El Gobierno llevó a cabo la semana pasada la primera intervención a una obra social en lo que va de la gestión de Javier Milei. Para ejecutar esta acción, que Mauricio Macri convirtió en una costumbre en su mandato para hacerse de estructuras y recursos financieros de los gremios y que ya puso en alerta a la CGT, el Ejecutivo nombró a un exfuncionario que había sido echado por sospechas de gestiones irregulares en la misma área que ahora deberá administrar. Se trata de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (Ospif), intervenida el 21 de mayo por la resolución 663 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) con la firma de su titular, Gabriel Oriolo, a la que tuvo acceso El Destape. La entidad recibe al mes unos 350 millones de pesos entre aportes directos, subsidios y reintegros.
La normativa nombró como administrador provisorio al abogado Mariano Luis Negro, de larga trayectoria en la SSS hasta su despido en la gestión de Alberto Fernández cuando el funcionario a cargo entonces del área, Daniel López, le achacó un proceder irregular a favor de la prestadora Ética Salud, sindicada por traspasos fraudulentos de afiliados de varias obras sociales, entre ellas la del Fósforo. En las áreas de salud calculan que sólo a través de Ospif, que pertenece a un sindicato muy menor y cuyo último secretario general, Clay Eloy Jara Toledo, murió en enero, Ética Salud se hizo de al menos 50 mil afiliados. Para dimensionar el volumen de la maniobra fraudulenta, la SSS reconoce como "población real" de Ospif a 38.563 afiliados.
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Negro volvió a la función pública hace una semana de la mano de Claudio Stivelman, verdadero hombre fuerte de la SSS y alineado con Mario Lugones, el mandamás en los hechos de todos los rubros de Salud del Ejecutivo. El interventor llegó a ser en el gobierno de Alberto Fernández el gerente de la estratégica área de los subsidios SUR (sistema único por reintegro), principal herramienta financiera en el toma y daca entre los gobiernos y los gremios con prestadoras propias. El responsable de aquel ascenso en 2020 había sido el fallecido Eugenio Zannarini, quien a los pocos meses le perdió confianza y lo degradó a un área de defensa de los beneficiarios. Pero incluso en ese sector Negro fue sindicado como supuesto facilitador a favor de Ética Salud, lo que determinó su despido del organismo.
La operatoria que determinó el despido de Negro fue la misma que argumentó a favor de su arribo al frente de la administración provisoria del a Ospif. Es que la entidad de salud del gremio del fósforo, con auditorías que dan cuenta de marcadas falencias en sus prestaciones e incumplimientos en los contratos con sus proveedores, permanece inhibida desde hace más de dos años para recibir traspasos tras la detección de irregularidades. La más frecuente de ellas, la desregulación a favor de Ética Salud, una prestadora que se presentaba como prepaga y que también recibía afiliados de otras obras sociales como la de vareadores y la de obreros textiles. También recibía caudal de afiliados entre monotributistas y monotributistas sociales.
Los controles internos establecieron que buena parte de esos traspasos se había llevado a cabo de manera fraudulenta, sin conocimiento de los propios afiliados. Las sospechas recayeron en áreas de la SSS con acceso a padrones de beneficiarios que fueran pasibles de ser derivados a otras prestadoras sin mayor ruido. En medio de esa investigación, y cuando ya había sido relegado a un área menos crítica, Negro intercedió para que se le facilitara a Ética Salud la renovación de su registro de red prestacional. Allí López lo cesanteó. Entre las irregularidades que hallaron las auditorías estuvo el traspaso en apenas un mes de 19 mil afiliados provenientes de Vareadores. Mientras que Ospif en un plazo mayor le había derivado alrededor de 50 mil clientes.
Para argumentar a favor de una administración provisoria la SSS destacó en la resolución la falta de presentación de libros contables y "absoluto desinterés en dar cumplimiento a la normativa vigente" por parte de las autoridades anteriores de Osfip, imposibilidad de garantizar "la cobertura de salud a la totalidad de los beneficiarios", carencias en las prestaciones a discapacitados y ausencia de un equipo interdisciplinario para atender sus requerimientos y omisiones en el control interno de pagos a los prestadores. También, ausencia de director médico y omisión desde 2021 en la presentación de cartilla médica y Plan Médico Asistencial, programas de prevención y campañas de vacunación. De hecho la Osfip ni siquiera había comunicado a la SSS la muerte de Toledo Jara y el nombramiento de reemplazantes.
Anoticiada de la intervención la CGT encendió las alarmas. Es que esa modalidad fue moneda corriente en el gobierno de Mauricio Macri en una docena de casos con el desplazamiento de autoridades en sindicatos y obras sociales para ubicar al frente a dirigentes de confianza del entonces mandatario. En general aquella maniobra se concretaba mediante un fallo judicial del fuero federal que convalidaba la intervención. El caso más paradigmático fue el del gremio de marítimos SOMU, adonde el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se hizo del control financiero y estructural y ponerlo al servicio de aquella gestión. José Luis Lingeri, de la mesa chica de la CGT, le confimó a este medio que pidió informes a la SSS sobre la intervención.
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