Miles de despedidos sin indemnización por acefalía en un área clave de Trabajo

La pérdida de un empleo puede no ser la peor noticia para un trabajador en plena depresión económica libertaria: miles de despidos y acuerdos de retiro voluntario permanecen sin homologar por parte de la Secretaría de Trabajo por falencias burocráticas, lo que frena o hace peligrar el cobro de las indemnizaciones correspondientes. Los cambios de funcionarios y la falta de un nombramiento clave en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio (Seclo), a donde se formalizan desvinculaciones en teoría acordadas entre empleadores y asalariados, mantienen esa área virtualmente paralizada desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

En lo que va de la administración de La Libertad Avanza fue nombrado un director a cargo del Seclo, pero apenas había alcanzado a firmar algunos expedientes cuando fue desplazado junto a Omar Yasín, el primer secretario de Trabajo. Pablo Martín Palacios Anchorena, un abogado afín al exsubsecretario Horacio Pitrau, con quien había compartido gestión en la cartera laboral en el gobierno de Mauricio Macri, había sido designado al frente del sector recién el 19 de abril, un mes después del despido de Yasín, y sólo para que desagotara parte de los trámites acumulados. Desde entonces el Seclo continúa acéfalo y a la espera del nombramiento de un funcionario de carrera y perfil técnico, admitieron a El Destape en Trabajo.

El Servicio data de 1996 y fue creado bajo el paraguas de la flexibilización laboral de Carlos Menem como un mecanismo para evitar los juicios de trabajadores contra sus empleadores. Se ideó para encarrilar negociaciones individuales diferentes de las colectivas que llevan adelante los sindicatos y las comisiones internas. En los hechos terminó por convertirse en una auxilio de las oficinas de personal de las empresas para ejecutar despidos encubiertos.

La mecánica implica, por regla general, que el empleador le comunica al trabajador su decisión de prescindir de sus servicios y le ofrece hacerlo de manera supuestamente acordada, sin mediar el despido, y con un arreglo económico a ser homologado por el Seclo. La modalidad exime al empleado de un despido en su legajo y le brinda a la empresa mayores garantías contra la litigiosidad que la cesantía habitual contemplada en la ley de Contrato de Trabajo.

El área tramita un promedio de 200 acuerdos diarios, tanto individuales como pluriindividuales. Es decir que si una empresa busca desprenderse de varios trabajadores al mismo tiempo con el uso de "retiros voluntarios" puede valerse de un sólo expediente. Los desplazamientos de Pitrau primero y de Yasín después paralizaron por completo la operatividad del Seclo. Y el nombramiento fugaz de Palacios Anchorena se concretó al sólo efecto de descomprimir un estimativo de 6 mil expedientes sin firma acumulados hasta el 5 de abril. Desde ese día se estima que no menos de 3 mil acuerdos aguardan su formalización.

Aunque las empresas tienen la potestad de pagar los acuerdos económicos en cualquier caso, la falta de firma en el Seclo sirve tanto de excusa para demorar su ejecución como también de argumento legal para no hacerlo: las oficinas de personal temen que sin homologación el trabajador pueda acudir a la Justicia y entablar una demanda laboral luego de percibir su reparación.

No es la primera vez que la cartera laboral de los libertarios se caracteriza por la ausencia de homologaciones. Lo hicieron como política de Estado tanto Yasín como el actual secretario de Trabajo, Julio Cordero, en el arranque de su gestión, y a pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, como un mecanismo para acorralar a los sindicatos que no se hubieran allanado a las pautas oficiales de aumentos salariales en sus paritarias con incrementos por encima de la inflación. Por esa vía el Gobierno se aseguraba de complicar el cobro de acuerdos y pavimentaba eventuales acuerdos con los gremios como el que selló Camioneros, que terminó por firmar la misma suba salarial de bolsillo con sus cámaras patronales pero con cambios estéticos para que pareciera menor.

En el caso del Seclo, en cambio, lejos de oficiar como una acción deliberada la falta de firmas complica tanto a trabajadores como empleadores. La queja de empresas y oficinas de personal escaló hasta el Colegio Público de Abogados, que envió una nota a la Secretaría de Trabajo para protestar por las demoras en la validación de los expedientes. La semana pasada el director de Fiscalización de la cartera laboral, Esteban Juanche, recibió a autoridades de esa entidad y les prometió que se agilizaría la firma de los acuerdos pendientes, algo que hasta hoy no había sucedido.