El decreto presidencial de Javier Milei para reglamentar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales se publicará a principios de semana. El Destape accedió en exclusivo al detalle de la medida que ampliará el alcance del mega DNU con el que el Presidente inauguró su paquete de desregulación en diciembre.
Los cambios podrían ser anunciados el lunes. Intervinieron en la reglamentación la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ministerio de Salud y la mesa política integrada por el jefe de Gabinete Nicolás Posse, el asesor de máxima confianza de Javier Milei Santiago Caputo y su par no oficializado Federico Sturzzeneguer, cerebro de la medida.
El objetivo manifiesto es dar “libertad de elección a los beneficiarios” e impulsar “la libre competencia entre Obras Sociales y Prepagas”, en una búsqueda declarada por desfinanciar al sistema de salud de aporte sindical.
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Desde abril los trabajadores podrán elegir entre las Obras Sociales o cualquier prepaga. Además, se elimina la obligación de permanecer por un año en la Obra Social de cada actividad al ingresar a un nuevo empleo en relación de dependencia.
El punto central es la eliminación de la intermediación existente cuando el beneficiario realiza la derivación de aportes. En el Gobierno apuntan a reducir drásticamente de esta manera la cantidad de afiliados a las obras sociales y a terminar con las comisiones por la intermediación. Las acusan de ser “sellos de goma” sin conocer la variedad de servicios, prestaciones que ofrecen ni la infraestructura con la que cuentan.
La principal diferencia entre las obras sociales y las prepagas radica en que las OS constituyen un sistema solidario donde los trabajadores aportan a un fondo común administrado por los sindicatos. La contribución que se descuenta del sueldo es de 9%.
En paralelo, la administración de Milei benefició a las prepagas mediante la desregulación del precio de sus cuotas. Aumentaron más de 100% en 3 meses.
Entre las especificidades del decreto, se aclara que ella la prepaga podrá realizarse solo una vez al año. Además, las empresas de medicina estarán obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben.
La decisión es un nuevo capítulo en la profundización del enfrentamiento con los sindicatos que esta semana se agudizó aún más con el fracaso del consejo del salario mínimo. Con esta medida se inaugurará una serie de decretos que buscan profundizar lo ya anunciado en el mega DNU y la ley ómnibus.
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