Cuatro de los seis gobernadores que no fueron a Tucumán a firmar el Pacto de Mayo -Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y Sergio Ziliotto (La Pampa)- y el santiagueño Gerardo Zamora se reunieron con sindicatos industriales en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) en el marco de la Confederación de Sindicatos de la Industria de la República Argentina (CSIRA). Durante el encuentro presentaron un duro documento en el que dieron cuenta de la situación de la industria argentina y de la pérdida de empleo.
Según pudo averiguar El Destape, el encuentro tuvo como objetivo mostrar un “trazado de un vínculo de articulación conjunta con los gobernadores por el desarrollo, producción y trabajo” como modelo productivo. Además los dirigentes peronistas coincidieron en que “no adhieren a la matriz que propone el gobierno de Javier Milei”.
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El encuentro fue en la sede de SMATA en la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Ricardo Pignanelli. De la CSIRA estuvieron Abel Furlán, de la UOM, los gremios textiles, del calzado y otros del ámbito industrial, todas actividades alcanzadas por las desregulación de los mercados y la apertura de las importaciones.
"Sin industria no hay empleo", el duro documento sobre la situación de la industria argentina
Durante el encuentro presentaron los resultados de la segunda encuesta realizada a las organizaciones sindicales miembro de CSIRA en el que dieron cuenta de la situación de la industria y de las empresas argentinas. Entre ellas, señalaron que el total de empresas con trabajadores nucleados por la entidad son 61.728, que están divididas en 18 sectores. De ellas, el 90% indicó que la situación económica de las empresas "ha empeorado".
Además, manifestaron su repudio al DNU 70/20, a la Ley Bases, al Pacto Fiscal y "muy particularmente" al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que, consideraron, llevan al país a una "acelerada disminución de la actividad industrial" con inmediato impacto en las Pymes. Sobre ellos, señalaron, "se proyecta una regresiva primarización extractivista de nuestros recursos naturales. Sin industrialización para la producción en origen, sin desarrollo de las cadenas de valor ni trabajo calificado".
A continuación algunos de los datos duros que presentaron:
- El 90% de las organizaciones indicaron que la situación económica de las empresas ha empeorado.
- El 65% declararon que la caída de las ventas supera el 15%.
- El 40% de las empresas señala que utilizan 6 de cada 10 máquinas o menos.
- El 50% manifiesta un incremento de más del 30% de sus costos como consecuencia del aumento de tarifas.
- Cumplimiento de las obligaciones: solo el 56% de las empresas puede abonar a sus trabajadores en las fechas establecidas.
- El 38 % de las empresas se ve obligada a dividir los pagos durante el mes.
- El 95% considera que en los próximos 6 meses la situación estará mucho peor o moderadamente peor.
- El 65% indica que a partir de la sanción de la Ley Bases el funcionamiento empeorará, un 20% que seguirá igual y un 15% no contestó.
- Impacto sobre los trabajadores: el 80% de las empresas han despedido trabajadores, mientras que, solo el 20% revela no haber sufrido despidos desde diciembre a la actualidad.
- El 60% de los encuestados señala que sus trabajadores sufrieron algún tipo de suspensión o licenciamiento en sus trabajos: esta cifra duplica al 34.4% relevado en mayo. En cuanto a adelanto de vacaciones, en el mes de julio se relevó esta operatoria en el 65% de las empresas.
- Retiros voluntarios: el 80% de las empresas ha implementado esta operatoria, lo que supera el 56.5% de lo relevado en mayo.
- Se computa recortes en horas extra en el 90% de las empresas. Lo que significa un recorte del 30% de las horas extras en los trabajadores.
Entre las conclusiones, especificaron: "Lo que se ha verificado en el primer semestre es una disminución de la producción, una caída de las manufacturas de origen industrial, despidos laborales, suspensiones, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, recortes de horas extra, disminución de actividades y una tendiente precarización laboral, razón por la cual la pretendida modernización laboral que impulsa el actual gobierno se sostiene sobre un ostensible falseamiento de la realidad". Para los industriales estas medidas que impulsa el gobierno ultraderechista, "ya fracasaron en el pasado generando la desintegración de nuestro entramado industrial", por eso, sostuvieron que "Sin industria no hay empleo, sin desarrollo de la investigación y promoción de las políticas industriales no hay futuro".