Otro 20 de diciembre, los mismos de siempre

Otro 20 de diciembre, 22 años más tarde, las cacerolas volvieron a tomar las calles. Diez días le bastaron al presidente Javier Milei para agotar su crédito con buena parte de la clase media en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otras localidades del país. La declaración de excepción en forma de un mega DNU que trastoca la vida de los 47 millones de argentinos en favor de un puñado de empresas y personas poderosas fue demasiado para el contrato electoral de alguien que había sido elegido para acabar con los privilegios de la casta. Ahora deberá recalcular o doblar la apuesta, con el riesgo que eso conlleva.

La jornada comenzó con un operativo de seguridad al borde del estado de derecho: escenas distópicas de policías abordando colectivos para controlar a los pasajeros y mensajes amenazando por los altoparlantes de las estaciones de tren a las personas que decidieran cortar la calle para protestar. Y terminó con las principales avenidas de la capital repletas de miles de vecinos que salieron espontáneamente a protestar hasta altas horas de la madrugada  sin que las fuerzas de seguridad pudieran o quisieran hacer nada al respecto. El plan Bullrich volvió a fracasar, esta vez en tiempo récord.

Los cacerolazos confluyeron en el Congreso de la Nación, en un mensaje claro a los representantes políticos del pueblo: a partir de esta mañana su tarea es frenar el embate autócrata del Poder Ejecutivo y proteger de sus esquirlas a la población. Se trata, quizás, de la última chance que tenga la clase política de volver a conectar con una sociedad que votó hace pocas semanas en castigo a quienes la representaron los últimos años y ahora, rápidamente, rechaza también al instrumento que eligió para castigar. Diputados y senadores recibieron ayer un mandato contundente. Quien quiera oir que oiga.

El DNU debe frenarse. Arrasa con la división de poderes, sienta un precedente grave en términos de seguridad jurídica e incluye entre sus cláusulas disposiciones penosas que hacen retroceder varias décadas el cuerpo normativo argentino, además de beneficiar, prácticamente con nombre y apellido, a unas pocas corporaciones en detrimento de la enorme mayoría de los argentinos. Dependerá en buena medida de que se sostenga la movilización popular pero también de que otras instancias de articulación, como los sindicatos y los partidos políticos, estén a la altura de las circunstancias. Es ahora o demasiado tarde.

Quedará para después evaluar el costo que esto infringe en un gobierno que todavía tiene demasiado por delante. Milei ha cometido uno de los peores delitos que puede cometer un presidente, de acuerdo a la propia Constitución Nacional: asumir "facultades extraordinarias, la suma del poder público o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced del gobierno o de una persona". “Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Se ha llegado hasta este punto por obra de figuras que ya le han hecho un daño inmenso al país en otras ocasiones: responsables de aquel 20 de diciembre, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, son coautores intelectuales de este. Si están nuevamente en posición de hacerlo es por la impunidad que les permitió sortear cualquier tipo de castigo. Para que la historia no vuelva a repetirse, la sociedad argentina deberá abocarse, en paralelo a la reconstrucción del país, a la tarea de dar castigo ejemplar (dentro de la ley todo, fuera de la ley nada) a quienes nos arrojaron a la ruina una y otra vez.

Como se dijo tantas veces en esta campaña: una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.