importancia de sostener el esquema nacional, dado que los focos de incendio ya no son siempre intencionales. "Hasta hace un tiempo, coincidíamos en que los incendios eran provocados intencionalmente con segundas intenciones. Sin embargo, actualmente tenemos casos de incendios causados por rayos de tormenta". En otras palabras, por la propia naturaleza. "Por esta razón, es fundamental priorizar y apoyar los esquemas provinciales de combate de incendios por encima de todo", explicó.

Con la derogación de la ley, lo que sucederá es que se perderá el monitoreo nacional de los focos de incendios. Lo cual imposibilitará la acción de intervención del Estado ante estas catástrofes.

Presupuesto 2025: qué lugar ocupa la prevención de incendios forestales dentro de las prioridades del gobierno de Milei

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 destinará $28.603 millones para la prevención y protección ambiental frente a incendios, lo que representa menos del 0,025% del total del Producto Bruto Interno (PBI). En términos reales, si se compara con los fondos asignados para el manejo del fuego en 2024, el nuevo presupuesto muestra un aumento del 46%. Sin embargo, tras analizar las metas físicas y las políticas preventivas, este incremento sigue siendo insuficiente.

Asimismo, el presupuesto del próximo año proyecta capacitar a 1.700 agentes y equipar a 12 brigadas para combatir incendios. Si se lo compara con los objetivos cumplidos con años anteriores hay una importante caída. “Entre el 2021 y el 2022 hemos podido capacitar a más de 4.000 agentes nuevos que ya quedaron automáticamente a disposición del Servicio Nacional”, explicó Heider.

Derogar la ley: qué propone el Oficialismo, punto por punto

De acuerdo al proyecto de derogación presentado en la Cámara de Diputados por el legislador oficialista Beltrán Benedit, la Ley del Manejo del Fuego “no sólo no ha logrado alcanzar los objetivos que se planteó en su origen, sino que retrasó la recuperación de las tierras que pretendía proteger, cercenando derechos de las provincias y de los particulares”.

Beltrán Benedit, el diputado oficialista que busca la derogación de la Ley del Fuego.

Además, Benedit asegura que la ley vigente “es inconstitucional”, dado que “avasalla competencias provinciales y vacía de contenido al derecho de propiedad”, reglamentando “de forma irrazonable e injustificada ese derecho”. “La ley vigente no tiene utilidad alguna dado que no resuelve el problema, además de que sólo busca culpables, pone por delante prejuicios y persecuciones ideológicas, y nos alejan del objetivo del desarrollo integral y equilibrado desde lo ambiental, económico, y social de una Argentina que queremos construir bajo los valores republicanos de la vida, la libertad y la propiedad”, concluyó.