Las demandas en contra del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 del Gobierno nacional se siguen multiplicando en la Justicia. En esta ocasión, la presentación es contra la eliminación de la Ley 26.737 de Tierras, aprobada en 2011, que pone límite a la extranjerización del territorio argentino. La legisladora Magdalena Odarda, que encabezó el recurso junto con organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas, representantes gremiales y dirigentes políticos de la provincia, alertó sobre la afectación sobre la seguridad de las fronteras, de la soberanía nacional, los recursos y bienes naturales comunes, así como los derechos de las comunidades indígenas.
"Esta es la primera acción judicial presentada en los tribunales federales de Río Negro, encontrándonos legitimados para exigir la intervención de la Justicia en defensa de la legalidad constitucional", sostuvo Odarda en un comunicado.
La legisladora provincial del bloque Vamos Con Todos de Río Negro, manifestó que la presentación es contra la medida presidencial que desregula la economía y específicamente contra el artículo 154 que "deroga sin necesidad ni urgencia justificada" la Ley de Tierras Rurales.
La ley 26.737, vigente hasta este viernes -mientras se espera la definición por parte de la Comisión Bicameral en el Congreso y de los más de 20 amparos judiciales-, establece el límite de 15% de tierras en manos de extranjeros con fines adicionales como la protección de recursos estratégicos no renovables y la seguridad alimentaria e hídrica del país. Además, un mismo titular extranjero no puede superar el 30 por ciento de ese porcentual ni tampoco las 1000 hectáreas y, entre otras cosas, prohíbe “la venta a extranjeros" de tierras "que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes" como ser mares, ríos, arroyos, lagos, humedales, lagunas, esteros glaciares, acuíferos.
En un comunicado, la legisladora ratificó la importancia del escrito "cuando los derechos conculcados se relacionan con la defensa y soberanía nacional, con el respeto al ambiente y con los derechos humanos de los pueblos indígenas". En la acción presentada, solicitaron la declaración de "inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable" del artículo 154 del DNU, así como de toda normativa o acto derivado o dictado en cumplimiento del mismo.
Según dijeron, la eliminación de la ley afectaría "la soberanía nacional al comprometer la regulación de la titularidad de tierras rurales, consideradas recursos estratégicos esenciales para la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural, y la identidad de nuestra nación".
"El DNU de desregulación de la economía, incumple la forma republicana de Gobierno; pretende interferir en legislación protectora de la seguridad de nuestras fronteras; afectar la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales y bienes naturales comunes, así como poner en jaque los derechos de nuestros pueblos originarios sobre sus territorios ancestrales", detalló Ordada.
Además, "carece de fundamentación que acredite la 'necesidad y urgencia' para la derogación de la Ley de Tierras".
Con información de Télam
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